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El PSOE se opone a la ley de seguridad que IU califica de "patada en la boca a la democracia"

  • Aseguran que castiga a los ciudadanos y les impide movilizarse
  • Los colectivos del 15M dicen que vuelve la "represión franquista"
  • El Gobierno dice que se ha criticado de forma "apresurada"

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La oposición critica el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha avanzado este martes la oposición "rotunda" a lo que considera una "ley de represión ciudadana" impulsada desde el Ministerio del Interior, en referencia al anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que contempla multas de hasta 600.000 euros para las concentraciones no autorizadas ante el Congreso o las grabaciones a agentes de las fuerzas de seguridad, entre otras medidas. 

Izquierda Unida también ha criticado con dureza la futura de ley a la que ha calificado de "patada en la boca de la democracia" y auguran que "nacerá muerta".

Los socialistas consideran que España no necesita una Ley de Seguridad Ciudadana como la que está preparando el Gobierno. Creen que es más bien "de represión ciudadana" porque pretende "castigar" a los ciudadanos por conductas que no están consideradas como delictivas, según recoge Servimedia.

Se oponen por ello a la pretensión de "castigar, reprimir" el ejercicio de derechos civiles "por vía gubernativa", porque eso solo se hace "en otros regímenes que no son democráticos". A la vista de lo que se está conociendo del Anteproyecto, los socialistas se declaran "muy preocupados" además de "asombrados".

El Gobierno dice que se ha criticado de forma "apresurada"

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado que es un "borrador" que todavía se encuentra en una fase "muy preliminar" y que los que lo han criticado lo han hecho de "forma apresurada" puesto que todavía no se conoce el "texto de la ley".

Martínez ha afirmado que este anteproyecto de ley, que tiene que pasar todavía por la aprobación del Consejo de Ministros, recogerá las infracciones tipificadas como faltas que desaparecen del Código Penal y pasan a ser infracciones administrativas.

La reforma de la ley supondría la incorporación de "nuevas infracciones", según Martínez, y pasaría de haber 39 infracciones a 55.

En cuanto a la prohibición de grabar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante las manifestaciones, Martínez ha asegurado que se pretende evitar el uso de las imágenes "con la finalidad de poner en riesgo la integridad" de los agentes.

"Ofensiva brutal contra los derechos civiles"

Por su parte, el diputado de ICV en el Congreso de los Diputados Joan Coscubiela mostró su abierta dicrepancia con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Ministerio de Interior y que calificó como "la ley de la patada en la boca de la democracia".

Coscubiela aventuró que a este proyecto del Gobierno le puede ocurrir lo mismo que a la 'Ley Corcuera', también conocida como la ley de "la patada en la puerta", cuyos preceptos más conflictivos no pasaron el filtro del Tribunal Constitucional.

El diputado denunció la "contrarreforma"del PP para "cargarse el Estado social y su "ofensiva brutal contra los derechos civiles de los ciudadanos". En ese esquema, el anteproyecto es "un nuevo intento de criminalizar a los colectivos sociales e impedirles la función que constitucionalmente tienen reconocida".

Por su parte, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha avisado de que su partido estará en contra de la nueva ley si su único objetivo es "perseguir a quien peor cae" al Gobierno.

Aunque la líder de UPyD ha querido dejar claro que no le gusta opinar sobre un borrador que no ha visto ni hablar "a golpe de  titular", sí ha querido dejar claro que UPyD solo estará a favor de la futura norma si garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos y la democracia.

Los colectivos del 15-M la definen como la "ley del miedo"

Por su parte, los diferentes colectivos y organizaciones ligados al movimiento 15-M consideran que con el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que entre otras cosas prevé multas de hasta 30.000 euros por "insultar o amenazar" a un policía en una manifestación, el Gobierno pretende "imponer la ley del miedo" y "criminalizar cualquier acto de protesta" como ya ocurría en la "época de la represión franquista".

"Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral.

En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma "recuerda a las peores épocas de la represión franquista" así como que supone "un ataque directo" a los "modus operandi" y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso.

Asociaciones de periodistas ven "desproporcionadas" algunas sanciones

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos, Prensa y Televisión (ANIGP-TV) han advertido que algunas de las sanciones recogidas en el borrador son "desproporcionadas" y "pueden colisionar con el derecho constitucional a la información".

En una misiva dirigida al ministro de Interior, Jorge Fernández  Díaz, las asociaciones subrayan que "algunos artículos" pueden "ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas, tanto a los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para los editores  que publiquen estos contenidos".

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