El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que el acuerdo sobre financiación cerrado por los gobiernos catalán y central es "francamente decepcionante" y ha instado al PSOE a "cumplir los pactos" firmados con los republicanos hace un año.
Foto: Enric Fontcuberta/EFE — El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la sede del partido en Barcelona
El juez que investiga la supuesta trama corrupta del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ve delito en que se intercambiara correos electrónicos con altos cargos de Hacienda con información fiscal sensible de personajes públicos. El magistrado considera que estaba autorizado para acceder a la información por su cargo y la actividad desarrollada y que, en cualquier caso, no se divulgó a terceras personas.
Por tanto, rechaza la personación en la causa de su compañero de partido, Rodrigo Rato, del periodista Javier Chicote, que destapó el negocio de Montoro en 2017; y de Juan Carlos Monedero. Todos ellos lo habían solicitado por considerarse víctimas y afectados de la presunta trama.
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que su departamento está estudiando cómo revertir los "privilegios" fiscales que, presuntamente, el exministro del PP Cristóbal Montoro concedió a empresas gasistas tras pagar comisiones a la empresa Equipo Económico, un despacho fundado por él mismo.
Según ha expuesto en una entrevista en Mañaneros 360, actualmente están explorando si las reformas llevadas a cabo "han provocado un descalabro en los ingresos del Estado" y ha reiterado el compromiso del Gobierno de "revertir" aquello que haya beneficiado a grandes empresas, como avanzó el miércoles el presidente Pedro Sánchez.
"Estamos explorando todas la fórmulas, todos los sistemas, para hacer posible ese cambio normativo, impulsarlo y, por tanto, restablecer una normalidad que se alteró por un interés espurio", ha afirmado, y ha aclarado que en ningún caso puede hacerse de forma retroactiva.
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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, han celebrado este jueves que, por primera vez, España supere los 22 millones de ocupados, un nuevo máximo histórico, y que la tasa de paro haya caído hasta el 10,29%, la menor desde 2008. Foto: Eduardo Parra / Europa Press
La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital y diputada del PP Noelia Núñez ha dimitido de todos sus cargos en el partido y ha dejado su acta en el Congreso tras descubrirse que había falseado su currículum y sus estudios. Sobre este asunto, Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, ha declarado: "No es muy honesto dimitir cuando te pillan, lo honesto es no mentir. No es un problema de tener o no estudios, esto demuestra el clasismo del bipartidismo", critica.
Además, Montero ha restado credibilidad al anuncio de Pedro Sánchez sobre revertir los privilegios fiscales que supuestamente otorgó el ministerio de Hacienda a varias empresas mediante reformas durante el Gobierno de Rajoy. "El Gobierno y Sánchez están instalados hace mucho a golpe de titulares, ha salido el escándalo y hace falta alimentarlo", apunta. La exministra de Igualdad asegura que "la legislatura está muerta precisamente porque no hacen propuestas con propósitos".
Respecto a los casos de corrupción que señalan a personalidades del PSOE y el PP afirma que "lo que estamos viendo con Montoro y con Koldo no son fallos del sistema, si no el bipartidismo funcionando a pleno rendimiento" añade que esto hace que independientemente de quien gobierne, ya sea el PP o el PSOE, "siempre manden las grandes empresas". Asegura que eso es lo que ha pasado con el decreto 'antiapagones' y señala la inacción del Gobierno para sancionar a esas empresas y exigirles medidas de respaldo para evitar otro apagón.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado el Gobierno hará un "análisis exhaustivo" sobre cómo revertir los efectos y privilegios que supuestamente han obtenido las empresas investigadas en el ‘caso Montoro’.
Sánchez ha criticado al Partido Popular asegurando que estos ganan por goleada en temas de corrupción y les ha acusado de usar las instituciones de manera arbitraria.
En cuanto al ‘caso Cerdán’, el presidente del Gobierno ha dicho que ahora es el momento de la justicia, aunque asume y admite el desgaste en la labor y en la acción del ejecutivo. Ha asegurado estar tranquilo, con ganas y con las pilas cargadas para recuperar la confianza de los ciudadanos, aunque no ha querido hablar sobre si en septiembre habrá o no crisis de gobierno.
Según ha explicado el Gobierno, que su decreto 'antiapagones' no haya conseguido el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados para salir adelante, no es una muestra de debilidad, sino el resultado del "tacticisimo" de los partidos que votaron en contra.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen ha tachado de "gran irresponsabilidad" el voto en contra de este decreto: "Vimos como tenía un gran consenso social y lo que no ha conseguido es el consenso parlamentario. El gran damnificado aquí es la ciudadanía, no es un Gobierno".
Por su parte, el PP rechaza que se ponga el foco sobre ellos: "Aquí el problema es que la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, la mayoría de legislatura, es una mayoría fallida, truncada. Por lo tanto, todo hace prever que esta legislatura no tiene más futuro".
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Este miércoles se cumplen dos años de las últimas elecciones generales. El PP ganó en votos, pero fue Pedro Sánchez quien logró formar un Gobierno con esa complicada aritmética parlamentaria que le ha obligado a negociar al máximo. Y a esto se han sumado los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente, y una oposición de PP y Vox pidiendo elecciones desde el primer minuto.
No es solo una derrota para el Gobierno, lo es también para las eléctricas y las organizaciones ecologistas.
