El Gobierno implantará la prisión permanente para casos de "gran repulsa social"

  • Las penas serán "revisables" y de "carácter excepcional"
  • Garantiza que será compatible con la reinserción social del reo
  • Rechaza que se trate de la cadena perpetua
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LAURA G. TORRESLAURA G. TORRES - MADRID 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que el Gobierno cumplirá con uno de sus compromisos electorales y estudiará la introducción de la "prisión permanente revisable" para aquellos casos que hayan alcanzado "el máximo grado de repulsa social".

Así lo ha anunciado Ruiz-Gallardón en la Comisión de Justicia del Congreso, en la que ha subrayado que este tipo de pena será "excepcional", "revisable" y para supuestos "muy restringidos", los que hayan alcanzado "el máximo grado de repulsa social".

El ministro ha añadido que esta pena de prisión permanente revisable equipara a España con la legislación de la mayoría de los países de la Unión Europea.

El titular de Justicia ha recordado que este fue uno de los compromisos electorales del PP y que supone dar respuesta a "situaciones que han producido un gran impacto social", en alusión a casos como el de Mari Luz o el de determinados casos de terroristas etarras.

Gallardón ha aclarado también que regulará como un tipo de pena distinta y "en ningún caso" será una prolongación de las penas vigentes y que se hará compatible con la rehabilitación y reinserción social del reo que persigue el sistema penitenciario y contempla la Constitución Española.

"De cadena perpetua, nada"

En respuesta a las acusaciones a la oposición de que esta medida se trata de una "cadena perpetua", el ministro de Justicia ha rechazado de plano esa denominación. "De cadena perpetua, nada", ha subrayado Gallardón, que ha insistido en que, de hecho, la cadena perpetua y la "prisión permanente revisable" que propone el Gobierno son "incompatibles" precisamente por ser "revisable".

Ha apuntado que ese carácter "revisable" garantiza la constitucionalidad de la pena y ha asegurado que está orientada a la "rehabilitación y reinserción social del reo", ya que será el hecho de que se compruebe esa rehabilitación lo que ponga fin a la prisión, siempre con los límites legales de duración de la privación de libertad impuestos por la Constitución. 

Se trata así, ha añadido, de evitar la puesta en libertad, gracias a la aplicación de los beneficios penitenciarios, de personas que "no se han arrepentido" de sus delitos y que vuelven a delinquir, como ha asegurado que ha ocurrido en muchas ocasiones.

Otras medidas

La de la prisión permanente revisable ha sido solo una de las múltiples medidas que ha anunciado el titular de Justicia en su comparecencia, entre ellas la introducción de tasas judiciales para los ciudadanos que pretendan recurrir una sentencia a una segunda instancia judicial.

El titular de la cartera de Justicia también ha anunciado la modificación de la Ley del Aborto para exigir el consentimiento paterno en el caso de las menores que quieran interrumpir el embarazo y reformas para que los menores que delincan con adultos sean juzgados junto a estos, que afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que se han celebrado dos juicios distintos, uno para un menor y otro para los otros cuatro acusados.

También ha advertido de que, en el caso de los presos de ETA y después del anuncio del cese de la actividad armada, no se harán indultos generales, que están "expresamente prohibidos" en la Constitución, en la que "tampoco cabe" la amnistía. Ha explicado que, en todo caso, los indultos individuales están sometidos a una serie de requisitos y cualquier beneficio penitenciario se estudiaría caso por caso y deberá contar con la reparación del daño causado y la petición de perdón a las víctimas, además de hacerlo de acuerdo con estas.

El Gobierno también ha instado a designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) sin "coutas partidistas".

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