Sanidad urge a Madrid a anular unos supuestos acuerdos de confidencialidad tras la denuncia por las listas de espera
- El ministerio apunta contra dos documentos supuestamente repartidos entre profesionales de dos hospitales
- "Esto tiene un nombre, se llama coacción", dice la ministra de Sanidad
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El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid para que anule unos acuerdos "coaccionadores" de confidencialidad que supuestamente han repartido varios hospitales a sus trabajadores para que no denuncien irregularidades como hizo un cirujano del Ramón y Cajal acerca de la presunta alteración de listas de espera.
"La Comunidad de Madrid no solamente está invitando a través de un documento coaccionador a los profesionales a que no denuncien, sino que a quienes denuncian, les está señalando y eso está prohibido por ley", ha advertido este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de una campaña sobre el aborto.
La ministra se ha referido así a unos acuerdos de 'Compromiso de confidencialidad y deber de secreto' que al menos el Hospital Universitario Doctor Rodríguez Lafora y el Hospital Universitario de Getafe han repartido entre sus profesionales.
Los documentos, según publica la agencia EFE, tienen por objeto "establecer el compromiso de confidencialidad y el deber de secreto profesional que deben cumplir todos los profesionales que desarrollen su actividad en el hospital, independientemente de su relación laboral, profesional o formativa".
El profesional que lo firme "se compromete a mantener la más estricta confidencialidad" respecto de toda la información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, como datos personales y relativos a la salud de los pacientes, información clínica o asistencial, administrativa o económica o "cualquier otra que afecte a los derechos de pacientes o de terceros".
La citada información sólo podrá utilizarla "exclusivamente para el desempeño de sus funciones", pero no divulgarla, comunicarla o facilitar información a terceros sin autorización, "entendido cualquier medio, incluidas las conversaciones en lugares que puedan dar lugar a filtración de información".
El incumplimiento del acuerdo "podrá dar lugar a las responsabilidades disciplinarias, administrativas o penales que correspondan, así como a la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados".
Y se recuerda, "con la intención de evitar daños para el paciente, el centro y el propio profesional", que la revelación de información "conocida por motivo de la relación laboral sobre la historia clínica del paciente constituye un delito de revelación de secretos (197 y ss. Código Penal) con pena privativa de libertad".
García: "Esto se llama coacción"
"Esto tiene un nombre, se llama coacción", ha señalado la ministra, que ha calificado de "barbaridad" los documentos, porque "una cosa es proteger los datos de los pacientes", que "obviamente deben protegerse siempre", pero "otra muy distinta es usar la confidencialidad como amenaza para tapar lo que pasa dentro de un hospital".
Mónica García ha censurado además la "ingeniería estadística" que aplican muchas comunidades, entre ellas la de Madrid, para maquillar sus listas de espera, algo que ha demostrado "a ciencia cierta" denunciantes como el cirujano Luis Alberto Martos, del Hospital Ramón y Cajal.
Por ello, su departamento está preparando un real decreto que mejorará la transparencia y la trazabilidad de las listas de espera, que establecerá, por ejemplo, que la demora empiece a contarse desde que el médico indica una consulta, prueba e intervención, e introduce por primera vez el ámbito de la Atención Primaria.
La denuncia por supuesto falseamiento de las listas de espera
El pasado 15 de septiembre se conoció que médicos del Hospital público Ramón y Cajal de Madrid denunciaron que dos jefes del centro habrían rebajado la gravedad de 57 pacientes que iban a ser operados para mejorar artificialmente las listas de espera.
Estas operaciones, según especialistas del servicio de cirugía ortopédica y traumatología, eran "preferentes", es decir, los pacientes debían ser intervenidos antes de 90 días. Pero se rebajó su prioridad a "normal" sin el consentimiento de los facultativos por lo que la espera podría alargarse hasta 180 días.
En los documentos, a los que tuvo acceso TVE, se apunta a que esa decisión de reducir la gravedad de los enfermos la habrían tomado dos responsables del hospital para cumplir con los objetivos de productividad que exige la Consejería de Sanidad de Madrid. Estos hechos habrían ocurrido entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del 2025.
La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, reveló que en la Comunidad "no se falsean las listas de espera" y calificó la publicación de esos documentos como un "vil ataque" a la "excelencia de la sanidad madrileña". Afirmó además que el sanitario que denunció los hechos tiene "un expediente disciplinario abierto" previamente a que saliera a la luz esta información.
De cualquier manera, anunció la apertura de "unas diligencias de información interna para volver a revisar todo nuestro sistema".
