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Reunión de los máximos responsables de las instituciones acreedoras de Grecia
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, sentados en la mesa de la sala durante la reunión del miércoles sobre Grecia. Al fondo de la sala, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y el del BCE, Mario Draghi. EFE/Virginia Mayo

La propuesta de los acreedores con ciertas concesiones a Atenas no sirve para llegar a un acuerdo con Grecia

  • El texto introduce algunas de las medidas presentadas por Atenas el lunes

  • Grecia había rechazado el documento presentado por las instituciones

  • El Eurogrupo no logra solventar las diferencias y no llega a un acuerdo

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Grecia y sus acreedores no han conseguido acercar sus posiciones sobre cómo reformar el país para poder recibir los 7.200 millones de euros que quedan pendientes del rescate del país durante las reuniones que han mantenido en la mañana del jueves en Bruselas. Por eso, las instituciones (Comisión Europea, BCE y FMI) decidieron presentar al Eurogrupo un documento basado en su propuesta del miércoles -ya rechazada por Atenas-, en el que se introducen algunas de las medidas incluidas por el Gobierno griego en su plan del lunes y que no contaba con el apoyo del Ejecutivo de Tsipras. Finalmente las diferencias no se han resuelto dentro del Eurogrupo, que ha acabado sin acuerdo.

En el documento presentado al Eurogrupo y filtrado a la prensa, los acreedores mantienen la mayoría de sus propuestas, especialmente, las referidas a la profunda reforma de pensiones que exigen desde hace meses y que Atenas ha rechazado en casi todos sus puntos. Por el contrario, las principales concesiones a Grecia se recogen en el apartado del IVA y otros impuestos.

Los trabajos a nivel técnico se iniciaron a las seis de la mañana de este jueves para tratar de allanar el camino al acuerdo, y tres horas después, el primer ministro griego volvía a reunirse de nuevo con los máximos representantes de las instituciones: Jean-Claude Juncker por la Comisión Europea, Mario Draghi por el BCE y Christine Lagarde por el FMI.

En esa reunión, los acreedores ofrecieron a Tsipras la posibilidad de presentar una nueva propuesta antes de que empezaran a llegar a la sede europea los ministros de Finanzas y Economía (convocados a una nueva reunión del Eurogrupo, la segunda en menos de 24 horas). Así que lo que han debatido los 19 responsables de finanzas del euro ha sido lo que se conoce como "documento de viabilidad", que intenta lograr el acuerdo de todos al combinar medidas de ambas partes.

La intención de las instituciones y países miembros de la UE era que las diferencias se resolvieran dentro del Eurogrupo, para que la cumbre de líderes europeos que ha comenzado en la tarde del jueves no tuviera que volver a abordar la cuestión griega, algo que no ha sucedido finalmente.

Detalles del documento presentado por los acreedores

El punto de partida para las reformas en Grecia del documento filtrado a la prensa es el mismo admitido ya por Atenas en su plan del lunes: lograr un superávit primario (ingresos públicos menos gastos públicos, antes del pago de la deuda) del 1% este año, 2% en 2016, 3% en 2017 y 3,5% en 2018.

*PENSIONES

Las instituciones insisten en la "insostenibilidad" del actual sistema de pensiones y la necesidad de "reformas fundamentales" que permitan ahorrar entre un 0,25% y un 0,5% de PIB este año, y un 1% a partir del año que viene.

Para conseguir ese ahorro, reiteran su exigencia de desincentivar la jubilación anticipada -incluso con penalizaciones para aquellos que la soliciten- y en retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Ambos puntos ya habían sido admitidos por Atenas en su propuesta del lunes, pero con períodos de puesta en marcha más largos que los marcados por los acreedores.

En este último texto, se pide comenzar a aplicar la desincentivación a partir de el próximo 30 de junio y que la edad legal de jubilación sea de 67 años en 2022 (Atenas establecía el año 2025 como plazo). Se admite la petición griega de permitir prejubilaciones en las profesiones clasificadas como especialmente difíciles y en los casos de madres con hijos discapacitados.

