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Los menores expuestos a violencia de género serán reconocidos como víctimas

  • El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Protección a la Infancia
  • También se agilizan los procesos de acogimiento y adopción de los menores

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El 18 de febrero está previsto que funcione el Registro de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia

El Gobierno ha aprobado este viernes dos proyectos de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, uno orgánico y otro ordinario, que reconocen como víctimas de violencia de género a los menores y agilizan los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los de menos de 3 años, permanezcan con una familia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que "se establece un nuevo marco de los derechos y los deberes de los menores".

Según ha explicado junto al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, la reforma tiene un carácter integral y afecta a aspectos tan diversos como los procedimientos de acogimiento y adopción, la lucha contra la violencia de género, la prevención de abusos sexuales o el derecho de escucha del menor en los procesos judiciales.

Protección frente a la violencia y los abusos sexuales

"Por primera vez se reconoce a los menores como víctimas directas de la violencia de género. Serán considerados víctimas también", ha resaltado el titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. "Se mejora la atención a la infancia y se trata de prevenir los casos de malos tratos", ha añadido.

Según el ministro, más de la mitad de los menores, hijos de víctimas de la violencia de género, también han sufrido violencia. "Esta realidad justifica la necesidad de esta reforma", ha advertido.

La nueva ley fija la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas, y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres. Además, se establece que en los procedimientos judiciales que les afecte, los menores tendrán derecho a ser oídos y ser escuchados, siempre que tengan madurez suficiente.

Por otra parte, con la reforma se refuerza la protección del menor frente a delitos como los abusos sexuales y violencia de género, de los que fueron víctimas 3.364 en 2013, según ha explicado Sáenz de Santamaría.

Entre otras novedades, establece como requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación. Así, profesionales como los profesores, entrenadores y pediatras deberán presentar un certificado de idoneidad que tendrán que solicitar en el Registro Central de Penados de España del Ministerio de Justicia para garantizar que no han sido condenados por este tipo de delitos.

También con esta ley se obliga a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de delitos contra la libertad sexual a comunicarlos al Ministerio Fiscal.

Se agilizan los acogimientos

En la actualidad, en torno a 35.000 menores están bajo tutela o guarda de las administraciones públicas y de ellos, 13.400 están en residencias, a la espera de una familia, según el Gobierno.

La reforma modifica el sistema de adopción y acogimiento familiar, introduciendo "que al menos todos los menores de tres años puedan vivir con una familia sin tener que pasar por un centro de acogida", han señalado tanto la vicepresidenta como el ministro de Sanidad.

En este sentido, se facilitará el acogimiento de urgencia para menores de tres años, y en los casos que haya más hermanos se buscarán las opciones que permitan que estén juntos.

"Lo que se busca es primar soluciones familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas. Queremos que todos los menores de tres años puedan vivir con una familia", ha resaltado la videpresidenta.

Simplificará el acogimiento, que no requerirá la intervención de un juez, y se creará el Estatuto del Acogedor Familiar, al tiempo que se regularán por primera vez los centros de protección para menores con problemas de conducta.

Así, según la nueva ley, se establecen tres tipos de acogimiento para menores de edad. El de urgencia, para menores de 6 años y que no puede durar más de seis meses; el temporal, que no se puede alargar durante más de dos años y se aplicará cuando se piense que el menor va a poder volver a su familia de origen o si se encuentra en proceso de adopción y es conveniente que empiece convivir con la familia que le va a adoptar, y el permanente, cuando no es posible que el menor vuelva con su familia.

Sobre las adopciones

Asimismo el Ejecutivo refuerza el derecho de acceso a los orígenes de los adoptados, de manera que las entidades públicas asegurarán la conservación de la información durante al menos 50 años, y contempla la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto son su familia biológica.

En cuanto a los criterios de idoneidad para las familias adoptantes, la reforma impide adoptar a quien esté privado de la patria potestad de un hijo. También se contempla que los padres que hayan "devuelto" a niños adoptados no podrán volver a solicitar una nueva adopción.

En cuanto a los criterios sobre la diferencia de edad entre adoptado y adoptante, Alonso ha remarcado que será de 45 años, unificando los diferentes criterios que mantenían las comunidades autónomas; por ejemplo, en Madrid la diferencia era de 40 años mientras que en Cataluña era de 45 años.

El ministro de Sanidad ha explicado que en la reforma se ha trabajado "mucho" con las comunidades autónomas, que son las protagonistas de todas las medidas de protección de menores y se ha llegado a "un alto nivel de consenso", que ha permitido incorporar figuras nuevas como la adopción abierta o el sistema de acogimiento o de guarda.

En defensa del interés superior del menor

Alonso ha destacado que con esta reforma España se convierte en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio sustantivo de la legislación, como recomendó la ONU en 2013.

De esta manera, la norma establece un nuevo marco de derechos y deberes de los menores, y una especial atención de los más vulnerables, como jóvenes extutelados y menores con discapacidad o extranjeros no acompañados, a lo que se les reconoce su derecho a la sanidad, la educación y los servicios sociales.

También incluye un catálogo de derechos y deberes en las esferas familiar, escolar y social, al tiempo que recoge de forma expresa la necesidad de evitar situaciones de acoso escolar.

También define las situaciones de desamparo que darán lugar a la retirada de la tutela y que viene determinada por el abandono, riesgo para la vida, salud o integridad física, la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución.

La declaración de desamparo dará lugar a la tutela del menor por parte de la entidad pública competente. Como aspecto fundamental, se introduce que, superados dos años desde dicha declaración, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnarla, no los padres biológicos. Pasados esos dos años, las entidades públicas podrán adoptar cualquier medida de protección que consideren necesaria, incluida la adopción.

La guardia voluntaria (la que solicitan los padres a la administración) se limita a dos años para evitar que estas situaciones se hagan crónicas y una vez vencido dicho plazo, el menor deberá volver con su familia o dictarse una medida de protección estable.

También modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que éstas conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.

Esta reforma se enviará a las Cortes, donde se espera conseguir el mismo consenso que se ha conseguido para sacar la ley adelante con la Fiscalía y las Comunidades Autónomas, para su aprobación definitiva. Alonso ha expresado su deseo de que los proyectos de ley se puedan "mejorar" en el trámite parlamentario, mientras que Sáenz de Santamaría ha estimado que sería "un buen principio" que el PP pudiera pactar con el PSOE y otros partidos estas dos leyes por considerar que sería "una buena manera de trabajar por el futuro de nuestro país".

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