Ante la magnitud del déficit acumulado por la crisis -que cerró 2009 en el 11,4%- y la necesidad de recuperar la estabilidad en los presupuestos públicos en 2013 para evitar sanciones de Bruselas, el Gobierno ha querido convertir la contención del gasto en otro de los objetivos de la Ley de Economía Sostenible.
En este sentido, los presupuestos de 2010 incluyen medidas concretas para elevar los ingresos, en forma de subidas de impuestos, mientras que los recortes en los gastos han sido más tenues. En esta línea, la nueva Ley establece un marco general sobre el control de las finanzas públicas más que medidas específicas para limitar el gasto público.
Una de las novedades es que el Gobierno quiere hacer corresponsables a las administraciones territoriales -que gestionan en torno a la mitad del gasto público- de las posibles sanciones que la Comisión Europea si España no cumple el requisito del Pacto de Estabilidad, que impone que el déficit público sea inferior al 3%. Es decir, que pagarán parte de la multa si se exceden -como ocurre en muchas Comunidades Autónomas y ayuntamientos- en sus gastos.
En el caso concreto de los ayuntamientos, la Ley recoge que las entidades locales estarán obligadas a informar cada tres meses a la Intervención General del Estado de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes a proveedores. En caso contrario, el Gobierno podrá, a partir del mes de septiembre de cada ejercicio, retener los importes que les corresponden de los tributos estatales.
El Ministerio de Economía y Hacienda ya ha aprobado un "plan de austeridad y calidad del gasto" para compensar el déficit público y que pretende ahorrar 50.000 millones de euros.
También tiene previsto un programa para racionalizar la estructura de la Administración General del Estado, en el que se "suprimirá, refundirá o reestructurará los órganos que sean necesarios".
En este sentido, la Ley de Economía Sostenible ya crea la Agencia Patrimonial del Estado, que centralizará la gestión de los inmuebles del Estado, hasta ahora repartida entre varios organismos. Otra novedad será el establecimiento de mecanismos "que faciliten la movilidad de los trabajadores en el ámbito del sector público empresarial del Estado", buscando una formación continuada de los funcionarios de empresas públicas.
La Ley también incorpora medidas relativas a la contratación pública, especialmente la limitación de los modificados -las variaciones del presupuesto establecido en un contrato público- al 20% del importe adjudicado.
Asimismo, se simplificarán los contratos públicos para investigación y desarrollo, dentro de la estrategia para renovar el modelo productivo, y se elevarán de 30% al 50% el porcentaje de subcontratación de pequeñas y medianas empresas exigible a las administraciones.
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