El Consejo de Ministros celebrado este martes ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Información Clasificada, que ahora será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Este texto pretende sustituir a la Ley de Secretos Oficiales aprobada durante la dictadura franquista (1968) y aún vigente, y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificado, cuando transcurran unos determinados plazos.
En Las mañanas de RNE, hablamos con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, que cree que la ley vigente en la actualidad restringe el derecho a la información, el derecho al acceso a los archivos. "Lo primero que me llama la atención de este anteproyecto de ley, hasta hoy, es que no tenga rango de Ley Orgánica. Creo que hubiera sido prudente que el Gobierno consultara con el Consejo de Estado si, al restringir derechos fundamentales, debería de ser ley orgánica. Con lo cual sabemos que tiene una importancia fundamental en el trámite parlamentario, ya que necesita la mayoría absoluta de votos en el Congreso", aclara el catedrático.
Se introduce en ese anteproyecto un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que irían desde los 30.000 € a los 2 millones y medio de euros, en los casos más graves. También se podría sancionar a periodistas. Ruiz Robledo califica esto de "muy discutible": "Son unas sanciones curiosamente más duras que las que establecía la ley franquista. Aquí podríamos discutir si se mantiene lo que los juristas llamamos el principio de proporcionalidad. Por eso hubiera venido muy bien un informe previo del Consejo de Estado A simple vista, las multas parece excesivas", añade el catedrático. Entrevista completa en RNE Audio.
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