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Los exsocios del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, en el banquillo de los acusados.
Los exsocios del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, en el banquillo de los acusados. REUTERS

Torres pide anular el 'caso Nóos' y el tribunal rechaza su petición para que declaren Felipe VI y el rey Juan Carlos

  • Dice que se le requirieron documentos como testigo usados luego para imputarle

  • Su defensa pide de nuevo que declaren "el cuñado" de Urdangarin y "su suegro"

  • El fiscal acusa a Torres de querer convertir el juicio en un 'reality show'

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La defensa del exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, ha solicitado al tribunal que juzga el caso Nóos la nulidad de todo el proceso que ha conducido al juicio por considerar que todo comenzó con la investigación de unos documentos sobre el Instituto Nóos obtenida por el juzgado de instrucción de modo "ilícito", cuando Torres aún no había sido imputado.

Una petición que no ha impedido que horas después, en la sesión de la tarde de esta primera jornada de juicio, dedicada a las cuestiones previas, el abogado de Torres haya solicitado de nuevo que declaren como testigos los reyes Felipe VI y Juan Carlos I, a los que se ha referido como "el cuñado del señor Urdangarin y su suegro".

El tribunal ha rechazado esta petición y el fiscal Pedro Horrach ha acusado a Torres de querer convertir el juicio en un "reality show".

Manuel González Peeters, abogado de Torres, ha planteado en el trámite de cuestiones previas que se han vulnerado derechos fundamentales de su representado porque los documentos sobre las contrataciones de Nóos con administraciones públicas que aportó en 2010 a requerimiento del juez instructor, José Castro, le fueron requeridos como testigo y luego se emplearon para imputarle.

Al entender del letrado, esa circunstancia vicia todas las actuaciones que inició a partir de entonces el juez Castro. "Sobre esa documentación se soporta la totalidad del procedimiento" y Torres la aportó antes de su imputación, lo cual le produce una "manifiesta y proscrita indefensión", ha manifestado González Peeters, que defiende tanto a Torres como a su esposa, Ana María Tejeiro.

Torres se enfrenta a una petición fiscal de 16 años y medio de prisión, que la acusación representada por Manos Limpias eleva a 22 años y medio.

Otras dos causas más de nulidad

Otra causa de nulidad similar se produjo, según ha aducido el letrado, con la documentación tributaria que su cliente aportó en el marco de un procedimiento administrativo de inspección impulsado por la Agencia Tributaria, que finalmente le ha acusado por delito contra la Hacienda Pública.

González Peeters ha asegurado que el material documental empleado como elemento incriminatorio fue entregado por Torres a Hacienda "bajo la coacción de que en la hipótesis de que no la aporte será sancionado".

Como tercera causa de nulidad, el abogado ha expuesto que ni Torres ni su esposa fueron informados con detalle cuando declararon ante el juez Castro de los presuntos delitos por lo que estaban imputados. "Hay una obligación legal que impone el legislador al juez y eso se ha incumplido", ha sostenido.

Además, ha expuesto que respecto de la mujer de Torres es "sangrante" que se le acuse de blanqueo de capitales porque cuando compareció en calidad de imputada no se la informó que se la acusaba de esta conducta.

Se vulneraron por tanto sus derechos según su letrado y Ana María Tejeiro no debería ser acusada por este delito en particular, que es uno de los nueve por los que ha sido procesada. Para la mujer del exsocio de Urdangarin, Anticorrupción solicita dos años de cárcel mientras que Manos Limpias pide 11 años de cárcel.

La defensa de Torres pide como testigos a los reyes Felipe y Juan Carlos

Por la tarde, el abogado de Torres ha continuado su estrategia de defensa insistiendo en pedir la declaración como testigos del rey y del rey emérito, Felipe VI y Juan Carlos I, como prueba de su "ejemplaridad", una propuesta que ya había hecho anteriormente en su escrito de defensa y que la Audiencia de Baleares ya había rechazado.

A la petición expresa de las magistradas del caso de que concretara qué testigos de pedía el abogado del exsocio de Urdangarin consideraba que debían pasar por el tribunal, González Peeters se refirió al "cuñado del señor Urdangarin y su suegro".

El letrado ha entregado a las magistradas una copiosa documentación con la que trata de probar que Zarzuela "lo tenía todo bajo control" y que, por eso, su defendido no sospechaba que hubiera nada "ilícito" en su comportamiento al frente del Instituto Nóos.

En concreto, ha insistido en la declaración del rey Juan Carlos porque considera significativas las pruebas en las que se hace referencia a supuestas mediaciones en favor de su yerno, Iñaki Urdangarin.

La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha recriminado al abogado que la sala ha tenido "demasiada consideración" hacia él por la forma en la que presentó las pruebas documentales y testificales que pedía para el juicio y, de hecho, le ha abroncado por abrumar a la sala con una ingente petición de pruebas y documentos sin facilitar adecuadamente su ubicación en el sumario, lo que hará "imposible" su ponderación.

