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El Congreso ha convalidado el Decreto-Ley que reconoce los derechos de las trabajadoras del hogar, discriminadas durante muchos años en la legislación laboral. Tendrán derecho a paro y su despido deberá justificarse.

La elevada inflación provocará la movilización de los sindicatos este otoño para exigir subidas salariales que compensen el aumento descontrolado de los precios. La primera concentración será el próximo 7 de octubre ante las sedes de todas las organizaciones emprpesariales del país y la gran manifestación será el 3 de noviembre. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, se ha acercado hasta el 24 horas de RNE para hablarnos de esta movilizaciones.

Sobre las próximas movilizaciones, Pepe Álvarez asegura que inician "un proceso de convegnecia de todos los convenios colectivos para desbloquear la negociación". En cuanto a la propuesta de subida salarial de Garamendi, el secretario general de UGT denuncia que "hacer aumentos salariales medios en España del 2,8% con una inflación de más del 10% me parece una tomadura de pelo" y propone que cuando se haga el proceso de revisión: "Los salarios tienen que subir lo mismo que sube el coste de la vida".

Acerca de la propuesta del Gobierno para la subida de salarios a los empleados públicos, Álvarez cuenta que no pueden esperar el mismo resultado "en una mesa de la función pública que en un acuerdo que prácticamente sólo habla de recomendaciones salariales"



El teletrabajo, aunque todavía presente, se ha reducido a apenas un 10% a medida que la gravedad de la pandemia del covid ha ido disminuyendo. Que la actividad no sea susceptible de teletrabajarse, un tejido empresarial de microempresas o el “presentismo y la desconfianza” en los trabajadores, son algunos de los elementos que para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras, dan respuesta a la baja tasa de teletrabajo en nuestro país.

Recientemente el Ejecutivo ha acelerado el trabajo de los funcionarios hasta tres días por semana y para Gutiérrez esta implantación, con las condiciones en materia de derechos e igualdad cubiertos, puede resultar muy positiva y un paso hacia esa “fórmula híbrida” a la que, señala, aspiran en general los trabajadores. Aunque, matiza, en el caso de la administración pública no se puede olvidar la importancia de la presencialidad para gestionar ciertos procesos necesarios para los ciudadanos. Considera también que “el teletrabajo no es posible si no hay confianza entre los responsables y los trabajadores” y eso es algo en lo que, a s uparecer, todavía tenemos que trabajar.

Multa millonaria de la inspección de Trabajo a la empresa de reparto a domicilio Glovo. Le impone casi 79 millones de euros por operar con 10.600 falsos autónomos en Barcelona y Valencia, a los que ha dado de alta en la Seguridad Social. Glovo ya ha anunciado que presentará alegaciones.

Foto: REUTERS/JON NAZCA

Yolanda Díaz se inspira en la medida aprobada en 2011 por Nicolas Sarkozy cuando los incendios y las inundaciones acabaron con las cosechas en Francia. Entonces, el que fuera presidente de la derecha, suscribió un acuerdo con las grandes cadenas de distribución para que garantizaran la oferta de diez productos básicos a un precio menor a los 20 euros. Esta lista debía incluir carne, pescado, verduras y lácteos, y debía ser suficiente para que una familia de cuatro componentes comiera tres veces al día. La cesta estuvo vigente durante un año, hasta que los socialistas llegaron al poder, pero en este tiempo las organizaciones de consumidores denunciaron que la oferta real incluía productos de muy baja calidad.

Informa, Antonio Delgado.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, se reúne hoy con asociaciones de consumidores y con las grandes distribuidoras para establecer una cesta de productos básicos con un precio establecido, y sobre ello le hemos preguntado a Julio Costas,  catedrático de Derecho Mercantil y exconsejero de la Comisión Nacional de la Competencia. "El mercado de la distribución minoritaria de alimentación no es un mercado regulado, por lo que el Gobierno carece de competencia para fijar precios", ha señalado en Las Mañanas de RNE. Ha recordado que el Gobierno tampoco puede incentivar que las grandes superficies fijen precios por estar "expresamente prohibidos por el tratado de funcionamiento de la Unión Europea". Y ha señalado también que, independientemente de cual fuera el acuerdo final, los minoristas podrían terminar viéndose perjudicados.