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Hallan ocho cadáveres en una fosa común de Cazalla de la Sierra, en Sevilla
Hallazgo de ocho cadáveres en la excavación de una fosa común en Cazalla de la Sierra, Sevilla.

El Gobierno se queja por la "excesiva atención" de la ONU a los desaparecidos del franquismo

  • España se examina ante el comité especializado de Naciones Unidas

  • Es el segundo país del mundo con más desaparecidos en fosas comunes

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El Gobierno español ha lamentado en la ONU que un comité especializado ponga "excesiva antención" a las desapariciones forzadas de la guerra civil y el franquismo.

"Creemos que la excesiva atención al pasado dificulta la identificación de problemas futuros y presentes", ha dicho la embajadora española ante la ONU en Ginebra, Ana Menéndez, en su intervención final ante el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas.

España es el segundo país del mundo con más desparecidos enterrados en fosas comunes, solo por detrás de Camboya, según diversos informes coincidentes.

"Quiero trasladar nuestro desasosiego por el excesivo número de preguntas referidas al pasado", ha señalado Menéndez en otro pasaje de su intervención ante el comité, que ha concluido este miércoles la evaluación del informe presentado por España sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, en vigor desde diciembre de 2010.

El Gobierno de España defiende que el comité debe investigar los casos de desapariciones registrados después de la entrada en vigor del tratado vinculante. A su juicio, los casos anteriores a esa fecha quedan fuera de sus competencias, además de "entrar en conflicto" con la labor del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas, un órgano distinto de la ONU y que visitó España en septiembre pasado. Ese grupo de trabajo investiga denuncias individuales de desapariciones y sirve de canal de comunicación entre familiares y los Estados.

Críticas de las asociaciones de derechos humanos

Por otra parte, Menéndez destacó el compromiso del Gobierno español en "la reparación a las víctimas" a través de la Ley de Memoria Histórica en vigor desde 2007, aunque admitió las limitaciones presupuestarias que existen.

El exjuez Baltasar Garzón, presente en la sala como representante de la Fundación FIGBAR --una de las organizaciones de la sociedad civil que ha elaborado informes para el comité--, ha calificado en un encuentro con periodistas las palabras de la embajadora como "inapropiadas" y "fuera de lugar".

Según el exmagistrado de la Audiencia Nacional, el mensaje de "mirar hacia adelante" sin más "es un error muy grave" porque implicaría "dejar atrás algo que todavía sigue estando presente". "No se puede eludir que hay 150.000 víctimas del franquismo que siguen esperando respuestas". "El Gobierno podría perfectamente atender un plan general de exhumación", ha opinado Garzón.

Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado en Ginebra que la "vergozosa inacción" del Gobierno español respecto a las desapariciones forzosas. La ONG publicó recientemente el informe El tiempo pasa, la impunidad permanece.

Mientras en España el juez Garzón fue apartado de esta causa antes de su expulsión de la carrera judicial, en Argentina la Justicia dictó hace unas semanas una orden internacional de detención contra algunos represores de la dictadura franquista.

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