Ver también: Documento íntegro con la propuesta del Gobierno
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El documento que el Gobierno presentará a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo es una primera aproximación a la reforma del Sistema de Seguridad Social, que establece las orientaciones básicas a la hora de renovar las pensiones. Estos son los puntos clave de la propuesta:
Es la medida más polémica: en la actualidad, la edad legal de jubilación son los 65 años, aunque la edad efectiva en el Régimen General se sitúa en 63,27 años. Aunque algunos colectivos reclaman que se desincentiven las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas en lugar de retrasar la edad legal, pero el Ejecutivo recomienda ambas vías.
Así, "siguiendo el camino emprendido por otros países europeos", se insta a subir la edad de jubilación hasta los 67 años "paulatinamente a lo largo de un período de tiempo razonable" a partir de 2013.
Para desincentivar las jubilaciones anticipadas, se propone "limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios", "eliminar las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada" y que la edad legal mínima de jubilación, ahora en 52 años, se incremente "paulatinamente".
El Gobierno pretende ampliar las bases de cotización que se utilizan para calcular el montante de las pensiones "para frenar las situaciones de mayor desproporción entre aportaciones y prestaciones".
Ahora, las pensiones se calculan en función de las bases reguladoras de los últimos 15 años de vida laboral (entre los 50 y los 65 años), lo que penaliza a quien deja de trabajar en los últimos años de su vida laboral, mientras que otros colectivos, como autónomos, pueden elevar sus cotizaciones en esos años para mejorar sus prestaciones.
Aunque posteriormente ha negado que fuera una propuesta, el Gobierno incluyó en la Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 (donde explica a la Comisión Europea sus perspectivas para las cuentas públicas) una estimación en la que elevaba el número de años que sirve de base al cálculo "en una década", es decir, hasta los 25 últimos años de vida laboral (entre los 40 y los 65 años).
Además, el cálculo deberá hacerse sobre los períodos de cotización real, se limitará la capacidad de elección de la base de cotización y se establecerá una única base reguladora para todas las prestaciones. En definitiva, se trata de homogeneizar el cálculo.
Hasta ahora, es necesario haber cotizado al menos 15 años al Sistema de la Seguridad Social para tener derecho a una pensión de jubilación. El Gobierno, en este sentido, estudia -aunque no ha propuesto formalmente- ampliar hasta 17 el número mínimo de años de cotización, lo que también permitiría un mayor ahorro al sistema.
"Cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales", estima el Gobierno en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas.
La propuesta pone en cuestión las pensiones vitalicias por estos conceptos "cuando las convivencias familiares han sido breves y no existen descendientes", por lo que propone "una indemnización de pago único o de una prestación temporal", en línea con otros países europeos.
En estos momentos coexisten varios regímenes especiales por el que cotizan los distintos trabajadores, además del Régimen General: agrario, de empleados del hogar, de trabajadores autónomos, de trabajadores del mar y de minería del carbón. El objetivo es integrarlos paulatinamente en un único sistema.
En contrapartida, la administración y gestión del sistema también se unificaría, agrupando los distintos órganos que ahora se encargan de ello: IMSERSO, INSALUD, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina...
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