España es el tercer país de la UE que más peticiones de asilo recibe y uno de los que menos concede
- España se sitúa en en antepenúltimo lugar en concesiones, solo por delante de Croacia y Chipre
- CEAR explica estas cifras en los acuerdos con terceros países y en el Reglamento de Extranjería
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España es el tercer país de la Unión Europea que más solicitudes de protección internacional recibió en el 2025, por detrás de Alemania y Francia, pero está también a la cola en concesiones de asilo, situándose en antepenúltimo lugar, solo por delante de Croacia y Chipre. La tasa de reconocimiento en territorio español ha descendido más de siete puntos y se sitúa en el 11,2%, muy alejado del 35% de la media europea, que también ha descendido en el último año.
Así lo arroja el informe 'Las personas refugiadas en España y Europa', presentado este lunes por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), que explica estas cifras en la disminución de llegadas derivada de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX). El texto también ha sido presentado ante el Congreso de los Diputados.
"En España está abierta la regularización por vía de la extranjería y eso hace que históricamente se haya interpretado de forma muy restrictiva el asilo", ha explicado el director de CEAR, Mauricio Valiente, en la rueda de prensa en el Consejo General de la Abogacía en Madrid. España registró el año pasado 144.396 solicitudes de protección internacional, lo que supone un descenso del 13,7% respecto al 2024, siendo los principales demandantes de Colombia, Perú y Senegal.
Denuncian las "políticas hostiles de la UE"
La organización ha cargado contra las "políticas hostiles" de externalización de fronteras y retornos forzosos llevados a cabo por la UE que, aseguran, explican el primer descenso en una década de personas desplazadas a nivel mundial, registrado en 2025. El informe se ha presentado tres días después de que el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE comenzara a aplicarse, una normativa que para CEAR "plantea importantes desafíos para los derechos de las personas migrantes".
En 2025 se registraron 117,5 millones de desplazados a nivel mundial, lo que supone un 5% menos que el año anterior. Sin embargo, CEAR denuncia que esta caída no significa que haya descendido la necesidad de protección internacional, ya que han aumentado "los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en todo el mundo".
CEAR ha cargado contra el citado Pacto Europeo de Migración y asilo y, entre las medidas que plantea, destaca la lista común de países considerados seguros, para cuya ciudadanía será más difícil acceder al asilo y entre los que, denuncian, se encuentran "algunos con graves déficits en materia de derechos humanos", como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez.
"Todos sabemos que no son Estados que tengan unos mínimos de seguridad para todas las personas", ha indicado la directora de CEAR, Mónica López, que ha denunciado que se trata de "medidas que ponen en riesgo el principio de no devolución, pilar básico del derecho de asilo".
Afganistán, Siria, Ucrania y Venezuela se mantienen como los principales países de origen de las personas refugiadas, aunque se suma a ellos Sudán, con un incremento del 18%. Además, al igual que en años anteriores, las personas desplazadas en el interior de sus propios países siguen siendo el grupo más numeroso de población desplazada de manera forzosa, alcanzando un total de 67,8 millones.
Sudán, con más de 10 millones de personas desplazadas internamente, siguió registrando el número más elevado de desplazamientos internos a nivel global, seguido de Siria, con 6,5 millones. Asimismo, tan solo seis países concentraban hasta el 88% de los nuevos desplazamientos internos en 2025: Haití, Myanmar, Nigeria, RDC, Sudán del Sur y Ucrania.
Preocupación por el reglamento de retorno
Desde CEAR han mostrado su preocupación sobre el futuro Reglamento de Retorno, acordado a principios de junio, que prevé el desplazamiento de migrantes a centros de deportación en terceros países (sin que sea necesario un vínculo previo con ese territorio) y que funciona como un complemento al Pacto de Migración y Asilo.
"Todo va dirigido a aumentar las devoluciones", ha señalado Mauricio Valiente, que ha lamentado que "ahora los Estados tienen más instrumentos en su mano para expulsar y para hacerlo con menos garantías".
Esta medida, que sugiere un modelo similar al lanzado por Italia con las repatriaciones a centros de Albania, plantea riesgos. "El principal es que la UE conserve capacidad de decisión política, pero diluya la responsabilidad jurídica sobre las consecuencias de esas decisiones", explica a RTVE la profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Huelva y autora del libro Solidaridad para la Acogida, Nuria Arenas.
La externalización puede desplazar fuera de Europa funciones que afectan directamente a derechos fundamentales como el acceso al asilo, el control judicial o las condiciones de detención. Además, "puede generar dependencia de terceros Estados con estándares democráticos o sistemas de protección más débiles, convertir la cooperación migratoria en moneda de cambio diplomática y dificultar el control efectivo por parte de tribunales, parlamentos y sociedad civil", añade Arenas.
"En materia de asilo, el problema no es solo dónde se gestiona, sino bajo qué garantías, con qué supervisión y quién responde cuando se producen vulneraciones de derechos", apunta la experta, que señala que, aunque la UE "ha reforzado progresivamente los mecanismos destinados a prevenir, contener o gestionar las llegadas", "no ha desarrollado con la misma intensidad vías legales y seguras de acceso a la protección internacional".
España aún tiene "margen de maniobra"
España, ha recordado CEAR, aún tiene "margen de maniobra" para garantizar los derechos de los migrantes al aplicar el Pacto. "Para ello, debemos reclamar que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad", ha afirmado Mónica López, que también ha puesto el foco en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, como niños y jóvenes.
El Pacto también establece un procedimiento exprés de 12 semanas desde la llegada irregular del migrante para completar el procedimiento de asilo que, por ahora, el Gobierno de España no va a aplicar. "En la práctica hay más o menos continuidad, pero el riesgo es muy grande de cara al futuro", ha explicado Mauricio Valiente, ya que puede haber "otra decisión gubernamental" que sí se ampare en esa norma.
El informe de CEAR recoge una reducción de las llegadas a las costas de Canarias, con un 62% menos que en 2024; aunque han aumentado las llegadas a las Islas Baleares en un 24,5%, consolidándose así una nueva ruta desde Somalia. Asimismo, el documento señala que el 15% de las personas que llegaron a las costas españolas fueron niñas, niños y adolescentes "sin referentes familiares".
Mónica López ha denunciado que el "deterioro físico y psicológico" de los migrantes que llegaron en 2025 fue "mucho más alto" que el año anterior, ya que "se han alargado los viajes y la peligrosidad".
Asimismo, CEAR lamenta que las vulneraciones de derechos no solo se dan en las fronteras y países de tránsito y origen, sino que también existen dificultades para el acceso de derechos básicos en territorio español. Mencionan obstáculos en el acceso al Ingreso Mínimo Vital, a una vivienda digna o al empadronamiento y ponen el foco en "la escalada de racismo y xenofobia" y en el auge de los delitos de odio, que aumentaron un 23,66% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros.
