El CGPJ archiva la denuncia contra el juez que dejó en libertad a la etarra Aranalde

• Así se archiva la denuncia que presentó el sindicato ultraderechista Manos Limpias
• Denunciaban al juez Eloy Velasco por dejar en libertad bajo fianza a la etarra Maite Aranalde
• El CGPJ cree que el hecho denunciado es una cuestión estrictamente jurisdiccional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la denuncia que el sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por dejar en libertad bajo fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde, que posteriormente se dio a la fuga.

Así lo han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que han señalado que la comisión disciplinaria del CGPJ ha adoptado este acuerdo por cuatro votos a uno.

El CGPJ ha considerado que los hechos objeto de la denuncia constituyen una cuestión estrictamente jurisdiccional sin relevancia disciplinaria.

Según fuentes del CGPJ, el voto discrepante correspondió al vocal José Manuel Gómez Benítez, ex abogado del juez Baltasar Garzón.

El pasado 3 de septiembre, la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento de la decisión de la Audiencia Nacional de no adoptar ninguna medida contra Velasco, al considerar que tanto la imposición de la fianza como la orden de ingreso en prisión dictada posteriormente por Garzón se ajustaban a la ley.

Libertad bajo fianza

La falta de documentación sobre la presunta participación de la etarra en la colocación de bombas en 2004 provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita, cuestión que recayó en el juez Eloy Velasco, en sustitución de su compañero Baltasar Garzón que estaba en ese momento de vacaciones.

Velasco decidió imponer a la etarra una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de su familia provocó su inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real, el pasado 27 de agosto.

Después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Velasco y pidió que se impusieran a la etarra mayores medidas cautelares para evitar su huída, entre ellas vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en comisaría.

Esta petición del Ministerio Público no fue resuelta hasta el regreso del juez Garzón, quien decidió revocar la libertad y ordenó su inmediato encarcelamiento.

No obstante, cuando las Fuerzas de Seguridad se dirigían a cumplir la orden del juez, comprobaron que la etarra no se encontraba en su domicilio. Su búsqueda resultó infructuosa, lo que obligó a Garzón a dictar una orden de busca y captura en su contra, al considerar que se había dado a la fuga.