Suspendida la declaración como imputada de la doctora señalada como autora del protocolo de residencias de Madrid
- María Teresa Vidán, jefa de Geriatría del Gregorio Marañón, se ha personado en la causa y ha solicitado el aplazamiento
- Carlos Mur, exalto cargo de Ayuso, también imputado, dijo que ella era una de las responsables de la redacción del texto
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La declaración como investigada de la doctora María Teresa Vidán Astiz, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, prevista para este martes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey, ha quedado suspendida después de que la facultativa se haya personado en la causa y haya solicitado el aplazamiento de la comparecencia, previsiblemente para preparar su defensa.
Vidán Astiz había sido citada tras ser señalada por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, como una de las responsables de la redacción del protocolo que impidió la derivación de ancianos enfermos de residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia.
La comparecencia judicial estaba fijada desde el pasado mes de abril. No obstante, ya tuvo que ser suspendida en una ocasión debido a un error en la escritura del apellido de la doctora, según recuerdan las asociaciones de familiares impulsoras de la denuncia.
Mur ha sostenido en diversas declaraciones judiciales que él, como máximo responsable de Coordinación Sociosanitaria en aquel momento, se limitó a firmar el protocolo y que la encargada de redactarlo fue la doctora Vidán Astiz. Las asociaciones 'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia' consideran que aquellos protocolos fueron determinantes en la muerte de 7.291 mayores que residían en centros de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, al impedir en numerosos casos su traslado a hospitales.
Por el momento, el juzgado deberá fijar una nueva fecha para la declaración de la facultativa dentro de la investigación abierta sobre la elaboración y aplicación de estos protocolos.
Tres exaltos cargos del Gobierno de Ayuso imputados
Ante el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid, al ser preguntado por la jueza si firmó el protocolo de no derivación aprobado el 18 de marzo de 2020, Mur respondió: "Sí, yo firmé el protocolo inicial, como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales en la toma de decisiones".
"Era un protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta como la doctora Vidán, el día 15 de marzo a las nueve de la mañana, en la Consejería de Sanidad y la Mesa de Apoyo al Sermas, encontrándose allí el doctor Burgueño y el doctor Escudero. Y fue enviado a mí mismo y a todas las redes de geriatras de referencia, incluido el doctor Martínez Peromingo y otros geriatras expertos el día 16 por la mañana", expuso entonces Mur.
El procedimiento de Arganda del Rey es uno de los que se pusieron en marcha después de que, en octubre de 2024, 109 familiares de víctimas de residencias presentaran una denuncia colectiva por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal, contra diversos altos cargos del Gobierno de Ayuso.
De momento, tres exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2020 han sido imputados en media docena de procedimientos. Se trata del citado Carlos Mur, de Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y de Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.
También está imputado al menos en un procedimiento Antonio Burgueño, a quien Ayuso nombró como asesor cuando estalló la pandemia y que se encargó de elaborar un Plan de Acción contra el covid. A ellos se suma ahora María Teresa Vidán Astiz.
Ampliación de delitos para incluir prevaricación
Por otra parte, en el marco de las causas abiertas en Juzgados de toda la Comunidad de Madrid, los abogados de '7291: Verdad y Justicia' y de 'Marea de Residencias' han presentado una ampliación de la denuncia o querella inicial en sesenta juzgados para sumar, al de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, el presunto delito de prevaricación.
Las declaraciones prestadas ya en varios juzgados por Mur y por Peromingo han servido de base para la ampliación de denuncia, explican desde estas asociaciones en una nota de prensa. Las versiones de ambos son "contradictorias" en relación con los criterios de no derivación establecidos en las versiones del protocolo aprobadas los días 18 y 20 de marzo.
Peromingo sostiene que las consideraban "discriminatorias" y que así se lo hicieron saber a Mur, mientras que Mur mantiene que él se limitó a firmar los documentos, pero que no compartía parte de su contenido.
