La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado mexicano por la muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), que fueron víctimas del caso conocido como del Campo Algodonero, según ha confirmado el abogado defensor, el español Emilio Ginés.
Esta decisión histórica de la CIDH no puede ser recurrida y determina que el Estado mexicano es responsable de los hechos ocurridos por no haber realizado las investigaciones adecuadas sobre estos asesinatos cometidos en noviembre de 2001.
Ésta sería la primera sentencia condenatoria que se emite contra los asesinatos que se han cometido desde 1993 en Ciudad Juárez, donde hasta la fecha han muerto unas 480 mujeres en hechos violentos que no han sido debidamente investigados.
El juicio contra el Estado de México comenzó el pasado 27 de abril en la sede de la CIDH en Santiago (Chile) ante la presunta impunidad, falta de investigación y de actuación frente a los asesinatos de mujeres que se llevan cometiendo en Ciudad Juárez.
En total fueron ocho los cadáveres encontrados en el Campo Algodonero, una zona de trabajo situada a las afueras de Ciudad Juárez, pero cinco de los cuerpos no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación.
Ginés, miembro del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, asesoró a los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña, que se encargaron de la acusación en este proceso que sólo se centró en los casos de tres mujeres asesinadas en el Campo Algodonero.
Días antes de iniciar el juicio, el letrado español dijo que todos los asesinatos ocurridos en Ciudad Juárez "responden a una situación social que se llama feminicidio" debido a ciertas "características especiales", que son que los responsables "van a por mujeres jóvenes, trabajadoras, con una débil posición económica" cuyas familias no tienen capacidad de hacer justicia.
La acusación había pedido una reparación total de las familias de las víctimas, pero no sólo económica, sino con la detención de los culpables. Para ello, reclama que la Procuraduría federal de México sea la que se encargue de estos casos, y no las procuradurías estatales, que pueden estar más influidas por el crimen organizado.
También instó al Estado mexicano a que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de todas las mujeres asesinadas.
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