La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel en uno de los juicios de la Púnica
- El exconsejero de la Comunidad de Madrid es condenado por el amaño de festejos adjudicados a la Waiter Music
- La Fiscalía pidió seis años de cárcel para el que fuera número 2 de Esperanza Aguirre en Madrid
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La Audiencia Nacional condena a dos años y medio de cárcel a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de Presidencia de la popular Esperanza Aguirre por amaños en la adjudicación de contratos a la empresa Waiter Music para celebrar fiestas populares en diversas localidades madrileñas, entre los años 2007 y 2014.
La sentencia de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso RTVE, le considera autor de un delito continuado de fraude, por el que le impone dos años y medio de prisión. También un delito continuado de prevaricación, por el que le imponen ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
“🔴 La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y seis meses de cárcel a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro
— Radio 5 (@radio5_rne) July 2, 2026
▪️Lo hacen por los delitos de fraude continuado y prevaricación por favorecer la adjudicación de contratos… pic.twitter.com/ubesJmkVjS“
Los magistrados han dictado sentencia en la pieza separada número 7 de la macrocausa 'Púnica', en la que se enjuiciaba a 14 personas, entre alcaldes y técnicos. Se les sentó en el banquillo por una serie de contratos otorgados por la Comunidad de Madrid y por distintos ayuntamientos de la región en favor de Waiter Music, propiedad del empresario Jose Luis Huerta, quien no pudo ser juzgado por fallecimiento.
La sentencia señala que "Granados mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa, y se benefició de la relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario" José Luis Huertas.
Según el tribunal, la intervención de Granados, que también fue alcalde de Valdemoro, "no se articula como gestor directo del expediente administrativo, sino como elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante".
Además de Granados, la sentencia condena a los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno a cuatro y dos años de cárcel, respectivamente, y a dos años de prisión a los exregidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. También se impone dos años de cárcel el exsenador del PP David Erguido, que fue teniente de alcalde y concejal de festejos en Algete.
El fallo acuerda la absolución de quienes fueran alcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como de otros dos acusados en este procedimiento.
Los hechos probados
Según los hechos probados de la sentencia, Waiter Music estuvo trabajando con el Ayuntamiento de Valdemoro desde 2004 hasta 2013 y entre 2007 y 2011 con los de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio, todos ellos gobernados por alcaldes del PP de la Comunidad de Madrid. "Tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados, bien a Waiter Music, bien a empresas controladas directa o indirectamente por José Luis Huerta Valbuena".
Así, relata el fallo de la Audiencia, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra, proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos. Esto último se hacía bien en extras decididos en el momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados.
"José Luis Huerta realizaba tales encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos", explica el Tribunal.
La sentencia detalla los servicios celebrados con los distintos ayuntamientos madrileños de acuerdo "con la anterior dinámica" y que se materializaron en la organización de fiestas patronales, carnavales o cabalgatas de Reyes, entre otros, desde 2007 y a lo largo de varios años.
No ha quedado probado que los ayuntamientos a los que se refiere la sentencia "hayan abonado gasto que no se corresponda a servicios realizados", por lo que no impone responsabilidad civil a los condenados, como solicitaba la acusación de Adade, que reclamaba cantidades de cientos de miles de euros a los distintos acusados
El tribunal considera a Granados "impulsor y facilitador"
De la prueba practicada, advierte la sentencia, resulta que la intervención de Francisco Granados "no se articula como gestor directo del expediente administrativo, sino como elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante".
Explica que mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa, y se benefició de la relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario" Huertas.
Añade que la propia dinámica de los hechos evidencia que la adjudicación de contratos en su ámbito de influencia se producía en un contexto en el que la relación personal y política facilitaba la obtención de decisiones favorables, en conexión con la obtención de beneficios económicos indirectos para el empresario, pero sin una influencia directa".
Los magistrados explican que en los delitos de corrupción la prueba suele ser indiciaria y de corroboración cruzada y precisan que no resulta exigible para la atribución de responsabilidad penal en los delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación la "acreditación directa, formal o documentada del acusado en cada uno de los actos administrativos irregulares".
Con esta sentencia, Granados recibe su segunda condena por el caso Púnica, un procedimiento por el que pasó dos años y medio en prisión preventiva.
En su primera pena fue condenado a dos años de cárcel por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil acerca la operación policial sobre esta macrocausa de corrupción municipal, que estalló en octubre de 2014.
La Fiscalía pidió seis años de prisión para Granados
El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid negó, durante su declaración como acusado ante el juez del caso Púnica, que organizara amaños en adjudicaciones municipales y del Gobierno regional a cambio de dádivas y que ordenara que actos del PP fueran pagados por ayuntamientos con cargo a contratos de servicios de la empresa de un amigo suyo.
La Fiscalía pidió para el que fuera número 2 en el Gobierno autonómico que presidió Esperanza Aguirre, seis años de cárcel. Según el informe del ministerio público, "aprovechando la gran influencia que tenía Granados dentro del PP de Madrid —era secretario general del partido en la Comunidad— y en el Ejecutivo autonómico, se trasladó en 2007 al entonces consejero de Cultura, Santiago Fisas, la necesidad de que fuese sufragado parcialmente con dinero público" un concierto organizado por Waiter Music.
