La Aemet alertó de posibilidad de “daños muy graves o catastróficos en personas y bienes” el día de la dana
- El jefe de climatología de la Aemet defiende en la comisión del Congreso que la Generalitat tenía información "suficiente"
- Un excargo de la Generalitat evita aclarar por qué los vídeos del Cecopi no se enviaron antes al juzgado
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Posibilidad de “daños muy graves o catastróficos en personas y bienes”. A las 07.00 del 29 de octubre de 2024, el aviso que lanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana alertó de la “excepcionalidad” de la dana que sacudió la provincia de Valencia ese mismo día provocando 230 muertos y de sus posibles consecuencias, según ha defendido el jefe de climatología del organismo en la región, José Ángel Núñez, en la comisión de investigación sobre la fatal riada en el Congreso de los Diputados.
La sesión, que ha registrado momentos muy broncos y que ha terminado con la expulsión del diputado César Sánchez, del PP, continuará esta tarde con la declaración del exgerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (Sgise), Raúl Quílez.
Núñez ha defendido el trabajo realizado por la Aemet ante la teoría del “apagón informativo”, la estrategia que siguió el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y que apunta a que el motivo por el que no se envió una alerta a la población con mayor antelación fue porque ni la Agencia de Meteorología ni la Confederación Hidrográfica del Júcar ofrecieron datos precisos sobre lo que estaba sucediendo. En este argumento han insistido tanto el PP como Vox, que consideran que el trabajo de ambos organismos, dependientes de la Administración central, fue deficiente.
El jefe de climatología ha señalado que los avisos de la Aemet recogían los datos necesarios para saber que las lluvias que se estaban registrando en el interior de la provincia no eran normales y que estas podían llevar aparejadas riadas, como finalmente acabó sucediendo. Para Núñez, el problema de fondo fue que la Generalitat no actuó de forma preventiva, sino “reactiva”.
“Gestionar cuando el agua está en el cauce es como intentar curar un cáncer cuando hay metástasis”, ha defendido. “Hay que tomar medidas antes de que empiece a llover. Los tiempos de gestión en los barrancos son muy pequeños y no puedes esperar a tomar una decisión cuando el agua ya está en el barranco”, ha incidido.
Núñez ha defendido que la información disponible era “suficiente” y que si la Generalitat, a su juicio, actuó tarde no fue por una cuestión de “ideología”. El jefe de Climatología ha precisado que en otras emergencias y con otros presidentes del PP, como Francisco Camps o Alberto Fabra, la gestión siempre fue preventiva.
El jefe de climatología, como ya relató ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal, ha señalado que “faltó liderazgo” en la reunión del Cecopi, además de precisar que él intervino siete veces y en todas trasladó la información que tenía en su mano. Núñez ha insistido en varias ocasiones en que la Aemet ofreció todos los datos disponibles y ha recordado que otros organismos públicos como la Universidad de Valencia, que suspendió las clases, sí que supieron entender la gravedad de la situación.
“El alcalde de Utiel, del PP, suspendió los colegios”, ha remarcado para luego rescatar uno de los relatos que recoge el libro Lágrimas de barro, el de la directora de una escuela infantil que, tras ver las informaciones que transmitían los medios de comunicación, decidió cerrar el centro a mediodía. “Llamó a los padres y muchos no lo comprendían porque [en la Huerta sur] no estaba lloviendo. Pero fue inflexible. En la tarde del 29 de octubre, la riada pasó por encima de la guardería. Ana supo interpretar la información que tenía, pero el Govern de los mejores no supo hacerlo”, ha censurado.
“Portavoz del sanchismo”
Núñez y César Sánchez, el diputado del PP encargado de preguntarle, han protagonizado varios momentos broncos y tensos. El parlamentario ha cuestionado las respuestas dadas por el jefe de climatología, además de acusarle de mentir en varias ocasiones. “No se convierta en portavoz del sanchismo”, le ha espetado Sánchez, cuando Núñez intentaba responder a una de las preguntas planteadas por el diputado en relación al papel de la Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los datos de caudal en el barranco del Poyo.
La presidenta de la comisión, que ha afeado al popular intentar “manipular” la intervención del jefe de climatología, ha acabado por expulsar al diputado, que previamente se había quejado de un uso “sectario” del reglamento de la Cámara.
“No puede falsear lo que dijo e hizo. Es el primer técnico que cuestiona que las infraestructuras pueden salvar vidas y es de una tremenda gravedad. Sabe que hubo siete horas de vacío informativo, desde las 09.00 y hasta las 18.00, sin actualizar. Además, lo más grave de todo, 36 minutos antes del Cecopi se seguía con el argumento de que el aviso rojo acababa a las 18.00”, había reprochado el parlamentario del PP minutos antes al jefe de climatología de la Aemet.
“Hay vigilancia las 24 horas. El seguimiento es continuo. Dice que estuvo siete horas sin actualizar, pero era el máximo aviso. No hay aviso negro”, ha defendido Núñez, en referencia a que no había actualización posibles durante la vigencia, que luego se prolongó, del aviso.
Quílez evita aclarar por qué los vídeos del Cecopi no se mandaron antes al juzgado
Tras Núñez, esta tarde declara el exgerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (Sgise), Raúl Quílez. Es otra de las personas que ha comparecido ante la jueza de Catarroja. En su declaración en el juzgado, Quílez señaló que Pradas dudó sobre el envío del mensaje y precisó que la decisión final sobre la alerta no se tomó en el Cecopi.
El exgerente de Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, Raúl Quílez Moraga, en el Congreso de los Diputados Carlos Lujan Carlos Luján / Europa Press
Quílez reconoció ante la jueza de Catarroja que retuvo durante meses los vídeos de la reunión del Cecopi en los que se veía a Pradas dando instrucciones y asumiendo el mando. Alegó que los vídeos los custodiaba una empresa externa y que no era consciente de su existencia. En su declaración, realizada la pasada semana, admitió que accedió a dicha documentación en febrero y no la entregó hasta octubre, aunque negó que tuviese interés de ocultar nada.
A Quílez le han realizado múltiples preguntas sobre el día de la dana y estas grabaciones. Por ejemplo, le han consultado cómo y cuándo conoció que existían y a quién informó de ello. "Me remito a lo que dije en el juzgado de Catarroja", ha contestado a gran parte de las consultas que le han realizado.
Pese al empeño de los miembros de la comisión de investigación del Congreso en obtener explicaciones, Quílez ha evitado dar ningún detalle de por qué esas imágenes tardaron casi un año en llegar a la jueza.
Quílez asegura que su dimisión no tuvo que ver con la dana
También le han preguntado si le han ofrecido dinero por "callar". “La pregunta ofende”, ha respondido. Además, ha asegurado que nadie le puso entre las cuerdas para presentar su dimisión. “No tiene nada que ver mi dimisión ni con la dana ni con mis declaraciones en el juzgado de Catarroja”, ha afirmado.
En todo momento, Quílez ha negado tener un "papel operativo", pues únicamente era el gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias y no formaba parte de la estructura del Cecopi. "Nunca me dijeron cuál era mi rol allí", ha afirmado.
La dana, según ha comentado, le cambió la vida “para mal”: “Hay cosas que no debo comentar porque son temas personales, pero me afectó mucho y para mal. Nunca tanto como a las víctimas y familiares, pero me afectó mucho”.
