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"Acudimos (a Garzón) por justicia; se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos"

  • Pino Sosa, de 75, narra ante el Supremo como mataron a su padre
  • Tres testigos relatan ante el tribunal que juzga a Garzón sus casos
  • Uno de ellos, historiados, califica lo que ocurrió de "genocidio"

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Testimonios de familiares de fusilados en el juicio contra Garzón

"Cuando se llevaron a mi padre se nos llevaron el pan y la sal". Los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo han oído este miércoles el testimonio de Pino Sosa Sosa, una mujer de Gran Canarias de 75 años cuyo padre fue asesinado en la Guerra Civil.

Esta mujer, uno de los tres testigos citados para este miércoles (en total declararán 22 en el juicio), ha explicado que acudieron a la Audiencia Nacional a pesar de tener interpuestas otras denuncias en juzgados canarios "por Justicia".

"Se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñita. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre murió enferma tras su desaparición", ha relatado ante el tribunal.

Pino Sosa, de la Asociación Recuperación Memoria Histórica Arucas (Gran Canarias), ha explicado que su madre nunca firmó la declaración de fallecimiento de su padre porque "se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba".

El primer testimonio ha sido el de María Martín López, de 81 años, de la Asociación Nuestra Memoria, de represaliados en la Sierra de Gredos.

La anciana, de pelo completamente blanco y enlutada, ha relatado ante el tribunal la desaparición su madre cuando ella tenía tan solo "seis años y dos meses". Con un hilo de voz, debido a una afonía, ha narrado que la mataron el 21 de septiembre de 1936 y que sabe donde está enterrada, "pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra".

No la reclames, no vayamos a hacer contigo lo que con ella

"La mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino", donde asesinaron a 27 hombres y a otras dos mujeres, ha explicado a preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda.

María Martín ha relatado como su familia intentó recuperar el cuerpo de su madre pero que recibieron amenazas. "No la reclames, no vayamos a hacer contigo lo que hicimos con ella".

"No he hecho más que escribir a todas las personalidades. Me cogió Felipe González para que cobrara la muerte pero yo lo que quiero es recoger los restos, la memoria histórica. He seguido sola por el mundo", ha añadido.

Tanto María Martín como Pino Sosa han explicado que interpusieron una denuncia en 2006 en la Audiencia Nacional después de haber fracasado en todas las gestiones que realizaron para localizar a sus familiares en ayuntamientos y juzgados.

Un historiador califica lo ocurrido de "genocidio"

La sesión se ha suspendido después de estos dos testimonios hasta que se ha reanudado, a las 12.30, con el testimonio del historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), que ha denunciado un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno de la Segunda República. En su opinión, podría llevar a pensar que se produjeron "actos de genocidio".

Este testigo ha explicado que lo que buscaban al acudir a la Audiencia Nacional era "una reconstrucción lo más fiel posible de lo que ocurrió y que se les pudiera reparar de alguna manera".

El representante de la asociación de Ponteareas ha sido contundente al responder al abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, que cree "imposible" que se pueda saber qué pasó con los desaparecidos sin la intervención judicial y exclusivamente con el trabajo de historiadores y personas dedicadas a la Memoria Histórica.

"Lo que se produjo fue una cosa terrorífica", ha afirmado Ángel Rodríguez al referirse a los asesinatos durante la guerra civil y el franquismo. Hechos que en otros países habían merecido denuncias e investigación por parte de la justicia.

El abogado de Manos Limpias cuestiona los testimonios

Además de a las preguntas del letrado de Garzón, los testigos han tenido que responder las preguntas del abogado de Manos Límpias, el sindicato ultraderechista que ejerce la acusación contra el magistrado, que ha insistido en saber por qué acudieron a la Audiencia y si otros juzgados les habían informado de que los delitos habían prescrito.

El letrado, José María Ruiz, ha llegado a pedir la palabra tras el primer testimonio para quejarse por las declaraciones de testigos. "El objeto del proceso es determinar si el acusado cometió un delito de prevaricación".

El presidente del tribunal, Carlos Granados, ha cortado rápidamente al letrado. "Es el presidente quien determina si las preguntas son pertinentes o no", le ha cortado.

El juicio se reanudará este jueves con el testimonio de otros dos representantes de asociaciones similiares: Josefina Musulen (Asociación de Memoria de Aragón) y Antonia Oliver (Asociación de Mallorca); tras lo que las sesiones se suspenderán hasta el próximo lunes.

Garzón se enfrenta en este juicio, el segundo en este mes, a una petición de 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que le imputan el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

El Supremo admite "excesos" pero sigue adelante

El juicio ha continuado este miércoles pese a que la sala admitió "excesos" en la instrucción de la causa, según el acuerdo alcanzado por mayoría y por el que se rechazó la petición de la defensa y de la Fiscalía de anular la causa abierta a Garzón.

La Fiscalía, al igual que en las otras dos causas contra Garzón -las escuchas de Gürtel y los cobros de Nueva York-, no presenta acusación y la defensa pide la libre absolución.

El acuerdo de la sala del Supremo indica que "sin perjuicio de los excesos que han sido denunciados cometidos en la instrucción", los efectos que se han producido no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación de las actuaciones.

De esta forma, y con el desacuerdo de alguno de los magistrados que conforman el tribunal y que ha impedido la unanimidad, el tribunal se refería a la petición del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y del fiscal Luis Navajas, que solicitaron la nulidad de la causa por la falta de imparcialidad del instructor Luciano Varela.

En concreto, se referían al hecho de que este magistrado orientara y llegara a corregir los defectos del escrito de acusación de Manos Limpias, que a juicio del Supremo es "suficiente" para imputar a Garzón por el delito de prevaricación.

Igualmente, el acuerdo del tribunal considera que los hechos juzgados pueden entenderse como de "naturaleza pública" y que, por tanto, puede aplicarse a esta causa la llamada "doctrina Atutxa" del Supremo, que establece la legitimidad de la acción popular para acusar en solitario cuando el asunto tenga un interés general.

Así discrepa de la defensa y el fiscal que defienden la falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar a Garzón -que se negó a responder a sus preguntas-, ya que no son los perjudicados directos por el delito que denuncian y el Ministerio Público solicita la absolución y el archivo de la causa.

Por su parte, el juez Baltasar Garzón negó en su declaración que fueran razones políticas las que le movieran a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y ha asegurado que hizo lo que creía que tenía que hacer, por encima de ideologías, para contribuir a la reparación de las víctimas.

Garzón insistió en que no vulneró la Ley de Amnistía porque esa norma se refiere a hechos políticos y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes denunciados pudieran tener naturaleza política. "Son hechos delictivos", y no políticos, en un contexto del crímenes contra la humanidad, aseguró.

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