La Fiscalía pide una fianza de 100.000 euros al empresario madrileño de la 'operación Pretoria'

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de 100.000 euros para el empresario Manuel Carrillo, detenido en Madrid en el marco de la 'operación Pretoria' contra la corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona.

Carrillo ha sido el primero de los nueve detenidos en esta operación que ha declarado este viernes ante Garzón, entre los que se encuentran el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC) y dos ex altos cargos de la Generalitat de Pujol (CiU).

El consejero delegado de la empresa Limasa Mediterranea, que ha negado ante el juez cualquier vinculación con la trama, está a la espera de la decisión que adopte Garzón respecto a su situación y de momento permanece en libertad y ha abandonado la Audiencia Nacional junto a su abogado.

Tras la declaración de Carrillo, es Lluis Prenafeta, ex secretario de la Presidencia durante los gobiernos de Jordi Pujol, quien comparece ante el juez Garzón.

A lo largo del día el magistrado también interrogará al resto de los detenidos en la 'operación Pretoria', que han llegado sobre las 07:30 horas a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil.

Los ocho arrestados el pasado martes en Cataluña, entre ellos los ex altos cargos de la Generalitat Lluís Prenafeta y Macià Alavedra y el alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, fueron trasladados el jueves a Madrid, después de pasar dos noches en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca.

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Hay ocho detenidos, entre ellos, el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, del Partido Socialista, y dos estrechos colaboradores de Jordi Pujol en los tiempos en que era presidente de la Generalitat.

Los otros cinco detenidos son: el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis García.

A estos se suman dos empresarios de la construcción, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

Esta operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey, en el que se vieron implicados varios bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Petrus, con el que se relaciona a algunos de los ahora detenidos.