Los consejeros de Sanidad del Partido Popular se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en plena crisis por los cribados de cáncer. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo califica como un boicot a "su propia credibilidad y a su capacidad de dar respuesta a una alarma social". Refiriéndose a la consejera en la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, la ministra se pregunta: "¿Una consejera de Salud no sabe cuáles son los criterios y los indicadores de un programa de cribado? Esto sí que es grave". Habla de una "estrategia incomprensible" e insiste en que el PP "ha sido desleal no solo con el Ministerio, sino con las mujeres que ahora están preocupadas". Mónica García apunta que los datos están a disposición de los ciudadanos y asegura que, si los consejeros del PP "no son capaces de ser transparentes en los programas de cribado del cáncer de mama, cérvix y colon, me tienen que contar qué están ocultando".
Este viernes, Almeida ha reconocido que fue un error apoyar la propuesta de Vox para informar de un supuesto síndrome postaborto, pero ha rechazado declarar nula la medida. "El señor Almeida sigue cavando hacia abajo en su error, no existe ningún "síndrome postaborto" [...] Vemos a un PP que nos quiere hacer retroceder a un mundo en blanco y negro, reaccionario y con argumentos tramposos", asegura en el informativo '24 Horas' de RNE.
En mitad de la crisis de los cribados en Andalucía, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han plantado a la ministra de Sanidad en el Consejo Interterritorial. Mónica García les exige que compartan los datos que tengan sobre estas pruebas.
Los 'populares' acusan al Gobierno de instrumentalizar este órgano y la ministra habla de "boicot".
Foto: Ramón Comet / Europa Press
El aborto es un derecho reconocido en la legislación española, sin embargo, ejercerlo en Melilla resulta imposible porque todos los médicos de la sanidad pública son objetores. De esta forma, en 2024, ninguna mujer interrumpió su embarazo en la ciudad autónoma.
De esta forma, la única alternativa que ofrece el sistema de salud pública es la derivación a la península.
Estas barreras, advierten desde distintas entidades, aumentan la desigualdad territorial y la presión sobre la mujer. María José Ruiz, presidenta de Melilla Feminista, señala que las mujeres enviadas fuera de Melilla "van a una ciudad que no es la suya y todo este estrés se le añade al que ya tienen por tomar una decisión tan importante como abortar".
Desde el organismo encargado de la sanidad en la ciudad, Ingesa, no han autorizado a Televisión Española la entrevista con el jefe de servicio de ginecología en Melilla. Apuntan, que siguen buscando una alternativa que permita a las mujeres abortar en la ciudad autónoma.
Fotografía del Hospital regional de Melilla tomada por Óscar Giménez para Europa Press.
El PP ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumplirá la ley que le obliga a elaborar un registro de objetores de conciencia del aborto, pese al rechazo de ésta a "señalar" a los médicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que estudiarán qué medidas tomar contra ella en caso de incumplir.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que el Gobierno supervisará el cumplimiento del registro de objetores de conciencia al aborto, "con todas las herramientas jurídicas, legales, normativas y administrativas" que tenga a mano para garantizar el cumplimiento de la ley. En el entorno de Ayuso siguen sin dar pistas. Insisten en que protegerán el derecho de esos objetores para que no se les estigmatice. Mientras, Vox acusa al PP de cobardía por quedarse cortos después de que Almeida haya reculado con lo de obligar a los médicos a informar sobre un supuesto síndrome postaborto.
FOTOGRAFÍA: PÉREZ MECA / EP
El cannabis medicinal podrá ser dispensado en hospitales y recetado por especialistas "cuando los tratamientos convencionales no funcionen". El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su uso, que restringe al ámbito hospitalario y no podrá venderse en farmacias. Además, solo podrá recetarse en el caso de dolencias muy específicas. "Estará indicado únicamente para acciones muy concretas, como pacientes que puedan tener dolor crónico, espasticidad, epilepsia o también personas que sufren náuseas y vómitos posteriores a la quimioterapia", ha aclarado la ministra de Sanidad, Mónica García.
García ha asegurado que "esta regulación va a permitir que cuando los tratamientos convencionales no funcionen, tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica y con toda la seguridad para que se pueda recurrir a preparados de cannabis estandarizados con la dosis precisa y la máxima garantía".
Los médicos están llamados a la segunda jornada de huelga este viernes para rechazar el borrador propuesto por el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, cuya negociación ha encallado.
El principal motivo del paro es la reclamación de un Estatuto Marco propio solo para los médicos en el que se contemple una clasificación profesional adecuada, la cotización de las horas de guardia, la conciliación laboral y una reducción horaria semanal.
Los sindicatos convocantes son la Confederación Española de Sindicatos Médicos (ESSM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que cuentan con el respaldo del Foro de la Profesión Médica, la Organización Médica Colegial, y otras organizaciones, que han convocado además concentraciones en toda España.
FOTO: EFE
Las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de negociación del Estatuto Marco del personal sanitario se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad para reclamar mejores condiciones laborales. En '24 Horas de RNE' hablamos con Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: "Llevamos años negociando con los sindicatos, pero no podemos abstraernos de que el Estatuto Marco tiene como uno de sus actores principales a las CC.AA. y no se puede hacer una normativa a espaldas de ellas".
La vicepresidenta del Sector Nacional de Sanidad de CSIF, Sacramento Rodríguez Arroyo, asegura: "Los trabajadores que sostenemos la sanidad pública tienen que mirar por nosotros porque si no la sanidad se hunde". Desde el CSIF añaden que están desmotivados: "Todo esto está conllevando pérdida de profesionales que se están yendo a la privada, se están yendo a otros países y al final, desgraciadamente, todo esto está repercutiendo en nuestras condiciones laborales, en la calidad que aportamos a los ciudadanos y no queremos eso".
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