Detienen al expresidente de Paraguay Santiago Peña tras su destitución en el Senado por el escándalo de Ueno bank
- El hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana, ha jurado el cargo como nuevo presidente de Paraguay
- La quiebra de Ueno bank ha dejado a millones de clientes sin acceso a sus cuentas
Santiago Peña en una imagen de archivo de julio de 2024.DANIEL DUARTE/AFP
La Policía Nacional de Paraguay ha informado este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado, "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio, tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.
El auto de arresto pide garantizar la detención domiciliaria de Peña "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de la capital Asunción. El documento también dicta la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) cuando renunció por el escándalo del vaciamiento de Ueno bank.
Previamente, el Senado ha destituido a Peña tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político celebrado en su ausencia. Con el voto a favor de los 44 senadores presentes, el mandatario, de 47 años, se ha convertido en el segundo presidente en la historia reciente del país desalojado del poder mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).
Peña no ha acudido al Legislativo y ha delegado su representación en los letrados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes han presentado la defensa "técnica" y "jurídica" del ya exmandatario. Tras su renuncia la víspera, Peña había permanecido formalmente en el cargo después de que el Congreso no se pronunciara sobre su dimisión por falta de cuórum. El líder había asumido el poder en agosto de 2023 para un mandato de cinco años.
El hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana, tras jurar el cargo como nuevo presidente de Paraguay ha anunciado que los afectados por el "descalabro financiero" como consecuencia del cierre de Ueno bank "serán compensados plenamente".
El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana.EFE/Juan Pablo Pino
La bancarrota de Ueno
Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central ordenara un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato de Peña millonarios recursos de entidades públicas.
A ello se sumó la preocupación de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.
Incluso, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares "del pueblo paraguayo" tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como "el desfalcador más grande de la historia" del país.
Peña, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, dimitió cuando se celebraba en la Cámara Baja del Congreso una sesión para decidir si lanzaba un proceso de destitución contra él. Finalmente, ese hemiciclo optó por iniciar el juicio político.
La Constitución de Paraguay establece que el proceso de destitución requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase al Senado. Ya en la Cámara Alta, se necesita una mayoría de dos tercios para declarar culpable al acusado.
La decisión del Senado tiene consecuencias en la situación política y judicial del todavía presidente, porque al destituirle, pese a haber dimitido, no podrá acceder a la condición de senador vitalicio y, por tanto, no contará con los fueros correspondientes a este puesto con lo que podría enfrentarse a un posible enjuiciamiento penal por la denuncia presentada en su contra, sin que fuera necesario iniciar un procedimiento de desafuero.
A raíz de la renuncia de Peña, han dimitido también el responsable del Gabinete Civil de Paraguay, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, y el ministro del Interior, Enrique Riera, según varios decretos publicados este viernes.
