El TSJ de la Comunidad Valenciana ve indicios de delito contra Camps para llevarle a juicio

  • El magistrado José Flors fija la apertura del juicio oral para el 15 de julio
  • Establece que Camps sea juzgado por un jurado popular
  • Considera que pudo existir delito de cohecho en los hechos que se le atribuyen
  • El presidente de la Generalitar valenciana recurrirá el auto
  • El Partido Popular ha asegurado que mantiene su confianza en Camps
RTVE.es/AGENCIAS - VALENCIA 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors ha decidido continuar la tramitación del procedimiento contra el presidente de la Generalidat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho en la causa originada por el 'caso Gürtel' y ha fijado la apertura de juicio oral para el próximo día 15. Camps recurrirá el auto en apelación.

En esta comparecencia las acusaciones "deberán concretar la imputación, y las defensas alegarán lo que estimen oportuno, pudiendo solicitar nuevamente el sobreseimiento".

Todas las partes podrán pedir diligencias de investigación.

El magistrado considera que existen "suficientes indicios racionales" para estimar que Camps, junto con el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, y los ex miembros del Gobierno valenciano Víctor Campos y Rafael Betoret, pudieron incurrir en un delito de cohecho por haber recibido presuntamente regalos -principalmente trajes- de la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa.

La resolución de Flors, que no es definitiva y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, se produce como consecuencia de la investigación que lleva a cabo desde el pasado mes de abril, durante la cual tomó declaración a Camps y el resto de imputados por haber recibido regalos procedentes de la trama corrupta liderada por Francisco Correa.

Según ha anunciado la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, Camps ha comunicado a la dirección del PP su intención de recurrir el auto.

Jurado popular

En el auto se señala que en la "comparecencia prevenida" en el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado, fijada para las 10.30 horas del próximo día 15 con presencia de los imputados y ante un jurado, las acusaciones deberán concretar la imputación y las defensas alegarán "lo que estimen oportuno, pudiendo solicitar nuevamente el sobreseimiento", mientras que todas las partes podrán pedir diligencias de investigación.

Asimismo, desde el TSJCV se asegura que las actuaciones del proceso penal serán secretas para el público hasta el momento en que se abra el juicio oral, así como que la decisión de Flors puede ser recurrida por ambas partes en un plazo de cinco días hábiles.

Este magistrado investiga si Camps recibió trajes de las tiendas Forever Young y Milano pagados por Orange Market, empresa dirigida por Álvaro Pérez y filial en Valencia de Special Events, una de las sociedades de Francisco Correa, encarcelado por su supuesta relación con la trama de corrupción que se investiga en el "caso Gürtel".

Garzón, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, se inhibió en marzo en favor del TSJCV de la investigación correspondiente a Camps y Costa, por su condición de aforados, a los que después se sumarían las diligencias abiertas a Campos, a Betoret y a Álvaro Pérez.

12.783 euros en trajes

Según las investigaciones desarrolladas por Garzón, Camps recibió prendas de Forever Young y Milano por valor de 12.783 euros, mientras que Betoret lo hizo por 9.950, Costa por 7.325 y Campos por 4.850 euros.

La Fiscalía Anticorrupción sostenía entonces que los hechos a investigar respecto a los dos aforados consistían en la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa, sin que resulten "vinculados a una concreta actividad" del entorno de Correa.

Tras estudiar durante varias semanas el auto de Garzón, el TSJCV decidió el 14 de mayo imputar por un supuesto delito de cohecho a Camps, Costa, Campos, Betoret y Pérez, a quienes citó a declarar en dos días consecutivos.

Estas comparecencias suscitaron una amplia cobertura informativa ante el Palacio de Justicia de Valencia, donde se desarrollaron las declaraciones, además de congregar tanto a simpatizantes como a detractores de los imputados.

Testigos interrogados

El magistrado también ha interrogado como testigos a todas las personas que han autorizado contratos entre la Generalitat y Orange Market y a quienes formaron parte de las mesas de contratación que adjudicaron obras a esa mercantil, entre ellos varios altos cargos de la Administración valenciana; al sastre José Tomás, al perito contable de Forever Young y al representante legal de Milano.

Desde que se conocieron las imputaciones, las reacciones en el seno del PPCV han ido desde la negación de los delitos señalados y las "ganas" de Camps de declarar ante el juez "para que todo se esclarezca", a la "indignación" tras conocer las imputaciones y la "satisfacción" de Costa tras testificar ante el juez.

Por su parte, Campos y Betoret, así como Álvaro Pérez, se han mantenido en un segundo plano y han limitado sus declaraciones al día que testificaron ante el juez, a responder con un escueto "muy bien" al ser preguntados los dos primeros por cómo había ido el interrogatorio, mientras el tercero manifestó: "Yo sí respeto el secreto del sumario". 

Camps y Costa recurrirán

Por su parte, fuentes de la Generalitat también han confirmado que Camps "recurrirá en apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la decisión de continuar el procedimiento contra él por un supuesto delito de cohecho.

Según han confirmado a Efe fuentes de Presidencia de la Generalitat, Camps recurrirá la decisión del magistrado José Flors que mantiene que no ha lugar al sobreseimiento libre ni al archivo de la causa por existir "suficientes indicios racionales" para continuar el procedimiento, al considerar que los hechos investigados en el "caso Gürtel" pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho.

Fuentes del PP han informado de que también recurrirá en apelación el secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en las Cortes, Ricardo Costa. Según las fuentes, Costa, que siempre ha defendido que él no tenía capacidad de ejecución ni de contratación, está estudiando la decisión del instructor, sobre la que ha mostrado su "respeto", y aportará las pruebas que le sean solicitadas.

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