El campo se mueve: de refugio para el ahorro familiar a objeto de deseo de los fondos de inversión
- Las grandes operaciones de compraventas de terreno rústico cada vez "ganan más visibilidad"
- Los fondos de inversión compiten con agricultores pequeños y medianos que no tienen su capacidad financiera
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El campo español nunca descansa. En una huida de los altos precios de la vivienda, cada vez más compradores ven el suelo rústico como un refugio para el dinero. Casi 14.300 fincas rurales cambiaron de manos en abril de 2026 en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 6,8% más que en el mismo mes de 2025. Y aunque en ese mes se vendieron menos terrenos no urbanizados que en marzo (-12,4%), el acumulado anual da un crecimiento del 2%.
Los datos contrastan con la compraventa de pisos y casas, que en abril registró 53.241 firmas, un 1,8% menos que en el mismo mes de 2025. Con esta cifra, el mercado suma cuatro meses consecutivos de caídas de operaciones, pero no de precios.
Familias, agricultores, ganaderos, patrimonios locales y pequeños inversores firman muchas de estas compraventas, aseguran fuentes de Fincalista, un portal inmobiliario especializado en fincas rústicas en España y Portugal. "Ni siquiera hablamos de familias ricas, simplemente, son familias con ahorros. Los pisos les dan miedo porque están a precios altos y ese extra de dinero lo dedican a este suelo", remarca Regino Coca, fundador y CEO de Cocampo, otro portal dedicado a la compraventa de terrenos rústicos en la Península Ibérica. "De hecho, el 90% son para usos de recreo, ni siquiera explotaciones agrarias", puntualiza Coca.
Los fondos de inversión también miran al campo
En esta red de intereses, existen otros actores de presencia minoritaria, pero poderosa por el volumen de dinero que mueven. Aunque suelen actuar con discreción, han trascendido algunos nombres. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como los mormones, tiene un fondo agrícola llamada Farmland Reserves. También está el plan de Pensiones del Profesorado de Ontario o el de Fiera Commox, lanzado por Fiera Capital junto a directivos de un fondo de pensiones de Canadá. Estos serían solo algunos de esos grandes inversores que operan en el negocio agrario español y portugués desde hace años.
Fuentes de Fincalista precisan que sería incorrecto decir que "los fondos de inversión dominan el campo español". Sin embargo, subrayan que "este capital institucional gana visibilidad en operaciones grandes, profesionalizadas y con mayor capacidad de inversión".
Agribusiness es el término con el que estos gestores de capital que animan a invertir en fincas rústicas a fondos de inversión, family offices -sociedades que gestionan patrimonios familiares- o fondos de capital de riesgo. Según cifras de la consultora CBRE, una de las más potentes a nivel mundial, el negocio del agribusiness en la Península Ibérica acaparó inversiones por 1.200 millones en 2022; 2.200 millones en 2023 y 800 millones en 2024, año en que quedaron muchas operaciones pendientes a cierre del ejercicio. En 2025, se alcanzaron los 1.200 millones.
Rentabilidades que oscilan entre el 10% y el 12%
El informe Iberian Agribusiness Report 2026 de CBRE, en su página 43, indica que la rentabilidad media anual de la actividad agrícola en la Península Ibérica está entre el 10% y el 12%. El documento reseña que “los rendimientos elevados y combinados con una volatilidad excepcionalmente baja convierten a las tierras agrícolas en un activo de inversión destacado”.
Mucho dinero en juego con baja incertidumbre, prescribe el dosier de CBRE en sus recomendaciones a inversores. Algo que choca con las protestas de los miles de agricultores españoles que se quejan de unos costes de producción cada vez más altos; la gran brecha entre los precios de origen y destino o los recortes de la PAC. O estas, por ejemplo, eran algunas de las reclamaciones de los 8.000 agricultores y 500 tractores procedentes de varios puntos de España que se manifestaron en el centro de Madrid en febrero de 2026.
