El terror en Haití también cae del cielo: cientos de muertos por drones en la lucha contra las bandas
- Una empresa de seguridad de EE.UU. vinculada al fundador de Blackwater colabora con la Policía haitiana
- La ONU y las ONG denuncian bombardeos indiscriminados y alertan de posibles ejecuciones extrajudiciales
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La inseguridad impera en los núcleos urbanos de Haití, pero los esfuerzos emprendidos para contenerla no han llevado precisamente la paz. En ciudades como Puerto Príncipe, al caos de las bandas armadas se ha sumado ahora otra especie de terror que llega desde el aire y en forma de drones, un aparato adaptado a todo tipo de contextos por su versatilidad y bajos precios pero que, en manos de una subcontrata de seguridad, se ha transformado en una herramienta de violación de los derechos humanos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estima que unas 3.500 personas murieron y más de 1.700 resultaron heridas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026 por las operaciones emprendidas por las fuerzas de seguridad contra las bandas, el 61% de todas las víctimas documentadas en este periodo. El 16% de los muertos y heridos han sido identificados como ciudadanos ajenos a cualquier grupo, lo que evidencia que nadie está seguro en el caótico Haití.
Naciones Unidas no segrega estos datos por tipo de incidente, pero sí incide en su análisis en que, desde hace algo más de un año, las autoridades han abierto la puerta a operaciones aéreas con helicópteros y drones categorizadas como "asesinatos selectivos" y que, a ojos de la organización, "no respetan los derechos humanos". Los expertos acusan a las fuerzas de seguridad oficiales y a los grupos que colaboran con ellas de ejercer un uso indiscriminado de la fuerza, primero por tierra y ahora desde el aire.
Una investigación de la ONG Human Rights Watch (HRW) ha constatado 141 operaciones con drones en algo más de diez meses y eleva a 1.243 la cifra provisional de fallecidos, entre ellos al menos 43 adultos y 17 niños que nada tienen que ver con los grupos criminales. Los datos recabados por la organización de "múltiples fuentes" también muestran que los ataques con drones hirieron a 738 personas, de las cuales al menos 49 no serían miembros de bandas.
Los drones kamikaze, el último recurso
El asesinato en julio de 2021 del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise, terminó de empujar al empobrecido país caribeño al desgobierno. Líderes locales han intentado constituir una suerte de gobierno interino hasta unas nuevas elecciones y la comunidad internacional ha buscado fórmulas para intentar paliar el vacío, principalmente en el ámbito de la seguridad, sin éxito en lo que a estabilidad se refiere.
Miembros de la Policía de Haití custodian las calles de Puerto Príncipe EFE/ Mentor David Lorens
En marzo de 2025, el país se asomaba de nuevo al abismo, con una coalición de pandillas amenazando con tumbar de nuevo al Gobierno de transición y con hacerse con el "control total" de Puerto Príncipe, por lo que el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, estableció una nueva fuerza que mezclaba a personal local con efectivos de una empresa extranjera especializada en temas de seguridad, Vectus Global.
Llegaban de la mano de "un nuevo elemento", los "drones kamikaze", explica el analista de International Crisis Group Diego da Rin, especialista en Haití, en declaraciones a RTVE Noticias. "Se veía el uso de los drones explosivos como el último recurso frente a las pandillas", una herramienta con la que poder atacar a los pandilleros dentro de sus propios bastiones, "de muy difícil acceso", añade Da Rin.
¿A qué precio? Los drones pusieron a las bandas a la defensiva, contribuyeron a "infundir terror a sus filas", admite el analista, pero "también han atemorizado a los casi tres millones de personas que viven en zonas controladas por estos grupos". Su efectividad en términos de seguridad también es "limitada", en la medida en que estos ataques no se han traducido en la recuperación efectiva de territorio.
Pánico durante un reparto de regalos
El 20 de septiembre de 2025 es uno de los días marcados en rojo dentro de esta crónica negra. Ese día, un dron armado con un dispositivo explosivo estalló cerca de un complejo del barrio de Simon Pelé, en Puerto Príncipe, donde se habían reunido decenas de civiles para la distribución de regalos por parte de un grupo criminal. Murieron diez personas, incluidos nueve niños de entre tres y 12 años, según HRW. La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) también confirmó que ese día atendió a 17 víctimas en su clínica de Drouillard, entre ellos varios de los menores fallecidos.
“Era un caos, había personas mutiladas, ruidos por todas partes. Estaba lleno de niños y niñas“
Una mujer que perdió a su hija de tres años y a su esposo, un artesano que trabajaba al aire libre en el lugar de la explosión, cuenta a HRW que, tras la explosión, "cundió el pánico". Como ella, muchos vecinos de la zona se apresuraron a ver qué había pasado, lo que les llevó a ver escenas de pesadilla en las que muchos intentaban averiguar si sus seres queridos seguían con vida o habían fallecido.
“Era un caos, había personas mutiladas, ruidos por todas partes. Estaba lleno de niños y niñas. Muchas personas habían muerto”, explica otra madre que perdió a su hija de seis años. Muchos padres habían dejado a sus hijos jugando en el lugar de la distribución de los regalos, creyendo que estaban seguros. Después, todo cambió: la gente empezó a mantener a sus hijos cerca cuando veían los drones por miedo a ese fatídico 20 de septiembre.
Mercenarios llegados de EE.UU.
