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Kenia suspende las licencias de más de 500 ONG, 15 de ellas por vínculos con el terrorismo

  • Se les acusa de mantener lazos con organizaciones terroristas y de blanqueo
  • Al resto, entre las que está MSF, se les suspende por no auditar sus cuentas
  • La decisión llega en medio de la polémica política por la ley de Seguridad

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El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta (izquierda), en un desfile militar el pasado 12 de diciembre, en la celebración del Día de la Independencia.
El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta (izquierda), en un desfile militar el pasado 12 de diciembre, en la celebración del Día de la Independencia.

El Gobierno keniano ha anunciado la suspensión de las licencias y la congelación de las cuentas bancarias de al menos 510 ONG, de las cuales 15 han sido acusadas de mantener lazos con organizaciones terroristas y de blanqueo de dinero.

El Consejo de Coordinación de ONG ha comunicado que, a excepción de las 15 entidades presuntamente vinculadas con organizaciones terroristas, el resto han sido suspendidas por no presentar un informe auditado de sus cuentas anuales, tal y como prescribe la ley keniana. El Gobierno ha congelado sus cuentas bancarias y ha revocado los permisos de trabajo de los empleados extranjeros.

Entre las organizaciones que estarían suspendidas por no enviar la memoria económica figura Médicos Sin Fronteras, Relief Agency Internacional, Veterinarios Sin Fronteras Bélgica o Centre for Health Solutions Kenya, según una lista publicada por el Gobierno.

Una medida en medio de la polémica por la lucha antiterrorista

Esta decisión del Ejecutivo keniano se suma a la actual polémica política por la reforma de la ley de Seguridad impulsada por el presidente, Uhury Kenyatta, que la oposición ha calificado de "draconiana" y que, a juicio de diversas organizaciones pro derechos humanos, limita los derechos de los detenidos y los acusados y restringe las libertades de expresión y asociación.

Los cambios en la ley presentados esta semana por el presidente Kenyatta prevén, entre otras medidas, aumentar la detención de supuestos terroristas de tres meses a un año, intervenir las comunicaciones sin necesidad de un consentimiento judicial y el establecimiento de censura previa para periodistas que informen sobre terrorismo y seguridad nacional.

"La propuesta, apresuradamente presentada, vulnera muchos derechos básicos y libertades protegidos en la Constitución keniana y en la ley internacional", ha denunciado el subdirector de Human Rights Watch (HRW) para África, Leslie Lefkow.

"Las autoridades deben centrarse en las violaciones de los derechos humanos cometidas desde hace tiempo por las agencias de seguridad kenianas, no en darles más poder", ha agregado Lefkow, en un comunicado firmado conjuntamente con Amnistía Internacional.

Creciente inseguridad e indignación por los asaltos sexuales

La propuesta llega dos semanas después de que el grupo terrorista somalí Al Shabab matara a más de 60 personas en ataques separados en Mandera, en el noreste del país y cerca de la frontera con Somalia.

Además, esta misma semana, el Gobierno keniano anunció que investigará, por supuesta complicidad con los terroristas, a los responsables de un documental de la televisión Al Yazira que denuncia la existencia de escuadrones de la muerte en el país, detenciones arbitrarias y asesinatos selectivos de clérigos musulmanes y sospechosos de terrorismo en el país africano.

Así, la oposición y organizaciones de la sociedad civil han pedido a Kenyatta que dimita ante su incapacidad para garantizar la seguridad en el país y piden que no use la amenaza terrorista como pretexto para recortar las libertades.

El clima social actual en el país africano es de indignación en los últimos tiempos, avivada por una serie de multitudinarias protestas el mes pasado después del ataque de dos hombres a una mujer que iba por la calle con una minifalda, a la que robaron, desnudaron en plena calle, atacaron sexualmente y grabaron en un vídeo que circuló por las redes sociales.

Los casos de asalto sexual y ataques a mujeres por vestir de manera considerada indecente han aumentado en el país africano en los últimos meses, lo que ha provocado una gran indignación pública. Los dos asaltantes, un conductor de autobús y su ayudante, han ido a juicio la semana pasada.