La huelga general contra la reforma laboral mide este jueves los apoyos de sindicatos y Gobierno

  •  El Ejecutivo dice que no cederá y defiende que servirá a la economía
  • Los sindicatos piden la movilización ante el “grave recorte de derechos”
  • La reforma abarata el despido y facilita la contratación o bajar salarios
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MARIO VALLEJO 

Los españoles están llamados este jueves a una huelga de 24 horas contra la reforma laboral, un cambio normativo que el Gobierno considera imprescindible para la recuperación económica y que los sindicatos consideran el mayor ataque a los derechos de los trabajadores en la historia de la democracia.

Será la séptima huelga general en este periodo, la segunda desde que empezó la actual crisis, y la primera desde la irrupción del movimiento 15-M y la vuelta al poder hace tres meses del PP, que acaba de sufrir su primer revés con los resultados de las autonómicas andaluzas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no va a modificar ni un ápice" una reforma a la que había urgido la UE y que ha sido muy bien acogida por los empresarios que podrán bajar salarios y cambiar las condiciones del trabajo alegando causas económicas, lo que permitirá también un despido más barato.

Los sindicatos creen que la reforma no creará empleo (el propio Gobierno admite que este año el paro seguirá creciendo por encima del 24%, una de las tasas más altas de Europa) y como numerosos juristas han denunciado que varios puntos son inconstitucionales.

Las polémicas de la reforma

En concreto, las empresas disfrutarán de nuevas bonificaciones para contratar a jóvenes (cuya tasa de paro se acerca ya al 50%) y podrán cambiar las condiciones pactadas en el convenio, incluidos salarios o jornadas, alegando dificultades económicas, como una disminución de ingresos durante dos trimestres seguidos.

El Gobierno valora esa flexibilidad como una alternativa al despido, cuyo coste y procedimiento también ha cambiado radicalmente: ahora será el trabajador quien tendrá que demostrar ante un juez que su despido no era procedente; y la indemnización baja de los 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades del anterior despido improcedente a los 33 días con 24 mensualidades; o más allá, de forma generalizada (salvo decisión judicial) a 20 días por año con un límite de 12 mensualidades.

La reforma aprobada por decreto el pasado 10 de febrero también abre la puerta a los despidos en el sector público, que también afronta con preocupación los recortes que el Gobierno va a detallar el viernes en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, y que deberán ahondar en la reducción del déficit para cumplir con sus socios europeos.

Desde la patronal consideran que la reforma sí servirá para crear empleo, especialmente gracias al nuevo contrato por el que las empresas de menos de 50 trabajadores y autónomos podrán hacer un contrato indefinido bonificado, compatible con el paro y con un periodo de prueba de un año, durante el cual el despido no tiene indemnización.

Los autonónomos se atrevieron a decir que cuando se recupere el crédito, en unos meses podrán crear 1,5 millones de empleos con esta medida. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado que en mes y medio se han firmado 10.000 contratos de ese tipo, aunque el dato no es indicativo de si se crea o destruye empleo.

Denuncia de coacciones 

Para este jueves, el Gobierno, CC.OO. y UGT han pactado los servicios mínimos en el transporte similares a los de la anterior huelga general (en septiembre de 2010 contra otra reforma laboral), cuando circularon por ejemplo uno de cada tres trenes de cercanías. En varias comunidades, como Madrid y Cataluña, se han cerrado acuerdos similares y en otras no.

En general, los servicios esenciales están garantizados y funcionarán más o menos como un día festivo, con excepciones como la policía, que trabajará al 100% para llevar a cabo un dispositivo especial para garantizar la seguridad y el derecho al trabajo, como ha pedido la patronal.

Los sindicatos, por su parte, han denunciado coacciones en numerosas empresas (200 solo en Andalucía) para que los empleados no ejerzan su derecho a la huelga. Además, han llamado a todos los ciudadanos a participar en las manifestaciones y actos de protesta que se celebrarán en pueblos y todas las ciudades del país. Los líderes de CC.OO. y UGT. lo harán en Madrid.

Numerosos sindicatos minoritarios y colectivos, coordinados en este caso en torno al 15-M, han promovido también esta huelga con el mismo foco con el que nació el movimiento hace casi un año: denunciar la sumisión de la política a los mercados. Estos grupos han realizado sus propias convocatorias de paro, direferenciándose de los sindicatos mayoritarios (a los que acusan de haber pactado, entre otras cosas, el retraso de la jubilación) y han promovido acciones propias, entre ellas una huelga de consumo.

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