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El Constitucional mantiene en prisión a Otegi y Usabiaga hasta que se resuelva el recurso

  • Ambos dirigentes presentaron un recurso por la condena en el Caso Bateragune
  • La Fiscalía se había opuesto a que fueran puestos en libertad mientras tanto
  • EH Bildu considera que la decisión del TC es un "auténtico escándalo"

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Arnaldo Otegi sigue en la cárcel hasta que el Constitucional resuelva el recurso de amparo

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener la situación de prisión del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al que fuera secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga mientras se tramita el recurso de amparo que ambos presentaron, junto a otros inculpados, contra su condena en el Caso Bateragune.

La decisión fue adoptada este lunes por la Sala Primera del alto tribunal, a la que llegó la propuesta de mantener la prisión para los reos a cargo de los ponentes, el presidente, Pascual Sala, y el magistrado González Rivas, propuesta que concuerda con el criterio del fiscal. El alto tribunal ha notificado este martes la decisión a las partes del caso.

El pasado 9 de mayo el TC admitió a trámite el recurso de los dirigentes contra la condena a seis años y medio de prisión que les impuso el Supremo en 2012 por intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune.

En aquel momento el TC abrió una pieza separada para estudiar si suspendía su estancia en prisión en tanto se resolvía el recurso y a ese respecto consultó al fiscal, que se opuso a dejarlos en libertad, criterio que sigue el alto tribunal. En su escrito, la Fiscalía se oponía a que se suspendiera el cumplimiento de condena citando la propia doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto.

El Constitucional ha delimitado una frontera entre las penas cuya duración excede de 5 años, a las que no se aplica la suspensión, e inferiores a 5 años, respecto a las cuales con carácter casi general se otorga la suspensión.

Es decir, al ser las condenas de los dos abertzales superiores a los seis años de pena, la doctrina del Constitucional dice que se mantenga la prisión en tanto no se resuelve el fondo del asunto, doctrina que citó el fiscal y que ahora mantiene el alto tribunal con su decisión ya citada. El proceso afecta también a otros dirigentes abertzales como Miren Zabaleta, Arkaiz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García.

Condenados inicialmente a diez años de cárcel

Otegi, que ingresó en prisión preventiva el 16 de octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón por el caso Bateragune, fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de cárcel, al igual que Usabiaga.

La Audiencia Nacional les condenó porque consideró probado que a través de la actividad que desplegaron entre 2008 y 2009 cumplían las instrucciones de ETA, y que Otegi y Usabiaga, además, "ostentaban la categoría de responsables y promotores" de una novedosa estructura que trasmitía las directrices de la banda terrorista.

El Tribunal Supremo rebajó el pasado mes de mayo de 2012 a seis años y medio la condena al considerar que deben ser penados por su pertenencia a ETA pero no en calidad de dirigentes. Ambos recurrieron ante el TC, que admitió a trámite su recurso de amparo contra la decisión del Supremo pero que les mantiene en prisión por ahora.

Un "auténtico escándalo" para EH Bildu

EH Bildu ha calificado de "auténtico escándalo" la decisión, "de naturaleza política", del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar la suspensión de la condena a Arnaldo Otegi y a Rafael Díez Usabiaga.

Los portavoces de EH Bildu, Pernando Barrena y Unai Ziarreta, han hecho pública, en euskara y castellano, en una conferencia de prensa, la valoración que la coalición hace de esta decisión "de naturaleza política" que cuenta "con el aval político de PP y PSOE".

En este sentido, han recordado que la operación desarrollada en 2009 fue una "decisión política" del Gobierno del PSE, a la que el juez Garzón "puso su firma", además de las condenas impuestas por la Audiencia Nacional y el tribunal Supremo. "La misma naturaleza política tiene la decisión de este martes, aunque esta vez el sello lo pone el Constitucional", ha denunciado Ziarreta.

A su juicio, desde los estamentos de la judicatura española se intenta "envolver con un celofán jurídico" esta resolución, enmarcada en la "política de represión y excepción" del Estado español "para intentar frustrar el escenario de paz y resolución en la sociedad vasca", pero "se equivocan".

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