El número de refugiados cae por primera vez en diez años pero siete de cada diez vive en desplazamiento prolongado
- La guerra en Oriente Medio, que estalló en febrero de este año, vuelve a tensionar la situación en Líbano e Irán
- Los retornos marcan cifras históricas con 14,7 millones de personas regresando a sus hogares
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Tras una década de escalada ininterrumpida, el desplazamiento forzado en el mundo experimenta un ligero descenso en el último año, una inflexión inédita desde que comenzó la última ola de grandes crisis internacionales. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, ha presentado en Ginebra el informe anual Tendencias Globales, cuyas páginas reflejan que el número total de refugiados en el mundo descendió un 3% hasta situarse en los 41,6 millones de personas al cierre del último balance anual. La organización, no obstante, ha evitado cualquier atisbo de optimismo complaciente.
Además, el panorama del desplazamiento a nivel global ha sufrido una transformación profunda: el exilio ya no es una crisis temporal de paso, sino una condición de vida fija. Según los datos oficiales, el 70% de los refugiados en todo el mundo se encuentra en "situaciones prolongadas", una categoría que la ONU define estrictamente como aquellos contextos en los que al menos 25.000 refugiados de la misma nacionalidad han permanecido exiliados en un país de acogida durante cinco años o más, sin que existan perspectivas inmediatas de una solución duradera. Al cierre del último balance, esto equivale a 24,9 millones de personas sumidas en un limbo legal y socioeconómico cronificado.
Detrás de los datos se esconde una realidad desgarradora: la inmensa mayoría de las personas que huyen de la violencia y la persecución se enfrentan a un exilio indefinido. "Para demasiadas personas refugiadas, el desplazamiento comienza como una tabla de salvación, pero acaba prolongándose toda una vida", ha aseverado Salih. "La ayuda humanitaria salva vidas, pero no puede ser el destino final ni permite a los refugiados tomar las riendas de su futuro", denuncia el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Además, el informe destaca que el 80% de las personas refugiadas en esta situación prolongada proviene de solo siete países.
Una concentración extrema en el origen y el destino
El mapa global del refugio no es homogéneo; por el contrario, refleja una asimetría radical donde unos pocos focos de inestabilidad estructural cronifican la crisis humanitaria mundial. De acuerdo con el balance de ACNUR, más del 70% de la población refugiada y de las personas que necesitan protección internacional provienen de apenas seis estados emisores: Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán y Sudán del Sur. Esta preocupante concentración evidencia la incapacidad colectiva para resolver conflictos enquistados, obligando a millones de civiles a depender de la hospitalidad de los países limítrofes.
Desde la ONU explican que esta lógica de vecindad convierte la acogida en una carga "desproporcionada" para las naciones vecinas a las zonas de conflicto. Colombia se sitúa a la cabeza del planeta con 2,8 millones de personas acogidas, principalmente debido al éxodo venezolano, gestionado bajo el Estatuto Temporal de Protección. En el flanco europeo, Alemania (2,7 millones) se consolida como el principal receptor occidental tras una década de políticas de asilo continuadas para ciudadanos sirios, ucranianos y afganos. Por su parte, Turquía (2,4 millones), situada en el cruce de caminos euroasiático, sigue sosteniendo a una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo. Le sigue de cerca por Uganda (1,9 millones) en África Oriental. Irán (1,7 millones) y Pakistán (1,3 millones) en Asia Central, ambos receptores históricos de la inestabilidad afgana. Por último, Chad (1,5 millones), cuya frontera occidental absorbe el impacto directo de la guerra civil de Sudán.
Los retornos bajo presión
El principal motor de la bajada de las cifras globales, según el informe, ha sido, paradójicamente, un incremento sin precedentes en la velocidad de los regresos. Durante el último año, 14,7 millones de personas desplazadas volvieron a sus lugares de origen (desglosados en 10,3 millones de desplazados internos y 4,4 millones de refugiados). Se trata del segundo mayor volumen de retornos de refugiados desde que comenzaron los registros oficiales de la ONU hace seis décadas, concentrándose el 90% de este flujo en apenas tres focos: Afganistán, Siria y Sudán.
