Excarcelados 24 narcotraficantes acusados de introducir en Europa casi 60 toneladas de cocaína

• En aplicación de una sentencia del TC que considera que al encontrarse secreta la causa no tuvieron suficiente información
• La operación Sombra Negra desarticuló el mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar

La Operación Sombra Negra supuso la desarticulación de la organización que dominaba el tráfico de drogas con narcolanchas en el Atlántico. Ministerio del Interior (interior.gob.es)

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha tenido que poner en libertad con medidas cautelares a 24 investigados por narcotráfico que fueron detenidos en el marco de la operación Sombra Negra contra una red que habría introducido 57 toneladas de cocaína en Europa. La decisión se ha producido en aplicación de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que considera que sus defensas no tuvieron suficiente información para impugnar la prisión al encontrarse la causa secreta.

En la operación se produjeron 105 detenciones en dos fases: la primera culminó el pasado julio en Canarias y la segunda en Andalucía en noviembre. La jueza ha tomado esta decisión después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara hace semanas excarcelar a otro de los imputados en la causa al considerar vulnerado su derecho de defensa por no haberle informado del "contenido de los indicios" que le llevaron a prisión provisional.

Para adoptar su decisión, la Sala tuvo en cuenta la doctrina del TC establecida desde 2017 a través de diferentes sentencias, y reforzada el pasado mes de febrero en una resolución, que estableció que, en una causa secreta, el juez debe "concretar" no solo el listado de fuentes de prueba contra el investigado, sino también "los datos que permitan la identificación de dicha fuente".

La Sala Primera del Constitucional amparó por unanimidad de sus seis miembros al ciudadano implicado en una operación de droga al entender que los tribunales dan demasiada poca información en el caso de los secretos de sumario para el envío a prisión, se limitan a explicar brevemente los hechos y los delitos que se les imputan, y en este caso concreto sobre una prueba clave que eran las grabaciones.

En su sentencia, el Constitucional constató que algunos tribunales habían interpretado erróneamente su doctrina, al entender que sólo debían informar al investigado del "tipo o clase de prueba de manera genérica, pero no su contenido efectivo".

Algo similar ocurrió en la investigación de este caso de narcotráfico: la Sala concluyó que la jueza informó a uno de los imputados de su "participación concreta", pero "no el contenido de los indicios" que motivaron su entrada en prisión. En concreto, no detalló el resultado de las vigilancias policiales, no proporcionó un resumen de la transcripción de los pinchazos telefónicos o detalles como con quién habló y cuándo en dichas conversaciones.

Antidroga, preocupada por las excarcelaciones

La Fiscalía Antidroga trabaja para paliar los efectos de la sentencia del Constitucional, según han asegurado fuentes a RNE, aunque admiten que es difícil revertirlos. El problema, según aseguran, más allá de la puesta en libertad de estas 24 personas es cómo seguir investigando después de la entrada en prisión porque generalmente en la lucha contra el narcotráfico las operaciones son complejas y no suelen resolverse en una primera fase.

Fuentes consultadas por EFE ven estas excarcelaciones con mucha preocupación y claman por una reforma legal que permita perseguir a este tipo de organizaciones criminales, de gran envergadura, con herramientas propias de la lucha contra el crimen organizado, como refleja la última hoja de ruta propuesta por la Comisión Europea.

Discrepan de la puesta en libertad de estos investigados, al considerar que sus defensas sí contaban con los datos necesarios para no mermar su derecho a defensa en una causa que está bajo secreto de sumario y que debe tener reservas por el buen futuro de la investigación. Sienten además una profunda desolación por el lugar donde deja a los investigadores la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional a la hora de combatir el crimen organizado, en el que el secreto sumarial es esencial.

Golpe a la logística del narco en el Atlántico

La operación Sombra Negra supuso el desmantelamiento de una organización logística de apoyo al narcotráfico, con 105 detenidos en dos fases: la primera culminó en julio del año pasado en Canarias y la segunda finalizó en Andalucía en noviembre después de más de un año de investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

El operativo, que supuso un ataque al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, derivó en la intervención de 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos 'hexacópteros' o megadrones, más de 800.000 euros y más de 150 móviles.

Según la investigación, el presunto líder de la organización, alias El Tapi, residiría en Dubai y se encargaría de la financiación de las partidas de droga que llegan a España. Su mano derecha, Hassan M.M., operaría desde Cádiz y se encargaría de dirigir y transmitir sus instrucciones, de acuerdo a documentación a la que ha tenido acceso EFE.

Otra persona identificada como "Escorpión" manejaba presuntamente desde Marruecos embarcaciones de alta velocidad cargadas de droga y daba las directrices sobre el lugar de entrega. Tendría el control de las narcolanchas que han transportado toneladas de cocaína hasta Canarias y la Península.

En el mismo escalón estarían los coordinadores, encargados de garantizar la entrada por las desembocaduras de los ríos, sobre todo el Guadalquivir, y dar provisiones a las embarcaciones que vienen desde mitad del Atlántico.

Después estarían los responsables del transporte de la droga y el personal en tierra que responde a órdenes de los coordinadores, y por debajo, las personas que, sin acceder directamente a la droga, se encargarían de alertar de la presencia policial o de dar salida a los beneficios del narcotráfico.