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Blanco aboga por "contener" el sueldo de los funcionarios en 2010 para contener el gasto

  • El ministro de Fomento se muestra partidario de una congelación salarial
  • Asegura que la medida no debe significar "pérdida de poder adquisitivo"
  • Blanco afirma que los sindicatos "están en muy buena disposición"

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Fomento defiende la contención del gasto público y apunta a una congelación salarial para los funcionarios en 2010

Primero fue su "opinión personal" sobre la subida de impuestos para los más ricos y ahora son los sueldos de los empleados públicos. El ministro de Fomento, José Blanco, aboga por establecer "niveles  de contención" en los salarios de los funcionarios de cara al próximo  año, sin que esto signifique, en ningún caso, "una pérdida del poder  adquisitivo". 

En una entrevista concedida a Europa Press, Blanco ha apuntado que  "sería bueno" desarrollar un diálogo "con la mirada puesta en el  futuro" sobre esta cuestión, y ha avanzado que los sindicatos "están en  muy buena disposición para establecer ese criterio y ese acuerdo". 

El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE ha reconocido  que los empleados públicos han visto mejorado su poder adquisitivo en  los últimos meses como consecuencia del descenso de la inflación, que  se sitúa actualmente en el -1,4% y que el Gobierno prevé que vuelva a  tasas positivas en el tramo final del año. 

"Es cierto que los funcionarios de nuestro país han aumentado su  poder adquisitivo como consecuencia de la inflación baja en este  tiempo", ha admitido Blanco, quien ha señalado que el Gobierno afronta  "tiempos de austeridad" derivados de la crisis económica. 

El incremento salarial para los 2,6 millones de empleados públicos  que recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2009 es de un  2%, porcentaje que se eleva por encima del 3% al incorporar las pagas extraordinarias y otros complementos específicos. 

De los más de 2,6 millones de funcionarios, 1,3 millones (50,6%)   corresponden a las comunidades autónomas, 629.505 (23,85%) a las  administraciones locales, 575.021 (21,8%) a la administración central  y 99.530 (3,8%) a las universidades, según datos del Ministerio de  Política Territorial.