Arranca el jucio del caso Nóos con Urdangarin y la infanta como acusados

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  • La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, comparecen como acusados en la primera sesión del juicio del caso Nóos.

    La infanta y Urdangarin llegan al juicio

    La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, comparecen como acusados en la primera sesión del juicio del caso Nóos.

    EFE
  • La infanta Cristina y la esposa del socio de Urdangarin, Ana María Tejeiro

    La infanta Cristina y la esposa del socio de Urdangarin, Ana María Tejeiro

    La infanta Cristina y Ana María Tejeiro (i), esposa de Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin, durante el juicio del caso Nóos que ha comenzado hoy en el edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma.11/01/2016.-

    EFE

El tribunal rechaza la petición de Torres

El tribunal ha rechazado la citación como testigos en este procedimiento tanto del actual Jefe del Estado, Felipe VI, como de su padre el rey emérito como ya argumentó en un auto el pasado mes de octubre. La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha explicado que no hay circunstancia novedosa que justifique una reconsideración al respecto.

El abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha expresado su protesta por esta decisión, que él había justificado en relación con determinadas facturas del Instituto Nóos que, según ha recordado la presidenta de la Sala, ni siquiera son objeto de acusación es este procedimiento.

En representación de todas las acusaciones, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha mostrado su oposición a las citaciones instadas por el abogado de Torres aduciendo que "ya es suficiente" el interés mediático que tiene ese proceso para que se quiera convertir en una "ceremonia para distracción del vecindario".

A juicio del fiscal, las citaciones como testigos de zu Sayn-Wittgenstein o de Irene de Grecia no tienen otra finalidad que "convertir este juicio en un reality show" más que probar los hechos de los que se acusa a los procesados.

El fical reschaza también anular el proceso

En lo que respecta a la petición de nulidad del proceso, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach la ha rechazado porque el exsocio de Urdangarin estuvo personado en la causa desde un principio con abogado y procurador, y por tanto como imputado, y eso fue antes de que entregara la documentación requerida.

Horrach ha recordado que a lo largo de la instrucción Torres presentó "la documentación como quiso y la que quiso", obviando entregar "los documentos que más podían incriminarle" y aportando sucesivas tandas de correos electrónicos "que solo podían afectar a otra parte", ha dicho refiriéndose a Urdangarin.

En cuanto a la documentación fiscal obtenida en el procedimiento administrativo, el fiscal ha señalado que una vez trasladada al proceso penal permite acusarle por delito fiscal, algo en lo que ha abundado la abogada del Estado Dolores Ripoll, que representa a Hacienda en el procedimiento.

Ripoll ha reiterado que la Ley Tributaria lo permite, y varias sentencias avalan que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva ni viola la presunción de una inocencia.

El abogado de la comunidad autónoma de Baleares, Lluís Segura, que también acusa a Torres, ha dicho que el sumario refleja "el alto grado de conocimiento de los hechos imputados que tuvo en todo momento", así como su colaboración voluntaria aunque selectiva.

Niegan la legitimidad de Manos Limpias

Por su parte, los letrados defensores del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el asesor fiscal Salvador Trinxet, el exsecretario de Nóos Miguel Tejeiro y de su hermana Ana María -la mujer de Diego Torres- han cuestionado la legitimidad de las acusaciones populares para sentarlos en el banquillo del caso Nóos.

El abogado de Alfonso Grau, Jesús Bonet, ha recordado que el juez instructor no incluyó a su cliente ni en el auto de pase a procedimiento abreviado ni en el de apertura de juicio oral, y que está incluido entre los acusados por decisión de la Audiencia de Palma a instancia, únicamente, del grupo municipal socialista de Valencia, que a su juicio carece de legitimidad para acusarle.

En la misma línea que la representación de la infanta Cristina, el abogado de Trinxet, Jaime Campaner, ha pedido al tribunal que "devuelva las aguas a la seguridad jurídica" y aplique la doctrina Botín, el precepto que establece la imposibilidad de que la acusación popular, la ejercida por Manos Limpias, sostenga en solitario una imputación que no reclaman ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares.

Cuatro acusados valencianos cuestionan que les juzguen en Palma

Los abogados defensores de cuatro de los acusados de Valencia -Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado y Jorge Vela- han cuestionado en las diligencias previas la competencia de la Audiencia de Palma para juzgarles.

Los cuatro han señalado que deberían ser juzgados por la Audiencia de Valencia por considerar que no hay conexión entre los hechos punibles de los que están acusados y los que se pudieron cometer en Palma.

El fiscal Anticorrupción se ha opuesto a dicha petición al entender que el principal delito del caso es la malversación de dinero público de la comunidad autónoma de Valencia y Baleares, que se ha investigado tomando declaración a más de 200 personas, que deberían ser interrogadas de nuevo si se juzgaran en dos tribunales territoriales distintos.

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