El Ministerio de Sanidad prepara unos convenios para que los inmigrantes sin papeles y las personas a las que la nueva ley ha dejado sin tarjeta sanitaria puedan recuperar la asistencia pagando una cuota mensual de algo más de 59 euros, que se puede multiplicar en caso de ancianos, informa TVE.
El departamento que dirige Ana Mato ha informado de que ha remitido a las comunidades autónomas un borrador de un reglamento que desarrollará la reforma sanitaria publicada en el Boletín Oficial del Estado hace solo unos días, y que tras fijar nuevas condiciones para tener la condición de beneficiario del sistema (o asegurado), abría la puerta a los que no reunían esas condiciones a formalizar convenios especiales para mantener la cobertura; como ya había avanzado la ministra.
Los convenios están dirigidos a los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (rentistas); a los europeos que voluntariamente quieran suscribirlos para ser atendidos en España y a los extranjeros de otros países; evidentemente a los que no están regularizados y por tanto, no trabajan o lo hacen sin contrato.
Según una nota de Sanidad, la cuantía de la suscripción de los convenios se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada en otros países europeos.
Las cifras las ha podido conocer TVE. La cuota ordinaria será de algo más de 59 euros al mes y para los mayores de 65 años aumenta hasta los 155,5 euros, ya que se calcula que a partir de esta edad el uso de los servicios sanitarios, como mínimo, se triplica.
Los fármacos, prótesis y traslado sanitario no están incluídos en este convenio de asistencia sanitaria, como tampoco lo están para los titulares de tarjeta sanitaria. Niños y mujeres embarazadas, tienen acceso al Sistema Nacional de Salud como cualquier asegurado. En caso de urgencia, se atenderá a cualquier persona, aunque no esté dentro de un convenio.
La reforma sanitaria, presentada por el Gobierno como una medida de ahorro y racionalización de gasto, ha sido muy criticada por organizaciones profesionales, por cuestiones de salud pública y también de salud pública. Además, cientos de ellos ya han manifestado su intención de desobedecer la medida para seguir prestando atención a esos pacientes, entre otras cuestiones también por un deber deontológico.
Activistas de los derechos humanos han vuelto a criticar la última iniciativa de Sanidad y apuntan que el pago de esas cuotas no están al alcance de los sin papeles.
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