Abogados Cristianos anuncia acciones legales para evitar la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres
- La entidad defiende que el monumento es un símbolo religioso y acusa al Ejecutivo de actuar por motivos ideológicos
- El Gobierno sostiene que la resolución se basa en la Ley de Memoria Democrática y en informes técnicos
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La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que emprenderá acciones legales para tratar de impedir la retirada de la Cruz de la Plaza de América de Cáceres, después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática instara al Ayuntamiento a eliminar este elemento al considerarlo un vestigio contrario a la Ley de Memoria Democrática.
La organización ha remitido un escrito al Consistorio cacereño y a su alcalde, Rafael Mateos, en el que ofrece su equipo jurídico para recurrir la resolución del Gobierno. Además, ha avanzado que se personará como codemandada junto al Ayuntamiento en caso de que el conflicto termine en los tribunales.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, sostiene que la cruz constituye un símbolo exclusivamente religioso y rechaza que pueda considerarse un elemento de exaltación política. Según ha señalado, la retirada del monumento supondría una vulneración de la libertad religiosa y una actuación injustificada contra los símbolos cristianos.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos EUROPA PRESS EUROPA PRESS
Castellanos argumenta además que el monumento forma parte del paisaje urbano de la ciudad desde hace décadas y asegura que la mayoría de los cacereños no desean su eliminación. A su juicio, las conclusiones técnicas en las que se apoya el Gobierno son parciales y no tienen en cuenta el carácter religioso de la cruz.
La organización también cuestiona que el momento histórico de construcción del monumento sea suficiente para justificar su retirada. En este sentido, recuerda que existen otros elementos levantados durante el mismo periodo histórico que no son objeto de actuaciones similares.
Abogados Cristianos considera además que la eliminación de la cruz provocaría un perjuicio patrimonial, histórico y sentimental para parte de la ciudadanía. Por ello, insiste en que utilizará todas las vías legales a su alcance para intentar evitar el derribo.
El Gobierno apela a la Ley de Memoria Democrática
Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido la actuación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Según ha explicado, la resolución se fundamenta en la legislación vigente y en un informe elaborado por expertos.
Quintana ha señalado que la cruz fue instalada en 1937 y que los informes técnicos la vinculan a la simbología de la dictadura franquista. Por ello, sostiene que la decisión adoptada responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y no a criterios ideológicos.
El delegado del Gobierno ha recordado que el procedimiento administrativo sigue abierto y que tanto el Ayuntamiento como las entidades interesadas podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas. Asimismo, ha indicado que, si finalmente el asunto llega a los tribunales, serán los órganos judiciales quienes determinen la solución definitiva.
Respecto al anuncio de Abogados Cristianos de intervenir en el proceso, Quintana ha restado importancia a la iniciativa y ha insistido en que el debate debe resolverse dentro de los cauces legales previstos.
José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura EUROPA PRESS EUROPA PRESS
Un conflicto con recorrido judicial
La controversia se produce después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática comunicara al Ayuntamiento de Cáceres la obligación de retirar el monumento en un plazo determinado, al entender que incumple la normativa estatal sobre memoria democrática.
El Ayuntamiento ya ha manifestado su discrepancia con la decisión y estudia las alegaciones que presentará para intentar mantener la cruz en su ubicación actual. La Junta de Extremadura también ha expresado su respaldo a la defensa del monumento.
Con este escenario, todo apunta a que el futuro de la Cruz de la Plaza de América acabará decidiéndose en los tribunales, donde se enfrentarán dos interpretaciones opuestas: la que la considera un símbolo religioso integrado en la ciudad y la que entiende que constituye un vestigio incompatible con la legislación sobre memoria democrática.
