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COLAS CONSULTA PARTICIPATIVA
Urna instalada en el instituto Marti i Franques de Tarragona para la consulta participativa. EFE EFE

La Fiscalía General y la de Cataluña intentan limar diferencias sobre la querella por el 9N

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, se han reunido este miércoles para limar diferencias en la preparación de una querella contra del presidente y la vicepresidenta de la Generalitat por las posibles responsabilidades penales en la organización de la consulta alternativa del 9N.

La Fiscalía Superior de Cataluña va a "dar cuenta" al fiscal general del Estado de la decisión que adopte "en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público", según ha asegurado en un comunicado la Fiscalía General, tras la reunión.

Fuentes jurídicas, recogidas por Efe, señalan que la reunión se ha celebrado a petición de la Fiscalía de Cataluña por las divergencias que mantiene sobre el borrador de la querella, que le ha remitido la Fiscalía General del Estado.

Durante el encuentro, señalan, ha habido un intenso debate jurídico por la existencia de "criterios distintos en la calificación jurídica de los hechos" que contempla el borrador de la querella, aunque han rechazado que haya habido tensión en el encuentro.

La querella, que tenían previsto presentar este miércoles, se presentaría ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada la condición de aforados de los denunciados.

Borrador de la querella

La Fiscalía Superior de Cataluña recibió hace unos días un primer borrador de la querella que propone acusar de varios delitos, entre ellos prevaricación y desobediencia, al presidente catalán, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, la consellera de Educación, Irene Rigau, y al conseller de Interior, Ramón Espalader.

Romero de Tejada reunió este martes a los fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, que después de estudiar el borrador de la querella propusieron atenuar su alcance, limitando la acusación contra el Gobierno catalán a un delito de desobediencia, lo que no llevaría aparejada la pena de inhabilitación, y así lo han defendido este miércoles en su reunión con Torres-Dulce.

La Fiscalía de Cataluña también plantea la necesidad de excluir de la querella al conseller de Interior Ramón Espalader, a quien el borrador inicial propone imputar por la confección de las papeletas y urnas del 9N, que elaboraron presos de las cárceles catalanas, aunque este conseller no es responsable del sistema penitenciario catalán.

La denuncia no irá contra los responsables de los locales públicos

Así, el escrito de la Fiscalía podría acusar a los titulares de las consellerías vinculadas con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no irá contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.

Entre los delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consellers implicados figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.

El ministerio público cree que los miembros del Gobierno catalán contra los que se dirigiría la querella podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.

Interior niega presiones a la Fiscalía y dice que es "autónoma"

Por otra parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este miércoles que la Fiscalía General del Estado es "autónoma y no está sujeta a las órdenes" del Ejecutivo, negando así que exista presión por parte del Gobierno al Ministerio Público.

Así lo ha asegurado el ministro, quien se ha remitido a lo expresado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y ha añadido que el Gobierno ha actuado en todo momento "como debe actuar un estado democrático cuando se plantea una iniciativa que considera que claramente vulnera la Constitución".

"La misión de la Fiscalía es promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. La Fiscalía es autónoma y está estudiando si hay base para plantear una iniciativa en defensa de la ley en el caso de que, como todo apunta, hubiese sido vulnerada el domingo pasado y a eso me remito", ha señalado Fernández Díaz.

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