“El sector agrario en volúmenes puede ser muy atractivo para ellos”, explica Enrique Arcéiz, agricultor y vicesecretario general y de organización de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Aragón. A sus 56 años y toda una vida dedicada al campo, sabe bien de la transformación del sector agrícola durante las últimas décadas. “En mis primeros años, yo cultivaba 20 hectáreas con un poco de remolacha, unos espárragos y algo de alfalfa. Con eso podíamos vivir”, recuerda.
El aumento de los costes de actividad “lleva a que necesites 40 o 60 hectáreas, más trabajo y maquinaria”, destaca Arceiz. Una merma de la rentabilidad para los pequeños y medianos agricultores que, unida a la dureza asociada a las tareas del campo, aparta a las nuevas generaciones de este mundo. “Los jóvenes del medio rural han estudiado y quieren dejar el campo”, reflexiona Arcéiz. La falta de relevo generacional también favorece las ventas de terreno y, quien vende, lo hace al mejor postor.
Mientras al agricultor pequeño o mediano cada día le cuesta más que le salgan los números, “estos fondos pueden permitirse dos, tres, cuatro o cinco años sin obtener beneficios”, señala también Arcéiz. A esta resistencia a las pérdidas, “se suman los ingresos de la Política Agraria Común que les asegura una gran parte de los costes de producción. En sitios como Aragón, además, tienen el agua más o menos asegurada”, apostilla.
Potencial para desvirtuar la agricultura tradicional
Arcéiz cree que “es muy pronto” para afirmar que estos inversores financieros “estén afectando a la agricultura tradicional” aunque, si mira al futuro, “es el camino que está llevando a desvirtuarla”.
Estos inversores aplican, sobre todo, varias vías de explotación. Arcéiz cuenta que, en muchas ocasiones, “generan grandes fincas” porque van comprando parcelas y, luego, “instalan riegos por aspersión o goteo para plantar cultivos más intensivos como el almendro o el pistacho”. Fincalista lo denomina “modelo de transformación”. Otras veces, estas gestoras adquieren el suelo y lo arriendan a empresas agrícolas profesionales. Y, por supuesto, en otras ocasiones las explotan directamente tal como estaban.
“Buscan tierras baratas y vinculadas al regadío porque el agua les permite producir más”, explica a RTVE Noticias Helena Moreno, ingeniera agrónoma y responsable de agricultura de Greenpeace. Una estrategia que aplican desde hace años en lugares como California (Estados Unidos) y que, posteriormente, empezaron a trasladar a la Península Ibérica.
El Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) del Departamento de Agricultura de EE.UU. cifra en una horquilla de 33.800 dólares a 43.800 dólares (29.600 a 38.600 euros) el coste de una hectárea de terreno rústico. Aquí, en España, el precio medio ronda los 10.248 euros según el Ministerio de Agricultura. En ambos lugares influyen factores como la ubicación, el tipo de suelo, la topografía o los accesos; pero si hay un elemento estrella, es el “agua acreditada y eficiente”, puntualizan fuentes de Fincalista. O según la jerga de estos grandes capitales privados, safe water que “les da seguridad durante toda su producción”, sostiene Helena Moreno.
El cultivo superintensivo: fuerte competencia para el agricultor tradicional
La rentabilidad tampoco llega siempre de la mano de los cultivos de toda la vida. La organización ecologista Greenpeace, en el informe El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español, ha analizado el efecto de la entrada de estos grandes capitales en el sector agrario.
Estas gestoras “entran con modelos superintensivos de cultivos, maquinaria puntera y digitalización”, explica Moreno, “producen mucho en poco tiempo sin dejar riqueza en el territorio”.
