Begoña Gómez reclama su absolución si hay juicio por "mala fe" de las acusaciones y la "inexistencia absoluta" de indicios

• Alega que su colaboración con la UCM comenzó antes de que Sánchez tuviera "responsabilidad pública"
• Pide el archivo de la causa y que se condene a las acusaciones a pagar las costas

Begoña Gómez, la mujer de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de su viaje oficial a China. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid ser absuelta de los cuatro delitos que le imputa el juez Juan Carlos Peinado, si finalmente la causa contra ella llega a juicio con jurado popular, al considerar que hechos "no son constitutivos de delito alguno" y que existe una "mala fe" por parte de las acusaciones.

Según el escrito de conclusiones provisionales de cara al posible futuro juicio con jurado popular, al que ha tenido acceso RTVE.es, Antonio Camacho, letrado de Gómez, insiste en que no ha habido delito en su actuación y recuerda que su colaboración con la UCM comenzó en 2012, "momento en el que su cónyuge no ostentaba responsabilidad pública alguna", ya que llegó a la Secretaría General del PSOE y a la Presidencia del Gobierno tiempo después.

La defensa de Gómez explica que la mujer de Sánchez siguió paralelamente su actividad profesional en la empresa Inmark, pero que la dejó cuando su marido llegó a Moncloa en 2018 "con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses derivado de la posición institucional de aquel".

También incide en que no fue hasta 2020 cuando empieza a codirigir el máster y se integra en la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva, y reecuerda que este tipo de colaboración público-privada no tiene retribución económica ni exige titulación universitaria. También subrayan que estos cargos se les fue ofrecidos por la universidad.

Sobre el software, el letrado asegura que se creó en el seno de la cátedra contó con la colaboración de distintas empresas que aportaron diferentes cantidades "que fueron ingresadas en el patrimonio de la UCM". Además, subrayan que el software no se finalizó y no llegó a usarse, de modo que esas cantidades "quedaron en el patrimonio de la UCM", que "no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno".

Justifica la labor de su asesora

Por otro lado, también en el escrito, justifica la labor de su asesora Cristina Álvarez y recuerda que desde el inicio de la democracia, este puesto es habitual y también otras esposas de presidentes han contaado con esta asistencia, que tiene una "disponibilidad de 24 horas, 7 días a la semana".

No obstante, admite que "en el desempeño de sus funciones y de forma ocasional", Álvarez "ha remitido un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales" a Gómez, pero diefiende que no afectó al cumplimiento de sus funciones públicas y no supuso "ningún menoscabo de recursos públicos".

Sobre la relación con Juan Carlos Barrabés, que según las acusaciones la ayudó en la cátedra a cambio de que ella firmara cartas a favor de sus proyectos, la defensa explica que el empresario participó en el máster de Begoña Gómez "dando alguna clase" y "no tuvo ninguna intervención ni en la génesis ni en el desarrollo" de la cátedra investigada.

Pide el archivo de la causa y condenar a las acusaciones a pagar las costas

A Gómez se la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Asimismo reitera que lo procedente sería archivar la causa.

Ya a principios de mes, el juez Juan Carlos Peinado rechazó los recursos que pedían archivar la investigación contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés e insistió en enviarle a un juicio por jurado popular, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

Para la defensa de la mujer de Sánchez, existe "temeridad de las acusaciones", encabezadas por Hazte Oír, y cree que "ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio". En este sentido, denuncia "mala fe" al insistir en el proceso, pese a la "inexistencia absoluta" de indicios, con el fin de instrumentalizar la causa "como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional". Por ello, solicita que las acusaciones sean condenadas en costas, incluidas las de esta defensa.