Unos 235.000 islandeses con derecho a voto están llamados este sábado a pronunciarse sobre el acuerdo alcanzado por su Gobierno para restituir a Reino Unido y Holanda la deuda contraída al nacionalizar el banco por internet Icesave, que asciende a 3.700 millones de euros y que ha colocado al país en una difícil encrucijada, obligado a elegir entre el acceso a la financiación internacional y el orgullo nacionalista.
Los sondeos, en cualquier caso, pronostican una amplia victoria del no -se espera que recoja el 75% de los votos-, por lo que la mirada de la políticos y analistas se dirige ya más allá, hacia las posibilidades que se abren para el país nórdico tras la consulta.
Una situación que nadie esperaba tener que afrontar hace un par de años, cuando Islandia era uno de los países más ricos del mundo gracias a un sistema financiero totalmente liberalizado, que se hundió con facilidad cuando la crisis financiera internacional arrasó los mercados en 2008.
Los tres principales bancos islandeses tuvieron que ser nacionalizados, entre ellos Landbanski, la matriz de Icesave, que operaba por internet y que había captado gran cantidad de ahorro británico y holandés ofreciendo altos tipos de interés. Cuando se produjo la quiebra, Reino Unido y Holanda compensaron a sus compatriotas y pasaron la factura al Gobierno islandés.
La ley que se somete a votación es un acuerdo alcanzado entre el nuevo Gobierno islandés que lidera Johanna Sigurdardottir, Holanda y reino Unido, para devolver los 3.700 millones de euros de deuda pendiente en 15 años con un interés del 5,5%.
Al presidente del país, Olafur Ragnar Grimsson, las condiciones le parecieron tan nefastas que, pese a su carácter representativo y en una actuación sin precedentes, se negó a firmar la ley, obligando al Gobierno a convocar el referéndum. Su gesto, en cualquier caso, ha encendido los ánimos nacionalistas: los islandeses no parecen dispuestos a pagar la factura de Icesave a cualquier precio, lo que prácticamente asegura la victoria del no.
Sin embargo, los analistas señalan que esta elección podría retrasar los nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional que Islandia necesita para reactivar su economía, que, según los datos publicados este viernes, registró una caída récord del 6,5% en 2009, pese a que el PIB aumentó un 3,3% en el último trimestre.
El ministro de Economía, Gylfi Magnusson, ha alertado de que un retraso en los préstamos del FMI podría costar hasta un 5% del PIB a Islandia -unos 6.000 millones de euros-, es decir, más que la deuda de Icesave. Por no mencionar que difícilmente los mercados internacionales aceptarían financiar a un Estado que no devuelve sus deudas.
Asimismo, la negativa aislaría a Islandia políticamente, perjudicando en concreto sus aspiraciones de incorporarse a la Unión Europea, ya que Holanda y Reino Unido podrían -y han amenazado con hacerlo- vetar su entrada.
Otra consecuencia del rechazo a la ley será el debilitamiento un Gobierno, el socialdemócrata, que apenas lleva unos meses en el poder, precisamente como castigo a los conservadores por no haber gestionado adecuadamente la crisis financiera.
No es que el Ejecutivo de Sigurdardottir haya echado el resto en convencer a sus compatriotas de la necesidad de aprobar el acuerdo: se ha limitado a enviar a los hogares un folleto explicativo titulado "¿Sí o no?", en el que detalla qué se juega Islandia en el envite.
Porque la paradoja final es que Islandia sigue negociando con Reino Unido y Holanda cómo refinanciar la deuda y la victoria del sí también podría ser contraproducente, al aprobar un acuerdo peor del que se obtendría ahora. "Es una cuestión de vida o muerte para la economía islandesa, debemos encontrar un acuerdo lo antes posible", insistía este viernes la primera ministra, que ya ha anunciado que no votará en la consulta.
El ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson, era optimista este jueves: "Está próximo un acuerdo mejor", decía en relación a las últimas conversaciones -británicos y holandeses han presentado una oferta sensiblemente mejorada, a un interés fijo con un tipo variable al final, mientras Islandia pretende devolver el dinero en un plazo menor pero sin intereses-. Pero, por el momento, el acuerdo que aprobó el Parlamento es el único que podrán votar este sábado los islandeses.
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