Asturias recurrirá al Constitucional los recortes del Gobierno en sanidad y educación

  • Cree que esos recortes invaden competencias del Principado
  • La decisión ha sido adoptada en Consejo de Gobierno
EFE 

El Gobierno de Asturias recurrirá ante el Tribunal Constitucional dos decretos ley del Ejecutivo central sobre ajustes en sanidad y educación por invasión de competencias del Principado.

El dictamen del Consejo Consultivo del Principado y los informes de las consejerías afectadas aconsejan a juicio del Gobierno regional presentar recursos de inconstitucionalidad contra los ajustes educativos y de servicios de salud adoptados por el Gobierno.

Este acuerdo ha sido adoptado este miércoles en la reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, informa el Ejecutivo regional.

El Gobierno regional acordó solicitar el pasado día 4 con carácter de urgencia dictamen al Consejo Consultivo al concluir el periodo de presentación de recursos de inconstitucionalidad contra los decretos ley por los que el Ejecutivo de la nación adoptó medidas de ajuste del gasto público en dos "servicios públicos, como son la sanidad y la educación, cuyas competencias son del Principado de Asturias", ha informado el Ejecutivo autonómico.

Los recursos de inconstitucionalidad aluden directamente a los artículos 3 y 4 del real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Existen fundamentos jurídicos para los recursos

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictaminó el pasado día 13 la existencia de fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de los recursos de inconstitucionalidad, al estimar que el Gobierno de España ha podido incurrir "en un exceso de bases" al invadir en el caso del real decreto en materia sanitaria las competencias autonómicas en la auto-organización de la comunidad.

En el caso del real decreto-ley en materia educativa entiende que los artículos 3 y 4 podrían invadir las competencias autonómicas de desarrollo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especificidades.

Al dictamen del Consejo Consultivo se suman los informes de las Consejerías de Educación y Sanidad y de la Secretaría General Técnica de Presidencia del Principado, que aprecian la inconstitucionalidad de los preceptos referidos por invasión de las competencias autonómicas.

El Gobierno de Asturias (presidido por el socialista Javier Fernández) recuerda que el Ejecutivo asturiano saliente, de Foro, liderado por Francisco Álvarez-Cascos, "acordó cuando estaba en funciones presentar un recurso de inconstitucionalidad contra estos decretos, aunque no se llegó a redactar informe alguno, como exige la normativa".

Añade que tampoco se cumplieron con las obligaciones previstas en la ley de solicitar informe al Consejo Consultivo del Principado.

Explica que el acuerdo adoptado este miércoles por el Consejo de Gobierno regional se ha materializado después de cumplir con todas las exigencias requeridas por la legislación.

Comenta que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se sustenta en la creencia por parte del Gobierno de Asturias de que las comunidades autónomas son parte esencial del Estado y por tanto "velar por los ámbitos de actuación de cada una de las administraciones atesora un principio de convicción democrática y de respeto a la Constitución Española".

"El Ejecutivo asturiano nunca censurará al español la toma de decisiones políticas en su ámbito de actuación, pues es su obligación", señala en un comunicado el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez.

No obstante, precisa que "también en su obligación que se respete el territorio competencial del resto de las administraciones públicas y en esto se cimenta el Estado de las autonomías"

También otras comunidades recurrirán

No es la primera comunidad autónoma que recurrirá ante el Constitucional algunas de las medidas de ajustes anunciadas por el Gobierno de Rajoy. También Extremadura y Cataluña han anunciado que lo harán.

En el caso de Extremadura, la Junta presentará un recurso de inconstitucional contra el impuesto sobre la producción y transporte de energía por vulnerar la 'ecotasa' autonómica. Por su parte, Cataluña recurrirá la reforma de la ley de dependencia porque invade sus competencias.

Aunque no recurrirán ante el alto tribunal, Andalucía y Canarias han advertido que no aplicarán los recortes autonómicos a los empleados públicos que habían anunciado previamente para compensar por los ajustes del Ejecutivo de Rajoy.

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