Amnistía Internacional acusa a Irán de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2022
- La organización publica un informe de 1.000 páginas cuando se cumplen cuatro años de la muerte de Mahsa Amini
- El informe documenta 377 muertes y alerta de que buena parte de los autores siguen dentro del aparato estatal
Cuando se cumplen cuatro años de la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini —una joven kurda iraní de 22 años detenida por la policía de la moral por supuestamente incumplir las normas del velo obligatorio—, Amnistía Internacional sostiene en su último informe que las autoridades del régimen iraní cometieron crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas que siguieron a la muerte de Amini, y que desencadenaron el levantamiento nacional Mujer, Vida, Libertad, encabezado por mujeres y niñas de todo el país y que convirtió el rechazo al hiyab en una impugnación del sistema de la República Islámica.
"Con este informe se rinde homenaje a Mahsa Amini y a las mujeres y niñas afectadas por décadas de leyes discriminatorias y del uso obligatorio de velo", ha señalado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, durante la presentación en Londres de la investigación.
Bajo el nombre de Arquitectos de atrocidades, la organización concluye en sus cerca de 1000 páginas que aquella represión constituyó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, ejecutado de acuerdo con una política estatal para acallar la disidencia y sembrar el miedo. "Las autoridades de Irán cometieron crímenes de lesa humanidad - incluidos asesinatos, tortura, violación, encarcelamiento, desaparición forzada y persecución - con total impunidad para reprimir el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022", ha añadido Callamard.
Portada del informe "Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán" Amnistía Internacional
La ONG advierte de que la impunidad por estos crímenes mantuvo intacta la maquinaria represiva y permitió que los mismos patrones se repitieran a mayor escala durante las protestas de los días 8 y 9 de enero de 2026. Según el documento, las autoridades reconocieron más de 3.000 muertos y la relatora especial de la ONU para Irán estimó que hubo al menos 5.000. Para Amnistía, esa sucesión de matanzas muestra el coste de no exigir responsabilidades.
Para romper ese ciclo, la ONG pide a la Asamblea General de la ONU que cree un mecanismo de justicia penal internacional y al Consejo de Seguridad que remita la situación de Irán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Irán no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que la Corte carece de jurisdicción automática. También insta a las fiscalías de otros países a investigar bajo el principio de jurisdicción universal.
El informe se publica, además, en medio de las hostilidades iniciadas por los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero de 2026, que Amnistía califica de ilegales.
La organización advierte de que la población afronta dos amenazas simultáneas, una crisis de "frente doble", según palabras de la secretaria general de Amnistía Internacional. "Por un lado está la represión interna sistemática y también los riesgos derivados de los ataques ilegales lanzados por EE. UU. e Israel contra Irán (28 de febrero de 2026), los cuales violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario". Dichos ataques externos, continúa, han intensificado la represión interna, llevando al régimen a militarizar los espacios públicos, amenazar con más matanzas y escalar las ejecuciones arbitrarias por motivos políticos.
La organización reclama un alto el fuego duradero y rendición de cuentas por las vulneraciones de la Carta de la ONU y del derecho internacional humanitario. A la vez, insiste en que el conflicto no puede eclipsar los crímenes del poder iraní ni servir para justificar nuevos ataques ilegales.
La represión como política de Estado
Para su investigación, los autores del informe se han apoya en 270 entrevistas, otros 19 testimonios y abundante material documental, judicial y forense. El equipo examinó más de 2.000 vídeos de las movilizaciones y verificó y analizó en profundidad 456.
La Guardia Revolucionaria y la Policía iraní —FARAJA, por sus siglas en persa— encabezaron la represión letal. Bajo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, aplicaban estrategias formuladas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad del Estado y sus órganos provinciales y comarcales. El Ministerio del Interior y los gobernadores coordinaban su ejecución.
Las páginas del informe describen cómo los agentes iraníes dispararon munición real y perdigones metálicos contra las multitudes, persiguieron a quienes huían y, en ocasiones, abatieron a corta distancia a personas desarmadas. Los documentos oficiales filtrados dan cuenta de reuniones de planificación, órdenes vinculantes, planes de despliegue y asignaciones de dinero y armas.