“Un pequeño agricultor ve, de repente, que la finca de al lado con una gran superficie de terreno produce de forma más intensa”, cuenta esta ingeniera. Los olivos tradicionales, muchos de ellos centenarios, o los de producción intensiva -casi toda la recogida está mecanizada- se sustituyen por olivares superintensivos. Se plantan los árboles muy juntos y en hileras, por lo que admiten entre 1.200 y 1.500 olivos por hectárea, frente a los 100-400 árboles por hectárea del modo tradicional.
El olivo es un cultivo leñoso y, por lo tanto, dura un largo periodo de tiempo y no tiene que ser replantado una vez acabada la cosecha. Con un consumo de agua anual alto por hectárea, resisten mejor los periodos de sequía. Este tipo de plantaciones -junto con el almendro, el pistacho, el aguacate o algunos frutos rojos, enumera Moreno- son las que más interesan a estos grandes inversores.
Pero, avisa la experta, “generan desigualdad” porque estos modelos intensificados producen más y reciben “dotaciones de agua mucho más altas y ayudas de la PAC”. Asegura que “no estamos cuidando a los olivareros tradicionales que hay en España porque estos modelos solo miran, entre comillas, la eficiencia. Al final es producir, producir y no dejar nada en el territorio”.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre 2012 y 2022, se produjo un aumento del 29,5% de las hectáreas dedicadas al almendro, un 55% al aguacate, un 66,3% al caqui y un 1.977,5% al pistacho. En una década, el pistacho ha pasado de 3.199 hectáreas a 66.466.
“En Aragón, los pistachos y los almendros no eran cultivos habituales”, explica Arceiz, “los fondos de inversión no los han impuesto, pero sí los han ampliado en miles de hectáreas (...) Tienen una planificación muy diferente a la de las explotaciones tradicionales agrarias”.
El capital institucional también se embolsa ayudas de la PAC
Greenpeace concluye en su informe que 939 grupos empresariales concentraron 139 millones de euros públicos en 2024 procedentes de la Política Agraria Común, unas ayudas concebidas para “garantizar una renta justa a los agricultores”.
La organización, tras cruzar los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y el Registro Mercantil, destaca que corporaciones empresariales como Grupo De Prado -según su web, gestionan 34.000 hectáreas de olivar y almendro en España, Portugal, Chile y Estados Unidos- ingresaron 1.030.028 euros en 2023 y 2024. “Es una empresa cordobesa, aparentemente familiar, pero tiene un fondo de inversión asociado al Fondo de Pensiones de la Policía Montada de Canadá”, explica Moreno.
Greenpeace destaca otros grupos como Innoliva (Cibus) –de origen británico, produce aceite de oliva virgen extra- que en 2024 gestionaba más de 8.300 hectáreas e ingresó 488.766 euros en ayudas europeas. También apuntan como uno de los grandes perceptores de fondos vía PAC a Atitlan, el grupo empresarial al que llegaron más de 2,4 millones de euros en 2023 y 2024.
Moreno señala que el modelo de agricultura superintensiva conlleva riesgos más allá de lo económico. “Respecto a riqueza gastronómica, se basan en pocas variedades” y “homogeneiza la calidad del aceite”. También está la “insostenibilidad ambiental” porque estas plantaciones consumen más agua y más insumos químicos.
Además, la mecanización extrema del modelo superintensivo afecta a las aves. La Junta de Andalucía ha aprobado prohibiciones anuales de la recogida de cosechas nocturnas con máquinas cabalgadoras para protegerlas. Muchos pájaros usan los setos como dormidero, la máquina no los distingue y, en muchas ocasiones, termina por deslumbrarlos con los focos y absorberlos.
De cara al futuro, el responsable de UPA en Aragón teme que “en pocos años estaremos 7 u 8 agricultores y un fondo de inversión”. Y lanza una reflexión: “Frenar esto va a ser complicado, pero lo que sí pediríamos es que, de alguna manera, no estén en igualdad de condiciones un fondo de inversión con sus oficinas en la City de Londres con unos agricultores de Zaragoza o unos olivareros de Jaén”.