En cuanto al sistema que complementa las pensiones inferiores a 700 euros mensuales (conocido como EKAS), los acreedores exigen que vaya elimándose de forma gradual hasta desaparecer por completo en 2019. Esto supone dar dos años más de margen respecto a sus peticiones previas, pero queda lejos de la propuesta de Atenas que quería sustituirlo por otro esquema a partir de 2020.

Respecto a las contribuciones de los pensionistas al seguro sanitario se mantienen firme en su exigencia de que suban hasta suponer el 6% (ahora es del 4% y el Gobierno griego quería elevarlo sólo hasta el 5%) y que se extienda esa aportación también a los complementos de pensiones.

También mantienen su propuesta del miércoles de congelar hasta 2021 y en términos nominales las pensiones contributivas.

* IVA

El capítulo del IVA es el que recoge más propuestas griegas. Aunque se mantiene la exigencia de que se logre una recaudación neta anual equivalente al 1% del PIB, se admite la idea de Atenas de mantener tres tipos diferentes. Así, se permitiría seguir aplicando el 13% de IVA a la electricidad y otros tipos de energía, los alimentos básicos y el agua; mientras que productos farmacéuticos, libros y teatro se mantendrían en el 6%.

No hay cesiones, sin embargo, en la exigencia de aplicar el tipo más alto del 23% a los hoteles, restaurantes y catering, algo a lo que el Ejecutivo heleno solo había accedido en parte (sólo para los hoteles) por el temor a su impacto en el principal motor económico del país, el turismo.

Además, también imponen la eliminación del descuento del 30% que se aplica ahora en las islas sobre todos los grupos del IVA, una supresión que puede provocar la ruptura del actual Gobierno griego, ya que los socios de Syriza -los nacionalistas de Griegos Independientes- han advertido que saldrán del gabinete si se aprueba esa medida.

Las instituciones introducen una salvaguarda importante respecto a propuestas anteriores: el esquema del IVA podrá revisarse al final de 2016 si se demuestra que "se recaudan ingresos adicionales equivalentes a través de las medidas adoptadas contra la evasión fiscal y la mejora del sistema de recaudación del IVA".

* OTRAS FUENTES DE INGRESOS PÚBLICOS

En este apartado también se aceptan varias propuestas griegas rechazadas hasta ahora por los acreedores, como la creación de un impuesto sobre la publicidad en televisión, un gravamen del 30% a los juegos audiovisuales de lotería, la apertura de sendos concursos públicos para adjudicar licencias de televisión y frecuencias, y licencias de telefonía 4G y 5G.

También se admite la medida helena de incrementar del 10% al 13% el impuesto sobre productos de lujo y su ampliación a yates superiores a 10 metros de eslora.

Además, piden que se recorten los gastos de Defensa en 400 millones de euros, 200 millones más de lo propuesto por Atenas.

Insisten en limitar la subida del Impuesto de Sociedades al 28%, en lugar del 29% defendido por el Ejecutivo heleno.

* NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Los acreedores de Grecia exigen que mantenga el marco actual de negociación con los trabajadores, que excluye la negociación colectiva y la sustituye por acuerdos individuales entre empresa y empleados. Sin embargo, se introduce una concesión a Atenas al permitirle abrir un proceso de consultas para revisar el marco laboral actual -incluyendo la negociación colectiva- bajo la asesoría y colaboración de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo.

Así, advierten que, hasta que concluya ese proceso de consultas, no podrán realizarse cambios en la negociación colectiva y que cualquier modificación deberá acordarse antes con la Comisión Europea, el BCE y el FMI.

* PRIVATIZACIONES

El documento impone la privatización de todos los activos incluidos al cierre de 2014 dentro del Fondo para el Desarrollo de Activos de la República de Grecia, lo que choca con la propuesta de Atenas de dejar fuera de las ventas las empresas públicas relacionadas con la energía y las telecomunicaciones.

El texto es muy específico con los aeropuertos regionales, sobre los que exige que se concluya ya el proceso de venta en los términos comprometidos con el ganador del concurso -la compañía alemana Fraport-, seleccionado con el Gobierno anterior. Atenas quería revisar ese proceso de adjudicación -con un valor de 1.200 millones de euros para 14 aeropuertos, entre ellos Salónica, Mykonos, Corfú y Santorini-, ya que el contrato no se había ratificado, según el Gobierno de Syriza.

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