El Gobierno reconoce como víctimas de la extrema derecha o las fuerzas de seguridad a 63 asesinados entre 1979 y 1983

• Según el informe, tras aprobación de la Constitución continuaron las prácticas autoritarias bajo un "patrón de impunidad"
• La comisión reconoce a 34 víctimas de actuaciones de extrema derecha y 29 de excesos policiales

Incidentes tras una protesta de estudiantes en Barcelona, en diciembre de 1979 EFE

Tal como estableció la Ley de Memoria Democrática de 2022, el Gobierno puso en marcha (en 2024, con dos años de retraso) la comisión que habría de estudiar la vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983. Este organismo, cuyas conclusiones recoge un informe al que ha tenido acceso RTVE, ha identificado a un total de 63 víctimas asesinadas durante el periodo de Transición, inmediatamente después de la aprobación de la Constitución, a manos de la extrema derecha o de las fuerzas de seguridad.

Los primeros integrantes de esta lista, según consta en el texto, fueron asesinados el mismo día: 6 de enero de 1979. Los dos últimos en diciembre de 1982, ya bajo el el primer mandato del socialista de Felipe González, que acababa de acceder al Gobierno.

Según reconoce el informe, la aprobación y aplicación de la Carta Magna en 1978 "no bastó por sí sola para acabar de inmediato" con las prácticas procedentes de la dictadura, y la transición se ubicó en un "espacio gris" donde hubo "violencia política de diferentes agentes" y "continuaron produciéndose intervenciones ilegales contra los principios democráticos".

El texto admite que "no se juzgaron ni investigaron muchas actuaciones donde el exceso de celo represivo y la violación de derechos humanos terminó en muertes". Tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática el Gobierno se propuso encontrar "todos esos supuestos de vulneración de derechos humanos para reconocer y reparar el daño sufrido por las víctimas".

A las 63 víctimas la comisión les reconoce su lucha por la consolidación de la democracia. Entre ellas, hay 34 víctimas por actuaciones de la extrema derecha y 29 por excesos policiales. Casos que resultaron en muerte y acaecieron bajo un contexto de violencia por motivaciones políticas, los dos criterios establecidos por el texto.

La mayoría de víctimas son de 1980 (28 casos), seguido de 1979 (22 casos), 1981 (9 casos), 1982 (tres casos) y 1983 (un caso).

Aunque se restringe el estudio a aquellos que han resultado en muerte, el informe quiere dejar "constancia expresa" de que esta decisión "no supone ignorar la existencia ni la relevancia de otras vulneraciones que merecerían, en su caso, ser objeto de atención futura".

Del 'caso de Almería' a la estudiante Yolanda González

El informe recopila situaciones en los que se han vulnerado los derechos humanos a participantes en diversas formas de activismo político, como la movilización sindical, las protestas estudiantiles o los movimientos vecinales, y cuyas muertes fueron "consecuencia directa de su implicación en actividades orientadas afianzar los valores del nuevo orden constitucional". También se tienen en cuenta las "vulneraciones de derechos humanos como consecuencia del contexto de violencia política y patrones de conducta antidemocráticos".

La extensión de los trabajos de la comisión hasta finales de 1983 fue fruto de una enmienda pactada con EH Bildu y se convirtió en uno de los aspectos de la ley que generó más polémica política. De las 63 víctimas recogidas en el informe, dos corresponden al inicio del mandato de Felipe González, en concreto Salvador Sampedro de Dios (5 de diciembre de 1982) y Juan Félix Domínguez (19 de febrero de 1983).

El primero era un taxista que falleció en la provincia de Valladolid por una agresión con arma blanca y un posterior atropello de dos integrantes de un comando ultraderechista denominado 'Grupo armado 28 de octubre', que habían cogido el taxi con destino a Salamanca para tratar de proporcionar armas al grupo.

Y el segundo un niño de dos años que murió por disparos de la guardia civil en un control ubicado en un cruce de carreteras en Valmojado (Toledo), al no detenerse el coche en el que viajaba con su familia ante las señales de los agentes.

En el listado figuran también Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo, del conocido como 'caso de Almería', que murieron el 10 de mayo de 1981 torturados por la guardia civil tras ser detenidos al ser confundidos con miembros de ETA.

Otra víctima reconocida es Jesús María Zubikarai, que fue detenido en 1975 y encarcelado tres meses bajo la acusación de pertenecer a ETA y que figura en el listado por haber sido secuestrado y asesinado el 2 de febrero de 1980 en Éibar (Guipúzcoa) por el comando de extrema derecha Batallón Vasco Español.

También figuran el concejal independiente de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián Tomás Alba, asesinado el 28 de septiembre de 1979 en Astigarraga (Guipúzcoa) por integrantes del Batallón Vasco Español, y la estudiante y militante del partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González, asesinada el 1 de febrero de 1980 en Madrid por miembros de Fuerza Nueva.

Excluidos los terroristas

La comisión concluye que, entre 1979 y 1983, siguió habiendo prácticas autoritarias bajo un "patrón estructural de impunidad" y menciona el terrorismo de ETA entre los focos de violencia. Eso sí, las personas vinculadas a grupos terroristas quedaron excluidas expresamente de la posibilidad de ser consideradas víctimas, según el acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2024 que aprobó esta comisión.

El texto deja fuera del reconocimiento proyectado a quienes "actuaban con finalidades de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o las estructuras económicas y sociales", o bien "alterar la gravemente la paz pública o provocar terror". Por consiguiente, continúa el informe "los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español o del GAL o de actuaciones policiales descontroladas no están abarcados en este análisis".

Recomendaciones de la comisión

En su apartado final, el informe sugiere establecer una serie de reconocimientos formales y reparaciones simbólicas, con medidas como una declaración individual "que explicite el carácter ilegal de la muerte y la condición de víctima en el marco de la lucha por la consolidación de la democracia". También promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal, familiar y colectiva, la inclusión de actos oficiales de memoria democrática, la publicidad institucional del reconocimiento o el acceso a la "verdad judicial".

El órgano quiere ir más allá y, dado que en este estudio solo se incluyen los casos con resultado de muerte, pretende abordar en el futuro "las demás graves vulneraciones de derechos humanos" en el mismo periodo, cuyo resultado fueron perjuicios a la "integridad física, psíquica, moral o sexual".

La comisión, presidida por Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, estaba integrada por doce vocales, entre ellos el confundador de CCOO y exlíder del PCE Nicolás Sartorius, que estuvo encausado en el llamado proceso 1001; el exdirector de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza; o la socialista y activista por la paz y la memoria Paca Sauquillo. El informe con las conclusiones propone algunas medidas, como la creación de un "canal institucional permanente" con las víctimas o la ampliación del estudio a otras vulneraciones de derechos humanos.