El 21 de septiembre de 2022, el Estado Mayor exigió una respuesta "firme y severa" contra cualquier concentración. Las fuerzas de seguridad mataron ese día al menos a 60 personas. Dos jornadas después, el jefe de la FARAJA en la provincia de Mazandarán ordenó "responder sin piedad y llegar incluso a causar la muerte". Otra carta revela que el Consejo de Seguridad del Estado destinó nueve billones de riales —unos 20 millones de dólares al cambio de entonces— a sufragar el despliegue prolongado de miles de agentes.
Amnistía ha documentado la muerte de 377 manifestantes y transeúntes, 56 de ellos menores, en 26 de las 31 provincias, aunque cree que la cifra real es mayor. De ese total, 326 murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas o en zonas militarizadas próximas; 18 fallecieron bajo custodia; diez, tras quedar en libertad por causas que los indicios relacionan con su detención, y otros 23, en circunstancias sospechosas que sugieren la responsabilidad de agentes estatales.
De esas 326 víctimas, 302 murieron por disparos y 178 —más de la mitad— fueron abatidas durante las dos primeras semanas. Entre ellas estaba Amirhossein Basati, un kurdo de 15 años que perdió una zapatilla mientras huía de un tiroteo en Kermanshah. Regresó para recogerla y fue alcanzado por agentes de la Guardia Revolucionaria apostados en el tejado de una mezquita.
El comité creado por el expresidente Ebrahim Raisi solo reconoció 202 muertes y atribuyó la mayoría a actores no estatales. Amnistía replica que no identificó a las víctimas ni aportó pruebas individualizadas.
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Transcripción completa
Convertida en símbolo de la resistencia contra la opresión de las mujeres y el
régimen iraní, Mashamini murió bajo
custodia policial hoy hace cuatro años.
Su muerte desató protestas en más de 40 ciudades del país
Bajo el lema Mujer, Vida y Libertad, hubo manifestaciones nunca vistas
contra el régimen de los ayatolás, que respondió con una fuerte represión.
Al menos 500 muertos y más de 22.000 detenidos
La movilización ha representado uno de los mayores desafíos de la teocracia
iraní desde la Revolución
Islámica del 79 cuando se impuso el velo obligatorio la muerte de Amini
traspasó fronteras
con este gesto, cortarse el pelo, significando romper con la opresión del
régimen
Cuatro años después, otros nombres lideran el mismo Irán, otro presidente
y sobre todo
otro líder supremo, Mohtab HaMenei, que ha mantenido la mano dura de su padre,
asesinado en febrero por parte
de Estados Unidos. En un primer momento, Trump sumó a sus
razones para la guerra la liberación de los ciudadanos iraníes
Pero la falta de oposición interna y la poca fuerza de la disidencia
no ha hecho caer al régimen, que parece reforzado con la baza del control del
Estrecho de
Hormuz. Hoy la Policía de la Moral sigue en las
calles, controlando la vestimenta de las mujeres y el uso del velo.
A pesar de la presión,
son muchas las que salen con el pelo al descubierto como forma de protesta
silenciosa frente al régimen
La cadena de mando: 87 altos cargos por investigar
Asimismo, Amnistía identifica a 87 altos cargos que, a su juicio, deben ser investigados penalmente. "Los agentes desplegados en las calles operaban dentro de una cadena de mando jerárquica y coordinada", resume su secretaria general, Agnès Callamard.
La lista comprende a 62 mandos militares y policiales sobre los que, según el informe, existen motivos razonables para examinar una posible responsabilidad como superiores: controlaban a sus subordinados, sabían o debían saber que se estaban cometiendo crímenes y no los impidieron ni castigaron. Otros 25 altos cargos del Ministerio del Interior deben ser investigados por una posible complicidad e inducción en la represión.
Entre los diez cargos nacionales figuran el entonces líder supremo Ali Jameneí; el entonces jefe del Estado Mayor, Mohammad Bagheri; el entonces jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, y Ahmad Vahidi, ministro del Interior en 2022 y hoy al frente de la Guardia Revolucionaria. Los otros 77 ejercían funciones regionales, provinciales o comarcales en 17 comarcas de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental. La lista no es exhaustiva y al menos seis de sus integrantes han muerto.
La inclusión de un nombre no demuestra culpabilidad, puntualiza la organización, lo que solo podría establecerse tras una investigación independiente y un juicio con garantías. Ninguna de las autoridades a las que trasladó sus conclusiones había respondido antes de la publicación del informe.
