La Unión Europea y Estados Unidos piden a los responsables del golpe de Estado en Níger que devuelvan el poder al presidente legítimo del país mientras la población se divide entre el apoyo y el rechazo a los militares.
Un grupo de militares, miembros de la Guardia Presidencial y autoproclamados como Consejo Nacional de Salvaguarda de la Patria (CNSP), han dado un golpe de Estado en Níger y afirman haber derrocado al presidente Mohamed Bazoum. Lo mantienen retenido en el palacio presidencial y aseguran que está a salvo, pero advierten que están listos para atacar si hay algún intento de sublevación. Han suspendido todas las instituciones y han cerrado las fronteras terrestres y aéreas del país.
Bazoum ha llamado desde su cuenta de X (antes Twitter) a "salvaguardar los logros conseguidos democráticamente". Cientos de ciudadanos de la capital, Niamey, han salido a las calles y han rodeado el palacio presidencial, exigiendo la liberación de su presidente, quien fue elegido en 2021 y que ya sufrió unintento de golpe militar dos días antes de su investidura. A pesar del incidente, se trató del primer traspaso de poder pacífico desde su independencia de Francia en 1960.
La comunidad internacional ha emitido sendas condenas por el "atentado" contra la democracia en Níger y han exigido la liberación "sin condiciones" del mandatario.
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El Ejército birmano dirige con mano de hierro el país desde que dio el golpe de Estado en 2021 y ahora se enfrenta a un momento clave: caduca el Estado de emergencia y debe legitimarse en las urnas. Por eso, los militares quieren celebrar unas elecciones a su medida en agosto. Preguntamos a los expertos qué escenarios se abren en este momento y la mayoría coincide en que la situación, que muchos definen como “guerra civil”, parece abocada a verse estancada.
Según datos de las ONG locales, la Junta Militar ha matado a casi tres mil personas y ha encarcelado a 18.000 en los últimos dos años. Amnistía Internacional cree que se han cometido “crímenes contra la humanidad” y que, sistemáticamente, reprime a las minorías étnicas y a los sospechosos de simpatizar con la democracia. A pesar de este panorama, la resistencia sigue luchando y ha convocado a una huelga de silencio que ha dejado desiertas muchas calles del país.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial han llamado a mantener la "serenidad" y "defender la democracia" en paz tras el asalto a las instituciones perpetrado por miles de radicales bolsonaristas.
"El país necesita normalidad, respeto y trabajo" para alcanzar "el progreso y la justicia social", señala la nota conjunta firmada por Lula, los jefes del Congreso y la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber.
Los máximos representantes de los tres poderes se han reunido este lunes para analizar la grave crisis que atraviesa el país tras los acontecimientos sucedidos en la capital brasileña el domingo, cuando miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y causaron graves daños a las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema.
Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
