La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una enmienda que suprimirá los blindajes en empresas, es decir, que pondrá fin a la limitación del derecho de voto que se reservan algunas grandes empresas, como Iberdrola, Repsol y Telefónica. Un pacto previo entre PSOE y CiU ha sacado adelante la medida, a pesar de la abstención del PP y el Grupo Mixto, y los votos en contra de los grupos PNV y ERC-IU-ICV.

El PSOE ha aceptado algunas variaciones propuestas por Convergencia i Uniò, según ha confirmado la portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Marta Gastón.

Según lo aprobado este martes en esa comisión del Congreso, la eliminación del blindaje sólo tendrá efecto en las sociedades cotizadas y se empezará a aplicar un año después de que entre en vigor la reforma que incluye la citada enmienda y que afectará a las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas. 

En virtud de esa enmienda, "serán nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias que, directa o indirectamente, establezcan dicha limitación", aunque también se especifica que las empresas que recogen este tipo de blindajes en sus estatutos dispondrán de "un año desde la publicación de la reforma en el BOE" para adaptarse a la nueva normativa.

También se establece que las sociedades que empiecen a cotizar en bolsa deberán eliminar de sus estatutos las limitaciones a los derechos de voto "en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de admisión".

La Comisión de Economía ha rechazado una transaccional del PP a la enmienda socialista que pretendía compensar la supresión de los blindajes empresariales con la concesión al Ministerio de Industria de un derecho de "verificación" para aquellos casos en los que un inversor extracomunitario se hiciera con el 25 por ciento de los derechos de voto de una compañía española.

El espíritu de esa enmienda transaccional, según ha explicado a EFE el portavoz del PP, José Manuel Albendea, era proteger tanto a los pequeños accionistas como a las propias empresas frente a los intereses extracomunitarios.

"Un precedente peligroso"

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) considera que la aprobación de esta enmienda es un "precedente peligroso" porque defiende un interés "particular", ha asegurado a Europa Press el secretario general de la organización, Javier Cremades.

"La enmienda Florentino supone un precedente peligroso en la medida en que en ella una empresa acude al Gobierno para arreglar su situación particular", ha explicado Cremades. Se refiere así a la situación de ACS, la constructora presidida por Florentino que participa con un 12,7% en Iberdrola, pero que hasta ahora no ha podido ejercer su derecho de voto, a pesar de que los estatutos de la eléctrica limitan el voto por debajo del 10% de acciones.

"Se confirma una medida legislativa ad casum, para solucionar una situación concreta", ha señalado el secretario general de Aemec, quien hubiese preferido "un consenso más amplio" y "una solución a la italiana", en la que se respeten los reglamentos ya existentes de las empresas.

Por su parte, el catedrático de Derecho Mercantil y colaborador de Aemec Juan Ignacio Peinado ha declarado que "la actual limitación era una garantía para los minoritarios de las sociedades de que podrán salir de las mismas a través de un mecanismo de OPA cuando se produzca un cambio de control".

Frente a esta situación, la enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas aprobada este martes permite que un accionista "pueda hacerse con el control sin obligación legal de lanzar una OPA", y por ello, "beneficia a los accionistas que tienen más de un 10% y menos del 30%", que es el límite a partir del cual la legislación obliga al lanzamiento de una oferta de compra por el 100% del capital, ha explicado Peinado.