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En medio de un entorno económico incierto y complicado, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza. La Encuesta de Población Activa (EPA) de primavera deja datos que no se veían desde hace 14 años, antes de la última crisis. Los parados bajan de tres millones y la tasa de desempleo cae al 12,5%, mientras se rozan los 20 millones y medio de ocupados y la temporalidad cae casi a mínimo histórico: 22,3%. 255.300 personas dejaron las listas del paro entre abril y junio. Hay 2.919.000 personas sin empleo.

Foto: EFE / ISMAEL HERRERO

El pacto de rentas sigue lejos a pesar de las reuniones. "Siempre sirven", ha señalado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en Las Mañanas de RNE. Pero ha explicado que sigue viendo el pacto y el acuerdo con la patronal para la negociación colectiva como algo lejano. "Creemos que un pacto de rentas debe incluir muchos más elementos que un acuerdo de salarios", ha indicado, señalando la importancia de hablar de fiscalidad y de cómo compensar a los trabajadores que tienen las rentas más bajas. Opina que “vuelve la conflictividad” a los convenios y dice estar seguro de que después del verano se irá a “grandes movilizaciones coordinando los sectores”.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "no es verdad" que ella haya pedido que los ministros de Unidas Podemos "no estén" en el acto de lanzamiento de su proyecto Sumar, previsto este viernes y ha hecho un "llamamiento" para que todos estén en ese acto, aunque ha agregado, que "el protagonismo es de la gente y es ciudadano". Así ha respondido después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asegurase en una entrevista en TVE que Díaz había pedido que los ministros de UP no acudieran.

Foto: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una intervención en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Fernando Alvarado

El Consejo de Ministros aprueba hoy un decreto que prohíbe que los interinos estén más de tres años seguidos en esta situación, que pretende acabar con la temporalida en el sector. Los profesionales sanitarios aplauden esta estabilización pero creen que el decreto no resuelve otros muchos problemas como la escasez de profesionales, el colapso de la atención primaria o la falta de inversión y planificación. "Nadie ha hablado de mejorar las condiciones laborales" ha dicho Samuel García Rubio, internista en el Hospital Gorliz de Bizkaia y miembro de Médicos Unidos por sus Derechos. En 14 horas ha señalado que "viene a intentar poner un parche" porque no aborda, a su parecer, el fondo de la cuestión, y ha denunciado que los sistemas de gestión de recursos humanos "son ineficientes y extraordinariamente lentos. Pagué las tasas en 2016, me examiné en 2018 y se ha incorporado la gente en 2021". "Hay un planteamiento a medio y largo plazo para mejorar la sanidad, no simplemente una corrección de un problema alarmante y del que Europa da una señal de alarma", ha añadido y ha criticado si el sistema de acceso a la función pública actual es el adecuado: "Yo creo que lo principal es sentarse a hablar con los sanitarios [...] y pensar si realmente el sistema que tenemos para la selección de personal es el adecuado o va a promover que dentro de 10 o 20 años tengamos la misma situación que ahora".

La temporada turística sigue impulsando la creación de empleo en España. Lo hace más lentamente que el pasado año, debido al impacto de la guerra en Ucrania, pero con mayor calidad tras la puesta en marcha de la reforma laboral. En junio, la Seguridad Social sumó 115.607 trabajadores medios, lo que eleva el récord de afiliación hasta los 20,34 millones; en el caso del desempleo, el número de personas registradas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) descendió en 42.409, a menor ritmo que en los años precedentes, si bien se sitúa ya por debajo de los 2,9 millones y en los niveles más bajos desde octubre de 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera.

El departamento que dirige José Luis Escrivá ha hecho hincapié en que esta "dinamismo" del empleo "está siendo compatible con una mejora de su calidad" gracias al impacto positivo que está teniendo la reforma laboral tras seis meses en vigor. Así, de los 1.768.988 contratos registrados, 783.595 fueron de carácter indefinido, la mayor cifra en cualquier mes de toda la serie histórica. Suponen prácticamente uno de cada dos nuevos contratos (44,3 %) y multiplican por cinco la media de contratación indefinida en este mes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en la necesidad de crear un impuesto a las compañías eléctricas, pero sin esperar a buscar su encaje en los Presupuestos Generales del año que viene porque, según ha asegurado, la Constitución impide que se pueda hacer a través de la Ley de Presupuestos, como había planteado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En declaraciones a la prensa en Luxemburgo, Díaz ha instado a actuar ya y legislar: "Actuemos ya, legislemos y pongamos en marcha ese mecanismo".

Foto: EFE/Julio Muñoz.

En torno a dos millones de trabajadores cobran el salario mínimo en nuestro país: mil euros, en 14 pagas. Son el doble que hace una década y viven entre la agonía y los números rojos. En un escenario de precios disparados, cada día que van al supermercado o llega una factura, se las desean para cuadrar las cuentas.

La última subida del salario mínimo fueron 35 euros, pero la inflación resta a esas nóminas entre 60 y 90 euros mensuales. Las familias tienen que gastar casi mil euros más al año para consumir lo mismo que hace doce meses, un esfuerzo imposible para más de diez millones de españoles que, según el INE, no llegan a fin de mes. Santos es uno de ellos. Tiene mujer, dos hijos y trabaja en un almacén. Gana mil euros al mes. Con eso viven los cuatro. Su historia es la de la pobreza laboral, la de un padre de familia que cada día se levanta para ir a trabajar mientras se estruja los sesos y el bolsillo para sobrevivir con el salario mínimo.

Es un reportaje de Elena Pernas y Javier Monterde.

El Gobierno reabre el debate sobre el papel de la inmigración y su inserción en nuestro mercado laboral, al anunciar cambios en el Reglamento de Extranjería. Estos cambios pretenden facilitar la contratación de trabajadores extranjeros en puestos de trabajo que no se ocupan con mano de obra nacional, pero los sindicatos creen que esa medida puede dañar la calidad del empleo. 

UGT y Comisiones Obreras critican que no se haya contado con ellos para esta reforma y tildan la reforma de clasista porque, a su juicio, implica que unos migrantes son más aceptables que otros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende la medida y explica que debe ser compatible con la "dignificación de las condiciones de trabajo": "Un equilibrio entre que las personas que vengan a nuestro país lo hagan bajo las condiciones de un contrato de trabajo que esté ordenado y que, por otra parte, podamos atender necesidades del mercado laboral".

Informa Mónica Marhuenda