Sin embargo, ACNUR introduce un importante matiz de preocupación que desdibuja la naturaleza supuestamente voluntaria de estos movimientos. Muchos de estos regresos se han producido bajo una intensa presión política, administrativa y económica en los países de acogida, y se han dirigido hacia entornos completamente devastados por los conflictos de origen, carentes de servicios públicos elementales, seguridad jurídica o perspectivas reales de subsistencia.
Mujeres desplazadas internamente reciben artículos no alimentarios tras su reciente llegada al estado del Nilo Blanco, tras haber huido de los ataques en Heglig y Babanusa, en Kordofán Occidental. Antonia Vadala © UNHCR/Antonia Vadala
A esta falta de alternativas en las regiones de tránsito se suma el práctico desmantelamiento de las vías legales y seguras hacia terceros países desarrollados. El informe revela un dato alarmante en cuanto a la protección internacional: las llegadas a través de programas de reasentamiento o patrocinio comunitario se desplomaron más de un 50%, dejando apenas 81.800 plazas efectivas en todo el planeta frente a unas necesidades globales que desbordan los sistemas de asilo. Países que históricamente lideraban estas cuotas, como Estados Unidos, han registrado caídas drásticas en sus recepciones de asilados.
La propuesta de ACNUR
Ante esta realidad, los modelos tradicionales de respuesta humanitaria —basados en la distribución indefinida de raciones de alimentos, tiendas de campaña y subsidios básicos de emergencia— se han demostrado insuficientes e insostenibles. No solo perpetúan la dependencia asistencial, sino que anulan la capacidad de agencia y el desarrollo de las personas. Por ello, coincidiendo con los preparativos del 75º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Alto Comisionado Barham Salih ha impulsado un cambio radical de paradigma mediante la iniciativa global denominada "50 para el 35" (50 by 35 solutions and dignity initiative).
El objetivo central es reducir a la mitad para el año 2035 el número de refugiados en situaciones prolongadas que dependen enteramente de la asistencia externa para cubrir sus necesidades básicas. No se trata de una retirada unilateral de la ayuda humanitaria, sino de una transformación de los entornos de acogida para que la intervención de emergencia deje de ser un fin en sí mismo y se convierta en un trampolín hacia la dignidad.
La hoja de ruta propuesta por ACNUR plantea una transformación profunda en la gestión humanitaria a través de un enfoque basado en la autosuficiencia legal y económica. El primer pilar de esta estrategia busca sustituir de manera progresiva los modelos asistenciales tradicionales, centrados en la entrega directa de raciones y ayuda de emergencia, por políticas públicas integrales que garanticen a los refugiados el acceso pleno al empleo formal, la educación reglada y los servicios financieros del país de acogida. De este modo, se persigue un objetivo concreto y medible: que los ingresos autónomos generados por las propias familias desplazadas superen el umbral nacional de pobreza del Estado donde residen temporalmente, devolviéndoles la dignidad y la capacidad de tomar las riendas de su propio futuro.
Por otro lado, el plan aborda la urgencia de una verdadera corresponsabilidad internacional y la ampliación de vías legales seguras para aliviar la asimétrica carga que hoy soporta el Sur Global. Para ello, se exige un incremento sustancial de las inversiones multilaterales destinadas al desarrollo e infraestructuras de las comunidades receptoras, las cuales actualmente sostienen a la gran mayoría de la población refugiada con un respaldo presupuestario mínimo por parte de las potencias económicas. Esta inversión estructural debe complementarse con un compromiso firme de los países occidentales para reactivar y elevar los cupos de reasentamiento, simplificar los procesos de reunificación familiar y flexibilizar la concesión de visados laborales y de estudios, ofreciendo así alternativas reales y seguras frente a la precariedad del exilio prolongado.
