Susana Camarero niega que hubiese "víctimas de la teleasistencia" en la dana y defiende la labor de la Generalitat
- La comisión de las Corts reanuda su actividad tras más de dos meses de parón con tres comparecencias
- Sigue en directo las comparecencias en Les Corts valencianas
La comisión de investigación abierta en el Parlamento de la Comunidad Valenciana sobre la gestión de la dana que asoló a distintas localidades el 29 de octubre de 2024 ha retomado este martes las comparecencias con el testimonio de la vicepresidenta primera del Consell Susana Camarero, que ha abierto una sesión a la que también estaban citados los consellers Vicente Martínez Mus y Miguel Barrachina.
Camarero, que ha insistido en que la Generalitat hizo todo lo que pudo durante esa fatídica jornada, ha defendido que desde primera hora ella misma estuvo pendiente de la evolución de la situación en centros asistenciales, como responsable de la cartera de Servicios Sociales, y ha negado por tanto un “abandono” de las residencias. En este sentido, ha alegado que nunca dejó de estar “conectada”, ni siquiera durante un acto celebrado ya de tarde y que formaba parte de su agenda oficial. “Los mensajes así lo acreditan”, ha apostillado.
Asimismo, ha descartado que se produjesen “víctimas de la teleasistencia”. “Tratar de vincular este servicio con sus muertes es injusto”, ha esgrimido Camarero, que ha asegurado que el sistema recibió seis llamadas de personas con teleasistencia durante la tragedia y todas se respondieron: “Ningún usuario que apretó el botón se quedó sin ser atendido”.
Respondía de esta manera al portavoz socialista, José Muñoz, que ha reclamado la dimisión de la vicepresidenta entre otras cosas como presunta responsable del fallecimiento de 37 personas con teleasistencia. Camarero ha acusado a la oposición de difundir "bulos" sobre este tema y de lanzar una "cacería política" y ha insistido en que la Generalitat tomó en todo momento las decisiones en virtud de la información de la que disponía.
Acusaciones contra la CHJ
Tanto ella como Barrachina han acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de ocultar información que habría sido clave para conocer, por ejemplo, la situación en el barranco del Poyo. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha señalado al responsable de "la confederación hidrográfica de Pedro Sánchez", Miguel Polo, y a la delegada del Gobierno central, de no entregar al CECOPI todos los datos de los que disponían el día de la dana y que habrían permitido conocer el desbordamiento de zonas clave.
Se reaccionaba en función "de la información de la que se disponía en cada momento", ha señalado en su turno Martínez Mus, vicepresidente tercero y responsable de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. "Es algo tan obvio que intentar tergiversarlo tiene su mérito", ha dicho.
Martínez Mus ha aprovechado además para reivindicar los esfuerzos oficiales emprendidos tras la dana para examinar las áreas dañadas y reconstruirlas cuanto antes, mientras que por parte de la CHJ la ejecución de las obras comprometidas "continúa siendo del 2%".
Dos meses después
El órgano, que está presidido por Vox y tiene una mayoría del PP, ha retomado de esta forma su actividad después de más de dos meses. La anterior sesión se celebró a finales del mes de febrero, cuando acudieron a declarar representantes de las asociaciones de víctimas y damnificados por una tragedia que dejó un total de 230 víctimas mortales. Estas asociaciones han vuelto a concentrarse ante Les Corts este martes coincidiendo con el arranque de las comparecencias, para pedir entre otras cosas la retirada del acta de diputado a Mazón.
La gestión política de la tragedia también es objeto de examen en otra comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y en el ámbito judicial, a través de un juzgado de Catarroja, una de las localidades más afectadas por la dana. El expresident de la Generalitat Carlos Mazón no será investigado judicialmente por su actuación, tal como confirmó el lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El juzgado de Catarroja, no obstante, ha dado este martes cinco días de plazo para que Mazón aporte voluntariamente su listado de llamadas y mensajes el día de la tragedia, además de las facturas correspondientes a los listados de llamadas.
