La Vanguardia recogía en 1979 la militarización decretada por la huelga del Metro de Barcelona.RTVE.ES
La militarización dictada este sábado por la revuelta de los controladores aéreos sólo tiene precedentes en los albores de la democracia, cuando el Gobierno recurrió a una ley del franquismo para atajar varias huelgas, la última la del metro de Barcelona en marzo de 1979.
Por entonces, con el Gobierno de Suárez en funciones tras la disolución de las Cortes que aprobaron unos meses antes la Constitución, los conflictos laborales se sucedían en un contexto de carestía de la vida.
UCD ganó con amplía mayoría las elecciones del 1 de marzo (celebradas un jueves) y los trabajadores del metro de Barcelona iniciaron ese mismo día una huelga ante el fracaso en la negociación del nuevo convenio. El del año anterior fijaba un aumento salarial del 15%, pero la inflación estaba desbocada y en esa época pasaba del 20%, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los empleados.
La asamblea rechazó la oferta de la empresa municipalizada y hubo paros durante toda la semana que cerraron las instalaciones del suburbano y produjeron grandes atascos en la ciudad.
Y ello a pesar de que el primer día de la huelga, el gobernador civil mandó una carta para requerir a 850 empleados que cumplieran los servicios mínimos, advirtiéndoles de que si no incurrirían en delito de “desobediencia y sedición”, según una crónica del diario ABC.
La amenaza del gobernador, a la que los sindicatos no vieron base legal, tomó otro cariz cuando el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, decretó el día 7 la militarización de la empresa F.C. Metropolitana de Barcelona S.A. “ante la grave situación de pertubación del orden público” [ver pdf].
Los habitantes de Barcelona sufrían esa semana no sólo la huelga del metro, también la de las panaderías y los grandes almacenes. Incluso el sector textil paró la jornada en la que se decidió esa intervención, tal y como reflejaba La Vanguardia del 7 de marzo, cuya primera página de información local se parecía --en su aspecto-- a una gaceta sindical.
Sin embargo, pese a la agitación social de la época, la militarización del metro era calificada en la portada de ese diario como “de singular trascendencia”.
De hecho, aunque el día anterior el Gobierno también decretó también la militarización de la empresa eléctrica canaria (Unelco), sólo hay unos pocos precedentes con algunas de la numerosas huelgas de los primeros meses de la democracia: Endesa (octubre de 1978), la policía municipal de Madrid (diciembre de 1977), la de Barcelona y los bomberos de la ciudad condal (febrero de 1976), Renfe y Correos (enero de 1976).
La base de datos del BOE recoge sólo otro caso de militarización, el primero de todos, todavía en dictadura, por el conflicto en Bazán, los astilleros militares, en marzo de 1972.
Pero tras esa convulsa década, nunca un conflicto laboral había llegado a tal extremo, si bien en ocasiones sí se ha evocado la Ley de Movilización Nacional de 1969 como amenaza ante la paralización de servicios públicos, una norma cuya constitucionalidad ha sido puesto en duda por algunos juristas.
La ley de estados de emergencia de 1981, que ha aplicado por primera vez este sábado el Gobierno, remite en lo referido a la movilización de los funcionarios a esa ley franquista.
En cuanto al estado de alarma, no sólo no tiene precedente en España desde la Transición sino que tampoco ha sido usado en muchos países europeos desde la Segunda Guerra Mundial. En Francia, en una decisión no exenta de polémica, fue decretado un estado de emergencia por los disturbios en las barriadas de las ciudades a finales del 2005.
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