Vectus Global, la firma estadounidense desplegada sobre el terreno, pertenece al empresario Erik Prince, fundador de la firma de seguridad Blackwater, implicada a su vez en violaciones de los derechos humanos en el marco de su despliegue en Irak. Ni la citada empresa ni la oficina de Prince han respondido a las peticiones de RTVE Noticias para detallar su grado de implicación en las operaciones con drones en Haití ni los posibles abusos que se estarían cometiendo sobre el terreno.
La Administración de Donald Trump, por su parte, se ha limitado a decir que no "comenta" ni "confirma" acuerdos "específicos" referentes a seguridad y, por tanto, "no tiene nada que añadir en relación a Vectus Global", según fuentes del Departamento de Estado que se limitan a marcar como "prioridad" la "estabilidad" del país caribeño. Asimismo, estas fuentes esgrimen que la fuerza creada ex profeso para combatir las bandas respetará de manera "estricta" los derechos humanos.
Y si se estuvieran cometiendo violaciones, el Gobierno haitiano tampoco parece interesado en depurar responsabilidades. "No parece que las autoridades judiciales hayan abierto ninguna investigación para determinar la legalidad de las operaciones (con drones) y las circunstancias en las que se produjeron los asesinatos", lamenta la ONU en su informe, donde incide además en la necesidad de establecer un mecanismo de rendición de cuentas que permita a las víctimas recibir algún tipo de reparación y, en definitiva, "justicia".
La ONU dio luz verde en 2025 a la denominada Fuerza de Represión de las Pandillas, heredera de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) dirigida por Kenia y que, según Diego da Rin, dispondrá de "mayor financiación, más fuerzas y un mandato más robusto" que su predecesora. En total, unos 5.500 efectivos están llamados a colaborar con las fuerza de seguridad locales, según consta en un mandato que alude a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y que deja fuera a los mercenarios de Vectus Global.
Impunidad total en medio del caos político
“Restablecer la seguridad en Haití es esencial”, apunta la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, pero no a costa de sumar "una nueva capa de abusos a la violencia que ha devastado a las comunidades haitianas durante años”. Por ello, pide a las autoridades que "controlen urgentemente" a la fuerza que opera con drones y a los contratistas privados "antes de que mueran más niños".
En este sentido, Diego Da Rin también denuncia la "falta total de transparencia" sobre aspectos clave de la nueva fuerza como su composición o sus objetivos, así como que las autoridades no hayan establecido un sistema de reglas de enfrentamiento "más estrictas" para determinar con precisión en qué circunstancias está autorizado el uso de la fuerza letal como la de los drones. Este caos hace que las organizaciones humanitarias no sepan a qué atenerse, que sus trabajadores teman convertirse en víctimas colaterales de los ataques.
El personal humanitario no se siente a salvo, como tampoco lo están los niños. Ni siquiera acertar en un ataque contra las bandas garantiza que no mueran menores, ya que la ONU estima que aproximadamente la mitad de los miembros de estos grupos no llega a los 18 años. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recuerda que el reclutamiento por parte de grupos armados ha aumentado significativamente, ya que los niños y niñas, a menudo separados de sus cuidadores o sin apenas recursos, sufren "mayores riesgos de coerción, manipulación o decisiones motivadas por las supervivencia".
“Durante demasiado tiempo, los niños y niñas en Haití han quedado atrapados en el centro de un ciclo implacable de violencia. Son asesinados mientras juegan en sus barrios, obligados a abandonar sus hogares, expulsados de la escuela y, en algunos casos, arrastrados hacia grupos armados. Hoy están soportando la carga más pesada de esta crisis", recuerd Antoine Ghazaly, especialista en protección de la infancia de UNICEF Haití, a RTVE Noticias.
La agencia está "profundamente preocupada" por el hecho de que la infancia quede expuesta no sólo a la violencia de los grupos armados "sino también durante operaciones de seguridad llevadas a cabo en zonas densamente pobladas". En todas las circunstancias, advierte, "la protección de la población civil debe ser una prioridad absoluta", por lo que emplaza a "todas las partes", también al Gobierno, a adoptar "todas las precauciones posibles para proteger a la población, especialmente a las personas vulnerables".
La salud mental se tambalea
Vivir al límite conlleva una carga a veces inasumible en materia de salud mental. La coordinadora general de MSF en Haití, Daniela Manilla Arroyo, confirma que los equipos de la ONG han detectado señales de angustia psicológica, trastornos de estrés postraumático o un "estado de hipervigilancia" que lleva a la población "a estar siempre alerta, a actuar en todo momento pensando que el peligro es permanente". La ansiedad crónica implica que muchos "no tienen esperanza en el mañana y ven su futuro de color negro".
En este tipo de contextos surgen mecanismos de supervivencia en el ámbito psicológico, como pueden ser "una especie de resignación ante la vida que les lleva a asumir que lo que sucede algo normal". Manilla Arroyo asegura que otros optan por vivir "desconectados de la realidad y sin ser verdaderamente conscientes de los peligros que corren", pese a que éstos son palpables e implican la pérdida de seres queridos o bienes.
La responsable de MSF afirma que hay mujeres que han llegado a "banalizar" los abusos sexuales, bien sea normalizándolos o para adaptarse a una realidad de la que sienten que no pueden escapar. "Una mujer nos contó que se ve obligada a atravesar una zona muy peligrosa para ir a trabajar todos los días y mantener a sus hijos a pesar de que ya ha sufrido varias violaciones en ese mismo trayecto", lamenta.