En un comunicado, la asociación empresarial eólica afirmaba que no había ningún motivo para que no se aprobase y que su contenido era claramente apolítico. Este decreto 'antiapagones' pretendía reforzar la seguridad del suministro y su transparencia, favorecer a las renovables y su almacenamiento. Al no haberse aprobado, se pierden inversiones valoradas en principio en unos 3.000 millones de euros en energía eólica y fotovoltaica, pero podrían llegar a los 200.000 millones.
La gran industria también va a pagar una factura de la luz más cara, entre un 3 y un 12%, porque se pierden bonificaciones.
Las organizaciones ecologistas lamentan que no hayan salido adelante medidas que aceleraban la transición energética e impulsaban del autoconsumo.
De haber salido adelante, la CNMC habría sido la encargada de supervisar cada tres meses la red de tensión y se endurecían las multas a las eléctricas que no la controlasen bien.
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La hora de la 1
Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha estado en Las Mañanas de RNE donde se ha pronunciado sobre la posible trama de corrupción que señala directamente al exministro de Hacienda, al popular Cristóbal Montoro. Tellado coincide con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y afirma que "se investigue todo lo que haya que investigar". El secretario general ha insistido que desde el partido no van "a atacar a los jueces que investigan a Montoro" como, según él, hace el PSOE: "Vamos a ser claros y tajantes, la corrupción es igual de mala y grave tenga el carnet de afiliación política que tenga".
Tellado asegura que "si se confirman los hechos, son tremendamente graves, que se rindan cuentas donde hay que hacerlo". Respecto a las tramas de corrupción que apuntan al partido socialista ha descartado una moción de censura por falta de apoyos y ataca al partido socialista de "atrincherarse en el poder": "Esta legislatura nunca debió producirse, Sánchez debió haber asumido el resultado electoral", una legislatura "fallida y truncada" que, según apunta, no tiene más futuro que el tiempo en el que Sánchez decida.
Este miércoles se cumplen dos años de la victoria del PP en las elecciones generales del 23J. Sin embargo, Pedro Sánchez consiguió, tras pactar con Sumar y el apoyo de sus socios habituales, volver a la Moncloa. Durante estos dos años difíciles, tensos y polarizados, los ataques entre ambos partidos han estado presentes en cada discurso. PP y PSOE solo han llegado a acuerdos puntuales, por ejemplo, para cambiar el término "disminuidos" y para pactar el Poder Judicial.
La legislatura llega a su ecuador sin presupuestos aprobados, en los tribunales y en titulares de prensa los casos de Begoña Goméz, el hermano de Sánchez o el Fiscal general del Estado, además de los escándalos destapados por los audios e informes del caso Koldo - Ábalos- Cerdán, este último en la cárcel de Soto del Real en Madrid. Mientras, los socios aprietan a Sánchez que ve cómo el caso Montoro le da algo de oxígeno.
En el plano internacional, dónde Sánchez se mueve mejor, el Presidente ha tenido tensiones con Venezuela, Estados Unidos, Argentina e Israel.
En estos dos años Sánchez ha lidiado con la tragedia de la dana en Valencia, un apagón nacional o el choque con las autonomías, la mayoría del PP por la financiación singular o el reparto de menores migraciones.
El Consejo de Ministros de este martes 22 ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Información Clasificada, que desclasificará los secretos del franquismo y la Transición. Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, explica que los historiadores necesitan años, décadas, para averiguar los hechos más relevantes del pasado: "Una nueva ley sobre Secretos Oficiales puede cambiar eso", afirma. El historiador explica: "En todos los países del mundo siempre nos encontramos con un problema: los documentos todavía no eran públicos". Y resume que la historia nos deja claras dos cosas: "Los datos eran propiedad del funcionario y había una protección de lo que he llamado las relaciones de poder. Es decir, los documentos que realmente siempre eran de propiedad del funcionario, de la arbitrariedad del regente". Escúchalo en La historia interminable en el informativo '24 horas de RNE'.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de secretos oficiales. Esta permitirá desclasificar documentos reservados del franquismo y la transición. Además, pretende sustituir a la Ley de Secretos Oficiales aprobada en 1968, siendo esta una de las peticiones de algunos de sus socios de investidura.
La nueva Ley de Información Clasificada regula toda la información oficial bajo secreto. Todos los documentos de hace más de 45 años serán públicos automáticamente cuando se apruebe. Por otro lado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comentado que la desclasificación se llevará a cabo "salvo que exista algún motivo para que se mantenga clasificada".
Estos plazos podrían afectar a eventos como el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 (23F) e incluiría documentos del franquismo y la transición. Las informaciones posteriores se irán revelando según su categoría: "Alto secreto, secreto, confidencial y restringido", según ha explicado el ministro Bolaños.
El máximo que un documento podrá estar clasificado son 60 años y no se podrá reservar la información que afecte a violaciones de derechos humanos o a crímenes de lesa humanidad. La reforma de esta ley ha sido una petición histórica del PNV.
Además de regular los plazos, la ley también establece sanciones de hasta 2,5 millones de euros para quienes revelen altos secretos. Tras aprobarse en Consejo de Ministros todavía queda toda la tramitación parlamentaria.
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El Congreso cierra este martes el curso con un pleno que va a ser el último examen parlamentario para el Gobierno. Esta tarde se votarán varias iniciativas impulsadas por PSOE y Sumar, y hay una que está en el aire. Es el llamado decreto 'antiapagones', que depende del PP porque Podemos votará en contra.
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