Mariano Ordaz tiene 67 años, los mismos que lleva viviendo en su casa en el barrio de Embajadores en Madrid. Le quieren desahuciar porque le subieron el alquiler hasta los 800 euros y no puede pagarlos: "Ojalá me den más tiempo para encontrar un lugar donde ir, ¿qué hago con mis cosas?". La vivienda además presenta graves problemas de habitabilidad, como la cocina que tiene el techo roto y que no han reparado. Mariano teme que en el momento en que saliera de su casa para que hicieras las obras ya no podría volver: "Es una treta, quieren que me vaya de aquí, restauran la finca y me dejan fuera". Lamenta que ahora mismo sobrevive gracias a la ayuda de los vecinos que le permiten asearse y que tiene que comer fuera de casa.
Explica que ha intentado negociar con la propiedad, pero la respuesta es que les debe 15.000 euros y no han querido negociar con él. Una de sus vecinas también tiene problemas en su casa que no han arreglado y está pagando un alquiler de 1.500 euros. Mariano recibe el apoyo del sindicado de inquilinas e inquilinos de Madrid, que lamenta que con la caída del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, personas en situación como Mariano quedan desprotegidas.
Esto merece una explicación
