El abogado del capitán del 'Prestige' pide la suspensión del juicio

• El fiscal pide que se valoren los daños ecológicos en 4.000 millones
• 'Nunca mais' se manifiesta para exigir responsabilidades políticas

El fiscal pide 4.000 millones de euros de indemnización por la catástrofe del Prestige

El abogado del capitán del Prestige ha pedido este martes la suspensión del  juicio y el sobreseimiento de la causa de la catástrofe marítima del buque en lo que se refiere a la  acusación por un delito contra el medio ambiente contra Apostolos  Mangouras. Además, ha puesto en duda que España pueda garantizar a su  cliente un juicio "justo".

En su intervención, el letrado, que rechaza la calificación  jurídica de las acusaciones por entender  que no existió "dolo", ha  reclamado la "nulidad parcial" por "violación de derechos  constitucionales" y la suspensión por el hecho de que se pida la  responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime,  encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté  personada en el juicio.

En relación a la vista oral, se ha preguntado si España es capaz  de garantizarle a Mangouras "un juicio justo cuando se le llamó  pirata a los dos días de la catástrofe", ha indicado en relación a  los términos empleados por representantes del Gobierno.

Además, ha acusado al Estado español de haberse "prevalido de su  poder" para inspeccionar el pecio del barco "sin dar" a la defensa  "posibilidad de participar en los reconocimientos" y de "infringir  derechos fundamentales" con la documentación recogida en el barco.

La Fiscalía pide elevar el impacto económico de la catástrofe

Por otro lado, el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Alvaro García Ortiz, ha  solicitado a la sala la admisión de un informe pericial elaborado por la  Universidad de Santiago de Compostela (USC) que eleva a 3.862,42  millones el impacto económico y ambiental de la catástrofe solo en el  caso de España.

Inicialmente, la Fiscalía había evaluado los daños en 2.233,76  millones de euros, de ellos 1.974,54 millones correspondientes al  Estado español; 172,86 millones para administraciones, entidades y  particulares de España y otros 86,36 millones de euros para el Estado  francés, administraciones, entidades y particulares de Francia.

Los expertos consideran que esa es la cuantía económica adecuada para compensar los notables daños causados por el vertido, especialmente en sectores como el pesquero en uno de los principales caladeros del Atlántico, que quedó afectado durante años y registró un notable descenso de las capturas.

No obstante, en su calificación de los hechos ya advertía de que  esta evaluación económica era "provisional, a corto plazo y a la  baja". La pericial que ha propuesto, y que ha quedado a disposición  del tribunal a la espera de determinar si finalmente se admite, "va  más allá del daño ambiental y abarca la totalidad de los daños",  según ha precisado la Fiscalía.

Además de la del Ministerio Fiscal, se formulan otras 51 acusaciones que representan a más de 1.500 entidades públicas, asociaciones, cofradías de pescadores, empresas privadas y personas físicas contra los tres acusados presentes en el juicio.

La defensa rechaza los argumentos de la Fiscalía

Las defensas de los tres acusados rechazan los argumentos de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, y en el caso el capitán del "Prestige" entiende que sólo se le pueden imponer penas pecunarias, mientras que los letrados que representan a Argyropoulos y a López Sors consideran que no son autores de ningún delito y que procede su libre absolución.

El Estado español, en su escrito de calificación como responsable civil subsidiario, se remite al escrito de defensa de López Sors y entiende que al carecer el ex director general de la Marina Mercante de responsabilidad no existe ninguna responsabilidad civil a su cargo.

Durante la jornada de este martes se han dirimido cuestiones preliminares y algunos de los letrados que representan a las distintas partes han solicitado la admisión a tramite de nuevas pruebas periciales o la declaración de algunos testigos, cuyo testimonio había rechazado inicialmente el juez instructor de la causa.

Esta primera fase del juicio se prolongará hasta el 23 de octubre, y la vista oral se reanudará el día 13 de noviembre, cuando se cumple el décimo aniversario de la catástrofe, con las declaraciones de los tres acusados. El capitán del buque abrirá este turno que cerrará el exdirector de la Marina Mercante el 29 de noviembre, mientras que la ronda de declaraciones de los testigos comenzará el 11 de diciembre.

Coincidiendo con el arranque del juicio, la plataforma ciudadana "Nunca Máis" ha reaparecido este martes por la mañana para reclamar un "juicio ejemplar" en el que debían estar también imputados altos cargos del Gobierno de Jose María Aznar como responsables políticos de la catástrofe medioambiental.

El macrojuicio ha arrancado a las 09.50 horas y se celebra en Expocoruña, un recinto multiusos donde se ha habilitado una sala de vistas con una superficie de 450 metros  cuadrados, con un estrado de 200 metros cuadrados y más de 200 asientos  para el público, dadas las dimensiones del proceso, el mayor de la historia judicial de Galicia, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores.