Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, una de las preguntas que se abre en el horizonte es cuál será el futuro de Carles Puigdemont. ¿Podría volver a España sin ser detenido?
Su situación no va a cambiar de forma inmediata, pero la decisión de la Justicia Europea le allana el camino, porque el Tribunal Constitucional debe resolver su recurso contra el Supremo.
El Alto Tribunal no aplica la amnistía al delito de malversación, y por eso mantiene la orden de detención contra él. Pero esa decisión no se espera hasta el próximo otoño.
En noviembre hará diez años que Carles Puigdemont se fugó a Bruselas.
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se querellará por injurias contra el empresario Víctor de Aldama al comunicar el abogado de este en un acto de conciliación en un juzgado de Madrid que no se retracta de sus palabras en relación a un supuesto sobre vinculado a PDVSA para financiar al PSOE. El acto de conciliación se ha celebrado este jueves en la Plaza número 50 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, ante el que se han personado los abogados de Delcy Rodríguez y de Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo.
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, declaran este jueves como investigados en el caso Leire Díez tras la petición del juez Santiago Pedraz. El magistrado les atribuye presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
González fue imputada después de que la UCO asegurase en uno de sus informes que la directora de la benemérita mantuvo tres reuniones con Díez, entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Según la investigación, a través de las entrevistas personales, la exmilitante socialista habría logrado "instigar a que iniciara actuaciones administrativa contra la UCO".
En mayo, González aseguró en el Senado que "jamás, nunca" había participado "en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil". Sin embargo, la directora de la Guardia Civil sí admitió varios encuentros con Díez y el intercambio de mensajes cuando ejercía de delegada del Gobierno en Madrid, entre marzo de 2021 y marzo de 2023.
El juez Pedraza imputó al DAO tras un informe de la UCO, que desvelaba que Rafael Yuste, el entonces jefe de la unidad entre 2023 y 2025, habría sido presionado por Llamas y el exdirector general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, para "ponerse de perfil" en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarado como testigo en el caso Leire. Narbona le ha dicho al juez Santiago Pedraz que conocía a la exmilitante socialista, pero ha negado saber nada de sus maniobras.
La presidenta del PSOE, que ha declarado por espacio de unos diez minutos, ha explicado ante los medios que Díez le dijo que "conocía hechos que podían ser importantes". "Por 'hechos' yo entendí 'hechos', desde luego nada que ver con lo que se está investigando", ha insistido.
Ha reconocido, además, que los indicios contra la llamada fontanera del PSOE son preocupantes.
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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santos Cerdán para explicar, cómo conoció a Leire Díez y las veces que habló con ella. Narbona ha negado haber tenido conocimiento "de la supuesta trama que se está investigando". La socialista, que ha declarado por espacio de unos diez minutos, ha explicado ante los medios que Díez le dijo que "conocía hechos que podían ser importantes". "Por 'hechos' yo entendí 'hechos', desde luego nada que ver con lo que se está investigando", ha insistido.
Narbona derivó esta información al secretario de Organización del PSOE, ya que "entre otras facultades, tenía la política de comunicación". Días después, ha continuado su relato, "Santos Cerdán, preguntado por mí, me dijo que no había traído nada de interés".
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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha comparecido ante el juez que investiga el llamado caso Leire, Santiago Pedraz. Narbona ha reconocido que conocía a la exmilitante socialista, con quien intercambió varios mensajes.
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La Audiencia Provincial de Badajoz condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La Hora de La 1 desglosa las claves de la sentencia que condena a otros diez investigados, incluyendo al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Los tres magistrados que firman el fallo de 378 páginas concluyen que la plaza ni era necesaria ni "urgente" y que fue creada "a medida y vacía de contenido".
El tribunal califica de "especial relevancia" y "sumamente ilustrativa" la declaración en el juicio del teniente coronel Antonio Balas.Durante su testifical, Balas señaló que el destinatario del puesto estaba "predeterminado" para David Sánchez. Los jueces creen que las declaraciones de los testigos de la Diputación no alcanzaron "los necesarios requisitos de credibilidad y verosimilitud". La sala cree que al ser "altos cargos de una estructura fuertemente jerarquizada" y de "carácter presidencialista", sus testimonios estaban "preparados" y "ausentes de la deseable espontaneidad y veracidad".
La clave de la condena por inhabilitación, sin pena de prisión, recae en que el tribunal no ha apreciado el delito más grave, el de tráfico de influencias. Los jueces consideran que las acusaciones populares no han acreditado ni los hechos concretos de esas supuestas influencias ni tampoco qué personas las realizaron o recibieron. Foto: EFE
El primer testigo, trabajador de la Diputación de Badajoz, fue clave porque, cuando se creó el puesto que ocupó David Sánchez, se opuso e insinuó que era para "el hermanísimo". Pero ante el tribunal negó tener información y lo rebajó a un mero rumor que había oído.
También se llamó a declarar a dos de los otros diez candidatos que aspiraron al puesto. Uno no vio irregularidades. Otra aseguró "que no había igualdad de oportunidades", aunque reconoció que no puso ninguna reclamación. Para las acusaciones populares, el testimonio de mayor peso fue el del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que sustentaba la tesis del enchufe. La mayoría de los demás testigos, vinculados a la Diputación de Badajoz, defendieron la legalidad de la contratación y que el puesto era de libre designación. En sus declaraciones tanto el hermano del presidente como el exlíder del PSOE en Extremadura negaron cualquier amaño.
David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Los jueces consideran que su plaza en la Diputación de Badajoz no era necesaria y no tenía contenido, pero le absuelven del delito de tráfico de influencias que es el que conlleva penas de cárcel.
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El Tribunal Supremo ha dado la razón al TSJPV y ha declarado firme la sentencia que exime a los empleados de las subcontratas de acreditar el mismo nivel de euskera que los funcionarios. La portavoz del ejecutivo pide que el euskera deje de ser foco de procesos judiciales
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Miembros de ERC, Compromís y Sumar han criticado la decisión del tribunal, calificándola de "desproporción" y asegurando que con estas resoluciones "ponen muy difícil creer en el Estado de Derecho".
Desde Vox han asegurado que la sentencia demuestra que los miembros del Gobierno son "unos ladrones".
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