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Treinta y dos detenidos por una trama de pagos a funcionarios

La Guardia Civil detiene a 32 personas vinculadas a una trama de pagos a funcionarios

  • La operación que se ha denominado Enredadera se desarrolla en 12 provincias

  • Entre los detenidos, hay algunos cargos públicos de bajo nivel

  • Un detenido cobró 85.000 euros de la empresa Fitonovo en una caja de zapatos

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La Guardia Civil ha desmantelado una trama que, en connivencia con funcionarios y cargos públicos, se había infiltrado en distintas administraciones para obtener contratos públicos de forma fraudulenta, en una operación que afecta a 12 provincias y en la que ya han sido detenidas 32 personas, de las cuales 22 se han efectuado en Andalucía y casi la mitad de ellas en Sevilla.

Bautizada como "Enredadera", la operación que desde primera hora desarrollan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es continuación de las dos fases anteriores de la Operación Madeja, que destapó las relaciones entre empresas que optaron al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A, así como la implicación de la empresa Fitonovo, contratista habitual de administraciones.

Fuentes de la investigación han informado a Efe que la operación, que está dirigida por la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones, si bien hasta el momento han sido arrestadas 32 personas en siete comunidades autónomas, la mayoría funcionarios, aunque también hay algunos cargos públicos.

La juez Alaya ha ordenado el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 180.000 euros del director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera.

Operación en doce provincias

La operación se extiende a 12 provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Las Palmas (en concreto, Lanzarote y Gran Canaria).

De los detenidos, 23 han sido detenidas en Andalucía: 11 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, una en Granada y otra en Cádiz.
Además, los agentes han arrestado a dos personas en Zaragoza, otras tantas en Madrid y la misma cifra en Canarias, Badajoz y Valencia, aunque ya han puesto en libertad a cuatro de los detenidos.

Entre los detenidos, figuran tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez; el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, portavoz de Coalición Canaria en el cabildo -ya en libertad-; y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona.

Los otros 29 detenidos son fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la empresa sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año.

Infraestructuras de carreteras y ferroviarias

Según estas mismas fuentes, todos los implicados están relacionados con las infraestructuras de carreteras y ferroviarias, que habrían aceptado facturaciones de las obras por encima de lo permitido y también habrían asesorado a las empresas sobre cómo presentar las ofertas para quedarse con las obras licitadas.

La Dirección General de la Guardia Civil ha informado del desarrollo de la operación Enredadera en la que los detenidos e imputados están acusados de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

La Guardia Civil ha registrado las Diputaciones de Sevilla, Jaén y Córdoba, así como el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) y la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, en Mérida, además de la sede de Fitonovo en Canarias.

La Diputación de Sevilla ha cesado con "carácter urgente" al jefe de servicio de Carreteras, Carlos Manuel Podio Lora, tras ser detenido por la Guardia Civil. Además, ha abierto diligencias y expediente disciplinario al funcionario, que se jubilaba en dos meses.

Continuación de la Operación Madeja

Según explica la Guardia Civil, la Operación Enredadera es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla S.A.

De esta operación los agentes concluyeron un "no justificado" incremento patrimonial del que fuera hasta 2007 director del área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Un informe que condujo a los investigadores a la sociedad Fitonovo- contratista habitual de numerosas administraciones- y que pagaba al cargo público sevillano diferentes dádivas -desde dinero hasta coches- a cambio de que esta empresa fuera beneficiada.

De este modo, la segunda fase de la operación Madeja motivó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas diligencias, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa citada.

Contabilidad paralela para pagar sobornos

Con el análisis de la documentación incautada entonces los investigadores determinaron que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.

A su vez, también los imputados habían creado una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

Las indagaciones que lleva a cabo al respecto la Guardia Civil están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre.

Al hilo de esta investigación, la Diputación de Sevilla creó una comisión de investigación interna del servicio de contratación que concluyó con que todos los contratos se ajustaban a la normativa vigente y se descartaba que se hubieran cometido ilegalidades en los expedientes del servicio de carreteras, cuyo responsable está siendo investigado este martes por agentes de la Guardia Civil.

En libertad tres responsables de Fitonovo

La juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dejado este martes en libertad a tres responsables de la empresa Fitonovo, cuya actividad ha provocado la operación que acumula los 26 detenidos, para los que la Fiscalía ha pedido una fianza civil de tres millones y medio de euros.

Alaya leyó las nuevas imputaciones a los responsables de Fitonovo Rafael González Palomo y su hijo José Antonio González Barón, que estuvo en prisión tres meses por esta causa, y al administrador de otra empresa del grupo, Fiverde, Ángel Manuel Macedo, han informado fuentes judiciales.

Para González Palomo, la Fiscalía pidió una fianza civil de dos millones de euros, para su hijo un millón de euros y para el tercer imputado solicitó 500.000 euros. Los tres quedaron en libertad provisional después de acogerse a su derecho a no declarar ante la juez.

En la lectura de las imputaciones, la juez ha precisado que uno de los empresarios de Fitonovo habría entregado 85.000 euros, 70.000 de ellos en una caja de zapatos, a un exresponsable de área de Deportes de IU en el Ayuntamiento de Sevilla antes de las elecciones municipales de 2011.

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