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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este jueves a la planta de Ford en Almussafes (Valencia), con motivo del acuerdo de la empresa automovilística con la compañía china Geely Auto para producir cinco modelos multienergía en la fábrica. Un modelo que requerirá un aumento de plantilla, aún sin concretar.

Al acto han asistido también la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. También ha estado presente el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Previamente, el jefe del Consell se había congratulado por el hecho de que la empresa comunicara "una buena noticia para el futuro de los trabajadores de la factoría".

Durante su comparecencia, el presidente ha felicitado a los más de 4.000 empleados de la fábrica, a los que, afirma, se les ha facilitado formación y protegido el empleo". Además, Sánchez ha enfatizado en el compromiso del Gobierno con la transformación eléctrica en el sector automovilístico: "Nuestro objetivo es claro: que esta transformación se traduzca en más industria, más empleos y más empresas".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado este miércoles ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que no mantuvo contacto con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta pasadas las 23:00 horas de aquel día, cuando ambos intercambiaron un mensaje de WhatsApp. Según ha relatado, le informó de que se había convocado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en la ciudad de Valencia, a lo que Mazón respondió únicamente: "Esto es horrible".

Catalá ha explicado que no volvió a hablar con el entonces jefe del Consell hasta las 2:32 horas de la madrugada, cuando le comunicó que la pedanía de Pinedo se había inundado y que los equipos de emergencia estaban rescatando a personas atrapadas en sus vehículos en la autovía A-3.

FOTOGRAFÍA: EDUARDO MANZANA / EP

La normativa del ruido en la ciudad de València está bajo análisis después de la reciente cancelación de la segunda jornada del festival de Les Arts. Precisamente, a este precedente se acogen los vecinos de las proximidades del Aeropuerto de Manises, que reclaman que se ponga solución a la contaminación acústica que sufren y se afronten con el mismo rigor todos los casos. "Se ha producido una situación muy trascendente, que ha tenido mucha notoriedad pública, como es la suspensión de un festival con devolución de entradas. Nos llama la atención porque la misma situación la tenemos nosotros todos los días" critica Lluismi Campos, vecino y concejal de Quart de Poblet.

"Mi vivienda está a 400 metros de la pista del aeropuerto. El ruido de los aviones no nos permite mantener una conversación normal, incluso muchas veces en los colegios tienen que parar las clases", reivindica Roberto Villena, vecino de Quart de Poblet e integrante de la Plataforma No a la Ampliación, Sí al Traslado del Aeropuerto.

"Padecemos estrés, hipertensión e insomnio"

AENA realiza mediciones diarias en los núcleos urbanos y ejecuta planes de aislamiento acústico en las viviendas próximas, pero los vecinos consideran que no es suficiente. "Normalmente, los aviones exceden los 70 decibelios, incluso algunos rozan los 100. Lo más grave de todo es que está afectando a nuestra salud. Padecemos estrés, hipertensión e insomnio, porque los aviones no paran, pasan las 24 horas del día" denuncia José Navarro, vecino de Quart de Poblet e integrante de la Plataforma.

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a ocho años y medio años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a dos años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

FOTOGRAFÍA: BIEL ALIÑO / EFE