Los 87 altos cargos que deben ser objeto de investigación penal por crímenes de lesa humanidad, según Amnistía Internaciona Aministía Internacional
El peso de la represión sobre kurdos y baluchis
La violencia fue especialmente mortífera para las minorías kurda y baluchi, que representan, respectivamente, entre el 10% y el 15% y alrededor del 5% de la población iraní, según Amnistía. Juntas suman 201 de las 326 personas muertas durante la dispersión de las protestas o en zonas militarizadas: cerca del 62%.
En Sistán y Baluchistán, la organización registra 106 víctimas baluchis, de las cuales 20 son menores. Ochenta y siete murieron el 30 de septiembre de 2022, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego y lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud reunida tras la oración del viernes en Zahedán. Fue el viernes sangriento. Entre las víctimas estaba Hasti Narouie, una niña de seis años alcanzada en la cabeza por un bote de gas.
En Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental, el informe reconstruye otras 95 muertes de kurdos, 13 menores. Noventa fueron por disparos; tres personas murieron a golpes, otra por el impacto de un bote de gas lacrimógeno y una quinta fue atropellada deliberadamente. Amnistía concluye que los asesinatos y torturas contra manifestantes kurdos y baluchis tuvieron una intención discriminatoria política y étnica y constituyen persecución, otro crimen de lesa humanidad.
Los baluchis habitan en la región de Baluchistán, situada en el extremo sureste de la meseta iraní y que abarca territorios de Pakistán, Irán y Afganistán Getty Images
Violación, tortura y castigo a las familias
En otro apartado, el informe señala cómo la represión ejercida por el régimen de Teherán contra los manifestantes continuó bajo custodia. Las autoridades detuvieron arbitrariamente a decenas de miles de personas, entre ellas niños de apenas diez años, y las sometieron a patrones de incomunicación, desaparición forzada y tortura. El estudio describe palizas, descargas eléctricas, flagelaciones, simulacros de ejecución y privación de atención médica.
Asimismo, la organización documentó 16 casos de violación —seis mujeres, siete hombres, una niña de 14 años y dos adolescentes varones de 16 y 17— y otros 29 de violencia sexual. Según la investigación, estas prácticas sirvieron para castigar, intimidar y humillar y, en ocasiones, arrancar confesiones forzadas.
Las familias de las personas asesinadas también fueron perseguidas. La organización recoge cuerpos retenidos u ocultados, entierros nocturnos impuestos, presiones para aceptar versiones oficiales falsas y amenazas de muerte o violación. Quienes reclamaron verdad y justicia sufrieron vigilancia, interrogatorios, detenciones y procesos sin garantías.
La arquitectura de la impunidad
Amnistía sostiene que la ausencia de justicia no es una disfunción, sino parte de la arquitectura del Estado. El líder supremo es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y nombra y destituye al jefe del poder judicial, que designa a los jueces y fiscales de mayor rango. Además, los abusos de las fuerzas de seguridad se tramitan ante fiscalías y tribunales militares. Es más, un decreto exige que al menos la mitad de su personal pertenezca a las Fuerzas Armadas.
Por último, la legislación cierra el círculo, apuntan los investigadores. Toda manifestación no autorizada por el Ministerio del Interior se considera ilegal, pero solo los partidos registrados pueden solicitar permiso para organizarlas. La Ley de Armas de Fuego permite disparar si los participantes desobedecen las órdenes de dispersión y no se considera posible disolver la protesta de otro modo. También exime de responsabilidad a los agentes cuando un tribunal concluye que actuaron conforme a la norma y la reparación puede limitarse a una indemnización estatal —el llamado dinero de sangre—.
La ONG solo conoce tres denuncias por homicidios de 2022 que llegaron a juicio y dieron lugar a condenas. Intervenciones posteriores de altos cargos judiciales o de seguridad exoneraron a los autores, rebajaron las acusaciones o sustituyeron la responsabilidad penal por indemnizaciones. Muchas familias no denunciaron por miedo o porque consideraban inútil acudir a las instituciones vinculadas con la represión.
Para Amnistía, mientras no exista rendición de cuentas, la maquinaria que actuó en 2022 conservará la capacidad de volver a hacerlo, tal y como quedó reflejado en la brutal represión de las protestas que estallaron a finales de 2025 por el desplome de la moneda y el aumento del coste de la vida: en apenas 48 horas, los días 8 y 9 de enero de 2026, miles de iraníes fueron asesinados.
