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"El PP y Vox en la Comunidad Valenciana nos pueden llevar a una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad de la ciudadanía. Es lo que más me preocupa", reconoce Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, en una entrevista en Las mañanas de RNE. Morant cree es insuficiente que Mazón deje la presidencia del PP valenciano: "Mazón es diputado. Cobra todavía como presidente de la Generalitat. Sigue aforado. La ciudadanía pide verdad, justicia y reparación. No habrá ninguna de las tres cosas hasta que Mazón pase por sede judicial para ir a contar qué ocurrió el 29 de octubre".

La ministra reconoce que si en algún momento el PSOE se viera perjudicado, "estudiaría acciones legales" contra Leire Díez: "De momento nuestro partido no está en la causa. Entendemos que de momento debe seguir la vía judicial". Tras los últimos informes de la UCO sobre Santos Cerdán, Morant se muestra decepcionada y añade que "no le representa", ni a ella ni a su partido: "No somos un gobierno de la Kitchen no tenemos por adelantado información por adelantado de los organismos que investigan". Añade la ministra que "se actuó rápidamente" al conocer los informes de la UCO.

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, Morant reconoce que "si en algún momento salpica a mi federación este caso no voy a tener ninguna contemplación en tomar las decisiones que tiene que tomar un partido. A nivel orgánico no hay nada peor que quitarle la militancia a las personas", añade. La dirigente socialista "condena absolutamente" las actuaciones de aquellos que han pertenecido al partido y también del Partido Popular. Respecto a las últimas informaciones y las investigaciones en torno al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la ministra dice que se está trabajando desde la gerencia y el Tribunal de Cuentas para "auditar": "Vamos a mirar muy firmemente y si ha ocurrido algo se pedirá responsabilidad a los autores", añade Morant. Entrevista completa en RNE Audio.

Francisca y Pedro Rico Gómez son nietos del alcalde republicano de Madrid, Pedro Rico, muerto en el exilio y expoliado por la dictadura. Su colección de arte, protegida por la Junta de Incautación de la Segunda República, no fue devuelta por el franquismo. La democracia ha tardado casi 50 años para recuperar los cuadros confiscados por el Ministerio de Cultura. Este mismo mes de noviembre de 2025, los nietos de Pedro Rico acudieron al Museo del Prado para recuperar seis cuadros devueltos por el Ministerio de Cultura. La dictadura también confiscó arte a Ramón de La Sota, empresario industrial afín al PNV. Según un recuento de Cultura por la Ley de Memoria Democrática de 2022, hay más de 5.000 piezas, que fueron incautadas, localizadas en nueve museos estatales. Un reportaje de Íñigo Picabea, periodista de cultura en RNE.

Comienzo de las excavaciones del V Plan de Fosas del Govern de les Illes Balears en el cementerio de Ses Figueretes, en Eivissa / Ibiza. La intervención es llevada a cabo por el equipo Aranzadi-ATICS. Vídeo emitido en el informativo territorial el 18/11/2025.

Foto: EFE/ Sergio G. Cañizares

Puedes descubrir más historias de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo en el especial de RTVE Noticias

El franquismo suprimió toda forma de movimiento obrero durante la dictadura, sometiendo toda forma de reivindicación trabajadora y supeditando su actividad a un único entente: el Sindicato Vertical. Un sindicato tan sólo en nombre, que en realidad reprimía cualquier manifestación pública que se alzase contra las condiciones laborales de la época. Con el paso de los años, desde la clandestinidad se forjaron distintos movimientos que abrazaban el entrismo: la revolución desde dentro.

Este reportaje de Guillermo Hernández, enmarcado en la iniciativa de RTVE #50añosDelGranCambio, encapsula cinco décadas de transformación del movimiento obrero, desde los primeros focos de insumisión profesional frente a la dictadura hasta la consagración de los aparatos sindicales y del derecho a huelga con la aprobación de la Constitución, incluyendo el legado icónico de sindicalistas pioneros como Marcelino Camacho o Nicolás Redondo. Lo hace a través de los testimonios de quienes padecieron la persecución, que recuerdan la amnistía y el exilio de quienes lucharon por los derechos de todos los trabajadores españoles.